La libertad de prensa en Zimbabue sufre un nuevo ataque con el arresto de dos periodistas del diario local NewsDay, bajo la acusación de transmitir «mensajes con datos falsos».
Los periodistas fueron detenidos el 3 de agosto con base en la polémica Ley de Derecho Penal, modificada por la Ley de Protección de Datos y Cibernética, que se convirtió en norma en diciembre del año pasado, a pesar de la enérgica oposición de los grupos de presión a favor de la libertad de prensa y de organizaciones de la sociedad civil.
La ley recibe especiales críticas por otorgar excesivos poderes a las autoridades policiales y al Ministerio de Información, permitiendo la vigilancia de las comunicaciones electrónicas privadas, lo que viola la Constitución de este país del sur de África.
Lo significativo de estas últimas detenciones de periodistas es que no se originan, como ha sido tradicionalmente en la represión de la libertad de prensa en el país, por acciones contra sus críticos de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (Zanu-PF).
La detención de los dos periodistas, junto con el abogado del periódico, se produjo por informar sobre una empresa privada que se cree que está dirigida por personas con conexiones políticas.
El reportero sénior Desmond Chingarande, autor del reportaje, y Wisdom Mdzungairi, redactor jefe del diario NewsDay, fueron acusados en virtud de un artículo de la Ley de Ciberprotección de Datos que, según los críticos, penaliza de manera muy general la comunicación o difusión de «mensajes de datos falsos».
Los dos tienen ahora la dudosa distinción de ser los primeros periodistas acusados en virtud de la polémica ley de ciberseguridad.
El Instituto de Medios de Comunicación de África Austral (Misa) no tardó en condenar las detenciones.
«Misa Zimbabue reitera su posición de siempre, según la cual los periodistas, en el ejercicio de sus funciones profesionales, ejercen sus derechos constitucionales, tal como se estipula en el artículo 61 de la Constitución, y tienen derecho a buscar, recibir y difundir información», declaró la organización de control de la libertad de prensa.
«Cualquier limitación a este derecho debe cumplir con la prueba del triplete, que exige legalidad, proporcionalidad y necesidad. También es nuestra posición que las sanciones penales a las noticias falsas son desproporcionadas y no son necesarias», añade el comunicado.
Estas preocupaciones se producen en el momento en que empeora el historial de Zimbabue como uno de los lugares donde el periodismo se considera una profesión más peligrosa.
«Sobre el papel, la detención de los periodistas ha sido instigada por empresarios privados. Pero la verdad es que acusar a los periodistas de alto nivel es siniestro», ha declarado Tawanda Majoni, periodista de investigación y coordinador nacional del Fondo de Información para el Desarrollo, una organización no gubernamental que apoya proyectos locales de periodismo de investigación.
«Representa una seria amenaza a la libertad de los medios de comunicación y de expresión, así como al acceso a la información de interés público, tal como se establece en las respectivas secciones de la Constitución de Zimbabue», dijo Majoni a IPS.
Lo que comenzó con la promesa de amplias reformas de apertura democrática tras el ascenso a la presidencia de Emmerson Mnangagwa, tras la destitución de Robert Mugabe (1987-2017), derivó en una escalada de la represión contra los críticos del gobierno, con los profesionales de los medios de comunicación como objetivo especial.
Políticos de la oposición y activistas de los derechos humanos se han encontrado con detenciones policiales, y los defensores de la libertad de prensa no se han librado, a pesar de los llamamientos de países como la Unión Europea y Estados Unidos, que han expresado su preocupación por lo que se considera detenciones arbitrarias.
El 9 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras constató que Zimbabue había seguido descendiendo en la clasificación de la libertad de prensa, pasando del puesto 130 en 2021 al 137 en 2022.
El país ha sido testigo de un aumento constante de las detenciones de periodistas, que no han dado lugar después a condenas de prisión, a pesar de los arrestos rutinarios y las semanas entre rejas en espera de juicio.
«Estas detenciones constituyen una tendencia preocupante, ya que se invocan disposiciones de derecho penal para criminalizar el periodismo», declaró Otto Saki, abogado zimbabuense especializado en derechos humanos.
«Estas disposiciones son claramente inconstitucionales y es probable que sean anuladas por el Tribunal Constitucional», dijo Saki a IPS.
Varios periodistas han sido detenidos en los últimos meses, y se teme que la represión contra los periodistas se intensifique a medida que se aproximen las cruciales elecciones presidenciales del año que viene, con la campaña electoral ya en pleno apogeo.
«Siempre se da el caso de que durante las contiendas por el poder, en vísperas de grandes acontecimientos políticos, vemos que los gobiernos invocan este tipo de leyes», señaló Saki.
A pesar de los numerosos recursos judiciales sobre la inconstitucionalidad de las detenciones de periodistas, el portavoz del gobierno, Ndavaningi Mangwana, ha reiterado que los periodistas no están por encima de la ley y «deben tener su día en los tribunales».
En cuanto a la detención de los dos periodistas del NewsDay, Majoni ha señalado que «los que instigaron la detención de los tres, claramente, tenían opciones más decentes que utilizar, y que, de forma reveladora, ignoraron, como sugerencia de los difíciles tiempos que se avecinan para los periodistas».
«Podrían haber recurrido simplemente a la Autoridad de Protección de Datos para que interviniera, y habrían recurrido al Consejo de Medios de Comunicación de Zimbabue o a la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue. Así que esto es como si se utilizara a algunas personas para probar la nueva ley», dijo a IPS.
Sin embargo, cuando ya se vive en un clima preelectoral en el país, los periodistas no son el único sector que está en el punto de mira del gobierno, ya que las organizaciones no gubernamentales (ONG) también están siendo amenazadas con una estricta vigilancia en virtud de la propuesta de Ley de Enmienda de las Organizaciones Voluntarias Privadas.
Si se aprueba, se exigirá a las organizaciones no gubernamentales que presenten al gobierno programas y cuentas que muestren el origen de su financiación, ya que las autoridades afirman que los fondos extranjeros se utilizan para socavar el partido en el poder.
El proyecto de ley ya ha sido criticado por su ambición de restringir la libertad de asociación en un momento en que las ONG están llevando a cabo programas de educación de los votantes de cara a las elecciones de 2023, mientras que millones de personas en el país necesitan ayuda alimentaria.
Por ahora, no está claro qué destino les espera a los periodistas del NewsDay, ya que se espera que comparezcan ante el tribunal cuando reciban una citación.
