Las reglas de funcionamiento “democratico” que la actual constitución pinochetista impuso ilegítimamente, dejó al ciudadano reducido por décadas a un mero ente que sufraga, sin tener una mayor participación en el devenir político, social y económico de la Nación. Esta etapa termina con el estallido social.
Ya el ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la dictadura, alertó públicamente el 27 de agosto de 1980, de los efectos nocivos de la actual constitución, hoy sus herederos políticos sólo cumplieron el deber ético de no mancillar su sacrificio y sus ideales definiéndose por el apruebo.
En cambio, hoy Ricardo Lagos se presenta como el gran reformador de la constitución de los 80 cuando en realidad, él gobernó con esa constitución y sus reformas fueron insuficientes, y su legado de gobierno nefasto para las mayorías, solo tuvo el aplauso del gran empresariado, y hoy les vuelve a ser útil degradando el proceso y confundiendo con su postura de indefinición.
En este contexto es importante tener presente, que el proceso constituyente surge de un plebiscito que fue aprobado por el 78% de los votantes y seguidamente en un proceso inédito, la ciudadanía eligió a sus representantes para la redacción de una nueva carta magna, por vez primera en toda la historia chilena; y con una composición paritaria nunca vista en ningún proceso de redacción constitucional en el mundo.
Los constituyentes realizaron su trabajo en 9 meses, después de darse el marco administrativo en 3 meses.
El desafío de aunar las diferentes representaciones y sus legítimas distintas miradas fue una gran tarea, en un escenario de personas ampliamente diversas, como es nuestra sociedad.
En este sentido, la ciudadanía debe comprender que el avance hacia un país en dignidad, es un proceso en marcha, y que cada hito marca una oportunidad de dar un paso más; hoy la opción coherente en este camino es el votar apruebo en el plebiscito de salida.
Si algunos parten de “aprobar para reformar la nueva constitución” esto es legítimo, ya que la nueva constitución si lo considera explícitamente, diciendo que para modificar normas constitucionales se necesita un quórum de 4/7 y un llamado a plebiscito ratificatorio, y esto es una gran posibilidad de dar dinamismo a la democracia.
Además esta nueva carta magna contempla iniciativa popular de norma, así el constante cambio y las incorporaciones de nuevas demandas y realidades que emergen, son el espíritu y parte de su esencia, reconociendo a los ciudadanos como parte activa de las decisiones que nos afectan a todos, avanzando participativamente en la concreción progresiva de múltiples derechos humanos, sociales, económicos y ambientales.
Elizabeth Bravo, Sylvia Hidalgo, Karla San Martín y Alonso Trujillo