El 19 de Octubre se produjo un hecho inédito en nuestra historia. El pueblo de Chile, cansado de tantas desigualdades e injusticias sociales, sale a las calles a expresar sus demandas y a exigir a una clase política indolente que se haga cargo de estos requerimientos. El estallido social abre la puerta para un cambio social colocando principios fundamentales ampliamente anhelados por la ciudadanía. Está acción desencadena el proceso para cambiar la Constitución del 80. Aquella Constitución fraguada entre pocos, en un Chile sumergido en graves violaciones a los derechos humanos, en los albores de una crisis económica, con nula participación ciudadana, un tejido social destruido y con una dictadura cívico militar que concentra el poder y que se encarga de instalar dicha carta magna y, por ende, el modelo neoliberal capitalista, a través de un proceso absolutamente poco transparente, sin información a la ciudadanía, en un clima hostil e inseguro, para los derechos de todas/os/es los chilenos. La constitución del 80 es la representación misma de la concentración del poder político, económico y social de unos pocos sobre una gran mayoría.

Milton Juica, juez emblemático en la defensa de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, hace alusión a esta diferencia de origen al señalar “viví la dictadura y viví cómo se implementó una Constitución mentirosa dónde se engañó al pueblo. Y dónde no estamos seguros si en 1980 se aprobó o no se aprobó, porque ese escrutinio fue totalmente falso. Así es que ¿Cómo voy a seguir manteniendo algo que desde el punto de vista moral uno ve que es fraudulento? Ese es el desencuentro que tengo. (…) Esta es la única Constitución que por lo menos tiene un grado de legitimidad. Todas las anteriores nacieron de situaciones traumáticas, como golpes de Estado o guerrillas”.

En contraposición, el origen de la Nueva Constitución es absolutamente diferente. Las movilizaciones de Octubre del 19, obligan un proceso constituyente único y democrático que desde sus inicios abre el espacio a la participación ciudadana, democracia real y no formal, a través de varios mecanismos: plebiscito de entrada para cambio de constitución, elección de constituyentes paritarios, escaños reservados, propuestas de iniciativa popular, acceso permanente a la información del trabajo constituyente y por último plebiscito de salida en el que se definirá si se aprueba o rechaza el texto Constitucional propuesto, todos hitos que sin duda dotan de legitimidad democrática esta Nueva Constitución.

Las y los humanistas seguiremos con nuestra intención, manifestada ya en los años 80, al botar a la basura públicamente la Constitución vigente, para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, más diversa, más libertaria. Estos nuevos tiempos, con nuevas formas de relacionarnos, no pueden sentar sus bases en una constitución impuesta, con un ordenamiento político, social y económico que no permite avanzar hacia un sistema de mayor protección y justicia social, ni responde a las demandas sociales más sentidas, pero principalmente porque su origen es absolutamente violento. Nos resulta poco ético continuar con lo establecido y, por el contrario, absolutamente coherente a nuestros principios plegarnos a este anhelo nacional de Aprobar esta Nueva Constitución que representa el inicio de un camino esperanzador, que abre paso a una nueva sensibilidad social, a una nueva nación, y porque no decirlo, acercarnos a nuestra tan deseada “nación humana universal”.

M. Angelica Alvear, Luz Soto, Natalia Canto, Nelson Silva y Sandra Velasquez