Parece un golpe maestro. Un proyecto con respaldo prácticamente unánime en el legislativo Congreso Nacional brasileño, incluso de los opositores izquierdistas, le permitirá al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro transferir dinero a millones de brasileños, con lo que busca revertir la derrota electoral que le auguran los sondeos en octubre.
La propuesta de enmienda constitucional (PEC) que establece el estado de emergencia en Brasil hasta el fin de 2022, contó con 72 votos en el Senado y solo uno en contra, en una votación el 30 de junio. Ahora solo depende de su ratificación en la Cámara de Diputados, el martes 12 o miércoles 13, lo que ya se considera como un mero trámite.
Pero muchos juristas consideran inconstitucional esa enmienda, al crear una emergencia artificial y destructora del régimen fiscal y electoral, que el país construyó en las cuatro últimas décadas. Contribuye, por ende, al deterioro de la democracia.
La medida es una forma de eludir las leyes electorales y de responsabilidad fiscal, abriendo paso a la concesión de beneficios sociales que el gobierno no podría asignar desde el inicio del año hasta la conclusión de las dos vueltas comiciales, el 30 de octubre.
Los opositores justificaron sus votos a favor con la alegación de que los pobres necesitan esa ayuda con urgencia para mitigar el hambre agravado por la pandemia y la inflación. No podrían oponerse a medidas que siempre reclamaron, es decir se vieron enredados en una trampa perfecta.
El estado de emergencia suspende algunas limitaciones impuestas al gobierno, como el llamado “techo de gastos”, instituido por otra enmienda constitucional de 2016, que prohíbe aumentar los gastos gubernamentales por encima del índice oficial de inflación.
La compra de votos
La PEC define los nuevos gastos destinados a las familias muy pobres: aumento mensual del Auxilio Brasil (antigua Bolsa Familia) de 400 a 600 reales (75 a 112,50 dólares) y un vale-gas equivalente al costo de una bombona para cocinar cada bimestre, lo que dobla el valor del subsidio concedido hasta ahora.
Además se estima añadir 1,6 millones de familias a los 18 millones que ya reciben el Auxilio Brasil.
La iniciativa beneficia también a cerca de 900 000 camioneros autónomos, con una ayuda de 1000 reales (188 dólares) mensuales hasta diciembre, y a los gobiernos de estados y municipios que subsidian el transporte público, taxistas y productores de etanol.
Los beneficios previstos suman 41 200 millones de reales, equivalentes a 7800 millones de dólares.
La elevación de los precios petroleros, agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, justifica la emergencia y los beneficios, según la propuesta, presentada en febrero por el Senador Carlos Fávaro, del centrista Partido Social Democrático (PSD).
El ministro de Economía, Paulo Guedes, la rechazó inicialmente e incluso la apodó de “kamikaze”, por considerarla un riesgo para la economía al violar la responsabilidad fiscal normada por una ley vigente desde 2000. Pero después cambió de opinión o aceptó las exigencias electorales del presidente.
Ricardo Stuckert / Fotos Públicas
Sobrevivencia, no suicidio
“La mejor denominación es la PEC de la desesperación, como la llamó el diario O Estado de São Paulo”, sostuvo el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de posgrado en la Universidad de Brasilia.
Bolsonaro decidió jugar esa última carta en los tres meses que le quedan para reducir los cerca de 15 puntos porcentuales que le aventaja el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en las encuestas.
Esa ventaja persiste con altibajos desde el año pasado y puede asegurarle a Lula el triunfo incluso en la primera vuelta el 2 de octubre, si el actual presidente no logra incrementar su popularidad y disminuir sus elevados índices de rechazo, entre 55 % y 60 %.
Iniciativas anteriores, como crear el Auxilio Brasil para sustituir la Bolsa Familia que es una marca de Lula, no ayudaron en ese objetivo. El actual gobierno dobló la suma mensual pagada a cada familia e incorporó cuatro millones de nuevas familias a las 14 millones beneficiadas anteriormente.
“La aprobación final y la puesta en marcha de la nueva PEC no tendrán consecuencias en las elecciones, pues el impacto positivo para Bolsonaro será limitado”, evaluó Nascimento a IPS desde Brasilia.
Sobre la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la medida, el Supremo Tribunal Federal no se manifestará, previó. Ya trascendió que algunos jueces consideran muy difícil juzgar una decisión legislativa adoptada por una casi unanimidad.
Pero es evidente que los daños al orden jurídico y a la economía serán graves, según la mayoría de los analistas.
Retroceso
Prohibir la adopción de beneficios sociales por el gobierno, en los meses anteriores a los comicios, es indispensable para un cierto equilibrio entre gobernantes y sus oponentes electorales. La PEC abre un precedente antidemocrático, el de que todo vale para la reelección de un presidente.
Además promueve un retroceso en las reglas fiscales establecidas desde los años 80 para contener la corrosión de las finanzas públicas por intereses particulares, en especial las veleidades del llamado populismo.
La PEC convierte igualmente en letra muerta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada para controlar las finanzas públicas, la regla de oro que limita el endeudamiento y el “techo de gastos”, tres medidas que intentan contener los riesgos financieros del país.
