El presidente Gabriel Boric tiene confianza en que su Reforma Tributaria encontrará el más amplio apoyo en el Congreso Nacional. Si tenemos en cuenta la actual conformación política del Poder Legislativo, ello significa que esta iniciativa debiera ser respaldada por la derecha o buena parte de esta para que se constituya en Ley.
Como se ha señalado, el Gobierno necesita reunir recursos para financiar su programa de gobierno, y la mejor o más fácil forma de obtenerlos es elevando los tributos a las personas y las empresas. En todo caso, no existe propuesta alguna para “revolucionar” la economía, estatizar los medios productivos, recuperar para la administración del Estado los grandes minerales del cobre y concretar otras acciones que serían propias de una gestión de izquierda o centro izquierda. Más allá, por supuesto, del innegable propósito de las autoridades por resolver los problemas más acuciantes de los millones de pobres que se constatan a lo largo y ancho del país. Especialmente en uno de los inviernos más crudos de las últimas décadas.
Antes de iniciarse la discusión parlamentaria, ya se reconoce que Chile ni siquiera va a alcanzar los estándares tributarios de los países capitalistas integrantes de la OCDE, entidad a la que muchos se ufanan de pertenecer. Pero, a pesar de ello, ya existen legisladores de derecha que proponen posponer la Reforma Tributaria, argumentando que la intensa discusión que provocaría podría ahuyentar las inversiones. Advirtiéndonos, incluso, que existen ingentes recursos que estarían emigrando del país debido a los temores que, con todo, provoca una gestión gubernamental en la que el Partido Comunista juega un papel relevante.
Pese a que ya se inició la discusión sobre la reforma tributaria, la clase política chilena se mantiene más involucrada con el plebiscito de salida que en septiembre aprobará o rechazará el nuevo texto constitucional propuesto por la Convención Constituyente que acaba de culminar su cometido. Ante la estrechez de los resultados que se predicen, parece muy inapropiado que desde el oficialismo se haya propiciado la idea de que el Programa Boric solo podrá materializarse con la aprobación y entrada en vigencia de una nueva Carta Fundamental. Por lo mismo es que ahora el Mandatario hace tardíos esfuerzos por desvincular la suerte de su gobierno a los resultados de esta consulta ciudadana, dado que es muy posible que muchos electores expresen su repudio a los actuales moradores de La Moneda votando por el “rechazo” de este texto.
En el Chile actual, de verdad, son muchos los apremios que tenemos a causa de la inflación, así como por el estado de inaudita violencia y criminalidad que alcanza cifras sin precedentes. Toda una conmoción que golpea especialmente a los hogares de medios y bajos ingresos, además de desquiciar el tráfico de calles y carreteras. Sin que las policías, y las propias Fuerzas Armadas instaladas en la Araucanía, se demuestren capaces de mitigar los asaltos, los ataques incendiarios, como los cotidianos atentados de bandas de delincuentes incrementadas por la acción del narcotráfico y los flujos inmigratorios.
A pesar de que durante el último gobierno de Sebastián Piñera la oposición, hoy en el Gobierno, alentó toda suerte de bonos y beneficios para los chilenos más afectados por la Pandemia y la explosiva desocupación, ahora quienes gobiernan se resisten a seguir extendiendo estos beneficios con cargo al erario nacional. Con lo cual ha disminuido ostensiblemente el poder adquisitivo de miles o millones de personas y familias.
Muchos de los partidarios del Régimen quedaron gratificados por el reajuste del salario mínimo aprobado hace algunas semanas en acuerdo con la central sindical y las entidades empresariales. Algo que se celebró con bombos y platillos pero que a los pocos días devino en un pobre incremento salarial a la luz del alza del costo de la vida y, en especial, de los productos de la canasta básica. Lo más triste para los que están volviendo a quedar a la intemperie en materia de ingresos es que ya difícilmente serán respaldados por los sindicatos y partidos del llamado progresismo, cuando se sabe que ahora dichas entidades tienen sus dos pies en La Moneda y no “uno en la calle”, como sucedió en algunos gobiernos de la ex Concertación.
En todo caso, desde las cúpulas políticas trasciende la molestia de algunas colectividades de izquierda ante la resistencia del Ejecutivo de salir en auxilio de los millones de chilenos que requieren incrementar urgentemente sus escuálidos ingresos. Como se ha dicho desde el Ejecutivo, ya no habrá más bonos ni retiros desde los fondos de pensiones, aunque curiosamente ahora un ex ministro de Hacienda reconoce que el Estado tiene muchos fondos disponibles, todavía, para cubrir las nuevas demandas sociales. Además del entusiasmo general que concita el excelente panorama que ofrecen las exportaciones cupríferas.
La pérdida de popularidad de los nuevos gobernantes, el deterioro de la imagen del propio Jefe de Estado y algunos de sus colaboradores, prende los rumores acerca de un cambio o ajuste de gabinete ministerial. El que, de todas maneras, como ya se acepta, debiera materializarse durante la primavera próxima si es que se impone el “rechazo”, o el triunfo del “apruebo” resultara muy discreto. Hay que reconocer que en materia de opinión pública la oposición al Gobierno se materializa especialmente con la difusión de toda suerte de encuestas y mediante el control estricto de los grandes medios informativos en manos de los grandes empresarios. Aunque en relación a las redes sociales las fuerzas parecen más equiparadas.
Por otro lado, es vox populi que la llamada “primera línea”, esto es de los sectores más radicalizados del Estallido Social del 2019, ya no se sienten complacidos con el liderazgo de Gabriel Boric, y lo acusan de contemporizar con la derecha y el gran empresariado. Así como tampoco le perdonan que no haga algo más por liberar a los cientos de presos de la revuelta. Una promesa electoral que hoy supondría desafiar el ordenamiento jurídico actual, cuando muchos detenidos son sindicados de haber cometido delitos terroristas o “de sangre” como prefiere calificarlos la derecha.
Es muy probable que, de intensificarse el malestar social, la protesta se haga otra vez incontrolable ya sea con o sin el apoyo de las organizaciones políticas y superestructuras sindicales. Y que, con ello, la añorada nueva Constitución pueda sufrir serios contratiempos. Por el contexto económico social, por supuesto, más que por su contenido que, dicho sea de paso, muy pocos ciudadanos van a darse el tiempo de leer y analizar. No hay quien dude que el sufragio no se ejerce en Chile de forma informada como en otras democracias.
De seguro, a La Moneda se le están agotando los plazos para definir con claridad el rumbo de su gobierno y ello dice relación sobre todo con las demandas socioeconómicas de la población. Además de encarar lo que es una de las principales pesadillas sociales: la delincuencia desenfrenada y respecto de lo cual muchos no confían en la lealtad institucional de los uniformados.
Al respecto, cabe agregar la molestia que también provoca en sectores del izquierdismo que Boric haya recurrido a las FFAA para imponer el orden en la Araucanía, contradiciendo también la promesa de no recurrir a ellas para lograr la paz en la convulsionada macro zona sur del país.
Asimismo, en materia internacional parece que el deseo del nuevo Mandatario es deslindarse lo más posible de los regímenes de izquierda condenados por la Casa Blanca. Se le critica estar más preocupado de prodigarle sonrisas a La Casa Blanca y al primer mundo que concitar acuerdos con la Región y el Tercer Mundo. Verdaderamente estridente sonó para muchos su extemporáneo mensaje de solidaridad con el Presidente ucraniano, en medio de un conflicto que guarda demasiadas incógnitas y desenlaces.
