Hasta hace muy poco tiempo, Héctor Llaitul, el líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), gozaba de un inmenso prestigio en todo el mundo de la izquierda y de la centro izquierda chilena. Se estimaba ampliamente que su lucha era justa al proponerse exigir del Estado la devolución de las tierras confiscadas (más de 300 mil ha), como el reconocimiento de su identidad como nación y cultura.
Sin embargo, para la derecha y los poderosos empresarios de la macro zona sur del país siempre se trató de un extremista y hasta terrorista empeñado en afectar las propiedades industriales y madereras que operan en toda la Araucanía, esto es en los territorios que se le reconocieron como propios con la Independencia del país, hasta que los gobiernos chilenos que sucedieron al del Libertador Bernardo O´Higgins impulsaron su desalojo e instalación de migrantes europeos e inversionistas acogidos por el país. Haciendo caso omiso de la propiedad ancestral que hoy no solo la CAM clama por su devolución sino el conjunto de las otras etnias y buena parte de la población chilena. No es casualidad que uno de las familias más ricas del país, como es la heredera del magnate Anacleto Angelini, sea la dueña de la Celulosa Arauco cuya empresa se enseñorea en la zona y le ayuda a incrementar su fortuna de más de 3 mil 500 millones de dólares.
La palabra de Llaitul y su épica lucha han merecido reconocimiento y asistencia internacional y los últimos gobiernos del país han comprometido una paulatina, aunque desganada, devolución de sus territorios, así como se han dado pasos en el reconocimiento de su condición, lengua, bandera y otros emblemas. Sumado el testimonio de múltiples historiadores que han consignado que la lucha mapuche contra el imperio español fue decisiva para el establecimiento de nuestra república. No está demás decir que gracias a las armas empuñadas por tantos patriotas fue posible nuestra Emancipación y que después los guerrilleros de entonces fueran reconocidos como héroes de la Patria.
En un giro de 180 grados, expresiones políticas que aplaudían el levantamiento mapuche una vez instalados en el Gobierno francamente se sumaron a la intención del Presidente Sebastián Piñera por militarizar la Araucanía, mediante sucesivos estados de emergencia y el envío a la zona de fuertes contingentes policiales y militares. En una decisión que solo ha venido a legitimar la rebeldía de Llaitul y de sus organizaciones, instándolos a realizar tomas de predios, sabotaje a diversas empresas como a “recuperar” la madera comercializada por estas poderosas compañías. “Cada árbol de la zona es de nuestra propiedad” dicen con razón los diversos longos y combatientes de una nación que nunca se ha doblegado ante la opresión que sistemáticamente se le ha ejercido durante cinco siglos.
Sorprende entonces que el gobierno de los múltiples referentes del Frente Amplio, comunistas y diversas otras expresiones que formaron parte de la Concertación y de la Nueva Mayoría se empeñen ahora en recurrir a la Ley de Seguridad del Estado, propiciando querellas criminales para neutralizar lo que es, sin duda, un severo conflicto que tiene origen en el despojo y el atraso en que viven los mapuches reconocidos años atrás por los obispos chilenos como “los más pobres entre los pobres chilenos”.
En virtud de lo anterior es que el propio Llaitul ha sido encarcelado y formalizado nuevamente por los más diversos cargos, además el de fomentar la lucha armada y atentar contra las autoridades. No olvidemos que también hasta hace solo algunas semanas, voceros de la izquierda política prometieron renunciar a la aplicación de estas leyes represivas, apostando como dijeron al diálogo con las comunidades y dirigentes de esta etnia.
Quizás en cándida consecuencia de esto es que una estrecha colaboradora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, realizó en su nombre contactos telefónicos para alentar un proceso de diálogo con el líder de la CAM, comunicación que fuera infiltrada por la Policía de Investigaciones y revelada a La Moneda. Lo que veloz e insólitamente llevara al Presidente Boric a destituir de su cargo a esta secretaria de Estado, accediendo a la petición, o exigencia, que en este sentido le hiciera la UDI, una de las colectividades de la derecha más extrema. Aunque muchos dudan realmente que la iniciativa de la Ministra no fuera alentada por sus superiores, lo evidente es que con esta destitución los actuales moradores del Poder Ejecutivo están desahuciando realmente al diálogo y optado por el camino de apertrechar a las FF. AA y las policías para emprender una segunda Pacificación de la Araucanía. Recordemos, de paso, que recién la misma Ministra reconoció en una entrevista que en Chile había presos políticos mapuches, en palabras que después tuvo que desistirse o fuera conminada a ello.
Queda más que claro que con Llaitul en la cárcel se hará muy difícil lograr que los ánimos en la Araucanía se apacigüen y que este gobierno pueda conseguir el propósito hasta ayer prometido de lograr la paz con el pueblo mapuche con el reconocimiento pleno de sus derechos conculcados y su justa reparación. Desgraciadamente, queda consignada la enorme influencia que mantienen los sectores más retardatarios y racistas del país ante La Moneda y los medios de comunicación masivos. Protagonizados, como consta, por una suerte de animadores televisivos que más bien ofician de locutores comerciales y caja de resonancia de los intereses que los poderosos consorcios que los financian, antes que desempeñarse como periodistas libres, independientes y satisfactoriamente informados.
Para ser justos, hay que reconocer que la destitución de la Ministra y aquella majadera insistencia oficial de que “nadie está por sobre la Ley” para impugnar el justo malestar y levantamiento mapuche, no es visto por buenos ojos por parte del propio gobierno y sus partidos y movimientos asociados. Por lo que ya se augura que puedan sucederse rupturas al interior de la coalición de gobierno por su melifluo asentimiento con lo demandado por los opositores.
Además de los pronósticos electorales que señalan las encuestas, también se consigna que el liderazgo de Boric y de su más cercano círculo de colaboradores ha ido perdiendo credibilidad por sus reiteradas inconsistencias ideológicas, como por la incertidumbre que aumenta respecto de que el Ejecutivo realmente se proponga realizar las profundas reformas económico sociales prometidas. Tanto es así que antes de los resultados del próximo Plebiscito, la Moneda ya viene propiciando acuerdos amplios que lleven a enmendar el texto constitucional en caso de que éste llegara a aprobarse. De nuevo la tan recurrida unidad nacional pudiera servir para que sigan postergándose las reformas que el pueblo ha demandado largamente en las calles y pueblos.
Lo que se comprueba todos los días es que por sobre la ley, pero especialmente por encima de la justicia y la palabra empeñada, siguen gobernando los mismos y oscuros intereses. Lo que alienta que las tensiones del sur y del norte terminen abrazando todo el territorio con un nuevo estallido social. Ahora en demérito de los que antes lo propiciaron con tanto entusiasmo.
