En Chile la ley 20609 condena la discriminación, ya sea en virtud de la raza, la etnia o la identidad de género, sin embargo esta ley no ha sido ampliamente aplicada o presentada como argumento y menos aún, ha resultado satisfacer la necesidad de justicia de las víctimas. En el caso del pueblo Mapuche la discriminación y el racismo se han evidenciado de forma recurrente ya sea a nivel estructural, a través del sistema judicial o económico, entre otros y a nivel simbólico, a través de actos cotidianos y discursos de odio. En el pasado, a pesar de haberse comprobado la incurrencia en el racismo, estos actos no han recibido una sanción pertinente, o si quiera se les ha identificado como tal. Esta situación podría estar a punto de cambiar ya que una diputada del estado chileno, Gloria Naveillan, acusada de levantar calumnias graves en contra de un Werken Mapuche, Adán Huentecol, podría estar ad portas de perder su fuero parlamentario, haciendo factible la posibilidad de que se le juzgue por los cargos estipulados.
El pueblo Mapuche es un pueblo originario que habita al sur de lo que hoy se conoce como Chile y Argentina. Desde la formación de estos estados, la ocupación del territorio Mapuche a ambos lados de la cordillera ha sido una excusa para implementar políticas que buscan su exterminio físico, cultural y espiritual. Invisibilizar, desaparecer el idioma, negar la autonomía, encarcelar y asesinar han sido solo algunas de las estrategias genocidas usadas. Una de las más frecuentes y explícitas ha sido la usurpación de sus tierras, elemento que entrelaza su cosmovisión y su vida cotidiana. En lucha por la restitución de territorios muchas comunidades Mapuche han recurrido a la recuperación de estos, lo que ha sido fuertemente condenado y reprimido.
En las áreas de fuerte reivindicación territorial y organización de comunidades Mapuche, el contraataque de latifundistas chilenos o extranjeros que no quieren perder el privilegio de sus tierras ocupadas se hace latente tomando diferentes formas. Organizaciones como la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, APRA, quien dice convocar a víctimas de violencia Mapuche, en realidad causan violencia en contra del pueblo mapuche, interviniendo los procesos de libre determinación a costa de la desarticulación de las comunidades, haciendo llamados a la violencia e incluso haciéndose parte de montajes o noticias falsas para difundir su discurso racista.
Una de las dirigentes de dicha organización, Gloria Naivellan, ex militante del Partido Republicano y hoy diputada por la Araucanía está siendo acusada por “injurias y calumnias graves” por el Werken (autoridad Mapuche) Adan Huentecol y su abogada defensora Isabel Figueroa. La Diputada, antes de ejercer ese cargo acusó públicamente al Werken de haber hecho amenazas en contra del empresario forestal Gerardo Cerda y de ser responsable por la quema de maquinaria en su predio. En sus declaraciones ella también instó a que a la autoridad Mapuche se le persiguiera. Después de ser acusada por el delito antes mencionado, ella, apeló a su fuero parlamentario para que se desestimara la acusación en su contra,a pesar de que los hechos ocurrieran antes de ser elegida para su puesto en la cámara. El recurso presentado por la defensa de Naivillan no fue aceptado por juzgado correspondiente.
El historial de acciones racistas de la señora Naivillan no se remonta solo a esta acusación falsa contra el Werken Huentecol, sino que a otras acciones. Uno de los eventos significativos que la involucran directamente ocurrió la madrugada del 1 y 2 de agosto del 2019, cuando a las sedes municipales de Curacautín, Lonquimay, Victoria, Traiguén, Galvarino y Collipulli, en la región de la Araucanía (zona con gran población Mapuche) fueron convocados ciudadanos anti-Mapuche para desalojar con palos y otros objetos contundentes a miembros de comunidades que se encontraban “en toma” de las dependencias en apoyo a los presos políticos que llevaban 3 meses de huelga de hambre. Las protestas pacíficas fueron violentamente desalojadas por policías, militares y civiles que respondieron al llamado de la dirigente de la APRA.
El Werken Rodrigo Curipan dijo para radio Kurruf que este tipo de difamaciones de personeros del estado o miembros de la clase política chilena, no son algo nuevo en relación al pueblo Mapuche, sino que más bien una práctica cotidiana que se viene presentando desde el principio de la invasión a sus territorios. El Werken Curipan indicó: “Si hacemos historia, muchas otras figuras políticas han hecho carrera a partir de los hechos controversiales en la zona mapuche…se usa la calumnia o el abanderarse de supuestas víctimas para hacer pensar que los y las mapuche somos un problema para la institucionalidad chilena” El Werkén Huentecol añadió que estas acciones sólo buscan frenar el proceso de recuperación territorial y autonomía de las comunidades Mapuche. Sobre la diputada Naivillan, ambos concordaron en que personas como ella han hecho su carrera a través de acusaciones sin sustento que causan odio hacia el pueblo Mapuche.
La situación en la que el Werken Adan Huentecol fue puesto por Naveillan pudo tener fatales consecuencias, si es que en virtud de estas declaraciones él hubiera sido perseguido por civiles simpatizantes de la causa anti-mapuche. Sin ir más lejos el Werken Curipan contó también a radio Kurruf que en este caso“ hubo persecución política y penal en su contra (Huentecol)” y que su vida personal, familiar y comunitaria se vio fuertemente afectada.
Chile es uno los países firmantes del Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, la cual condena “las prácticas de segregación y discriminación” prohíbe el racismo y la discriminación y el fomento de estos y asegura que los estados firmantes se comprometen a “no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas o grupos de personas”. El estado debe velar porque sus ciudadanos y especialmente representantes gubernamentales no incurran en violaciones a lo estipulado por esta convención. El caso de discurso de odio ocurrido en el año 2019 no tuvo consecuencias legales para quienes lo promovieron. Es de esperar que en el caso de las injurias y calumnias en contra de la autoridad Mapuche Adan Huentecol se logre demostrar que actos y montajes fascistas no pasarán desapercibidos en el país, que por el contrario, estos encontraran justicia y reparación. Juzgar a la hoy diputada Naveillan sería un paso para demostrar voluntad política en contra del racismo y mínimamente, una muestra de que el estado chileno respeta sus propias leyes.
