Por Adrián Tarín Sanz
Cayó la noche en Quito y empezó la operación. Aquel 29 de septiembre de 1986, el intendente general de la policía, Jaime Nevárez Espinoza, había dado orden a sus subalternos de que registrasen una vivienda ubicada en el número 366 de la calle Manuela Sáenz, en las faldas del volcán Pichincha. El edificio, verde pálido, de tres pisos y parapetado tras un muro blanco, ya había sido vigilado —y descartado— meses atrás. No fue hasta que cuatro guerrilleros de Alfaro Vive ¡Carajo! (AVC) fueron capturados camino a Colombia, que la inteligencia ecuatoriana tuvo la certeza de que el inmueble actuaba como piso franco de la organización. La delación, por cierto, se produjo bajo tortura. Según relataron los cautivos, recibieron tales descargas eléctricas que sintieron cómo se les salían los ojos de las cuencas.
Aquel día, en la “casa de seguridad” descansaban dos alfaristas: Robert Regalado, con el pelo un poco largo y cara de niño, y José Luis Flores, apuesto, sorprendentemente parecido al primer Fidel Castro, aquel que aún no se dejaba crecer la barba. Este último, además, había invitado a pasar unas horas juntos a su esposa, Sayonara Sierra, una joven veinteañera que no pertenecía a la guerrilla. Mientras en el interior de la vivienda todo transcurría con normalidad, no pasaba lo mismo fuera. Las declaraciones de los vecinos recogen que el operativo policial cercó el barrio, que durmieron a los perros callejeros para que no ladrasen y que indicaron a los moradores que, para precautelar, no debían asomarse a las ventanas. Poco después, bajo la tenue luz naranja de las farolas, se produjo el asalto.
Está convencida de que sus amigos están cumpliendo condena por su esfuerzo en recuperar la memoria histórica Alfaro Vive ¡Carajo!, guerrilla a la que homenajean recurrentemente en sus redes y actos sociales.
La prensa de la época recogió en apenas tres líneas lo sucedido, y afirmó, siguiendo la versión oficial, que el allanamiento fue rápido, con el único incidente de un tiroteo que duró, como máximo, un cuarto de hora. Según la policía, el intercambio de disparos fue iniciado por los guerrilleros, que no consintieron rendirse. La Comisión de la Verdad que investigó el caso, en cambio, dio mayor credibilidad a las averiguaciones de la familia Flores-Sierra: acorralados, los alfaristas no opusieron demasiada resistencia, y las fuerzas especiales ecuatorianas accedieron a la vivienda desde la planta superior. Una vez dados al encuentro, Robert y José Luis fueron ejecutados de dos disparos en el pecho y uno en la cabeza. Sayonara trató de huir o de gritar, y por esta razón, quizá, se ensañaron más con ella. Su cráneo y su torso fueron destrozados a golpes, y entre sus piernas se halló un rastro de semen seco. Nunca se practicó la prueba de ADN para determinar si respondía a una relación deseada con su pareja o si fue violada por la policía. Ambos dejaron en el mundo a un hijo de dos años llamado Ernesto, como el Ché.
Cuarenta años después, el 19 de mayo de 2022, a Ernesto lo despiertan unos golpes ásperos en la entrada del domicilio que comparte con su abuela, la mujer que le crió. Apenas han penetrado por la ventana los primeros rayos de sol cuando la anciana, de 81 años, se da de bruces con varios desconocidos que han reventado los cristales de la puerta. Entre agentes judiciales y policías suman seis los extraños que merodean por la casa, revolviendo y fotografiando cada rincón. Ernesto, mientras, permanece apartado y escoltado. Está acusado de un delito de trata. Según le comunican, creen que traslada ecuatorianos hasta Colombia para ser entrenados por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC. En el registro no le encuentran ningún arma, pero le requisan octavillas, libros, manuscritos, ropa, material informático y un álbum fotográfico personal. También se llevan uno de los pocos objetos que conserva de su madre. “Solo para herirle”, me dice su tía, Natalia Sierra, al confirmarme que también le confiscan el DNI de Sayonara. Irónicamente, el distrito policial en el que se produce el registro se llama Manuela Sáenz, como la calle de la casa 366. El hilo invisible de la Historia insiste en conectar a madres y a hijos.
El Caso Dominó
Junto a Ernesto son detenidas otras siete personas. Aunque con distintos grados de organicidad, todos están relacionados con el Movimiento Guevarista (MGTL), un colectivo marxista fundado hace 15 años y cuyas acciones, legales hasta el momento, son publicitadas en redes sociales. Así lo subraya Jessica, una de las actuales portavoces del grupo, que me explica que se dedican a impartir talleres de formación política, así como gestionan un club de artes marciales, un comedor social, un gabinete psicológico y una biblioteca.
Dice la portavoz que si algún día ha marcado la vida política de la organización es el 26 de octubre de 2021. Aquella jornada se produjeron varias protestas en Ecuador contra el aumento del precio del combustible, que en la capital culminaron con enfrentamientos entre manifestantes y policías. La ministra del Interior de entonces, Alexandra Vela, compareció ante los medios para acusar al MGTL de provocar los incidentes. Desde entonces “se hizo más patente la persecución y el hostigamiento”, continúa Jessica, y añade que “quienes boicotearon la manifestación, que hasta el momento había sido pacífica, fueron policías infiltrados”. Si bien este extremo no puede comprobarse, en el seguimiento policial realizado aquel día contra miembros guevaristas, informe que figura en la causa, no hay asiento de que protagonizasen actos vandálicos. Días después, las palabras de Vela fueron desmentidas por Ernesto, figura visible del movimiento, en una rueda de prensa: “Lo que dijo la ministra es falso. Sí participamos de las marchas, pero cuando se dieron las agresiones de la policía nos retiramos”.
Con el paso de los días, me sigue relatando la portavoz, varios de sus compañeros sufrieron identificaciones en las calles, y sospechan que las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la Casa de Trabajo Popular, un inmueble cedido en comodato al grupo, no son utilizadas para preservar la tranquilidad del sector, sino para vigilar sus movimientos. La intranquilidad fue tal que, antes de su detención, Ernesto ya había avisado a la organización de que había un taxi aparcado día y noche frente a su domicilio.
Aunque Jessica aún no lo sabía, el seguimiento había comenzado meses atrás. En concreto, en agosto. Según consta en el expediente del caso, que reúne unos 1.200 folios, la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) recibió una “información reservada” que aseguraba que “el indio”, otro de los detenidos, traficaba armas con los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que es como se conoce en Colombia a las disidencias de las FARC. En virtud del soplo, el fiscal Wilson Toainga autorizó la comisión de “técnicas especiales de seguimiento” contra el sospechoso, cuyo repertorio incluye videovigilancia y pinchazos telefónicos. En total son 120 páginas de transcripciones y fotografías, además de algunos CD con material audiovisual. En estas hojas se puede ver a los encausados reunidos, desplazándose o entrando en sus domicilios. Anexan los registros de las compañías de autobuses utilizadas, tickets de los supermercados en los que compraban o impresiones de pantalla de sus redes sociales. En definitiva, todo lo que hicieron desde el 11 de agosto de 2021 hasta el 13 de mayo de 2022. La investigación fue bautizada Caso Dominó, seguramente por la forma en la que fueron sumando nombres al expediente: todo aquel que se juntaba con “el indio” caía, como una hilera de fichas del popular juego. Ernesto, por su parte, apenas aparece en el reporte.
“Asociarse con personas de una misma ideología y expresarla no puede ser un delito. Después de un año de seguimiento lo único que han encontrado es que son de izquierdas”
“Fiscalía es quien tiene la carga de la prueba. Les llevan investigando desde hace un año y no han podido probar nada”. José Paul Gallardo, defensor contratado por la madre de una de las detenidas, no aprecia cosa punible en las evidencias recabadas por la policía. En su opinión, lo único que demuestran las fotografías es que se conocían y se citaban con frecuencia. “Asociarse con personas de una misma ideología y expresarla no puede ser un delito. Después de un año de seguimiento lo único que han encontrado es que son de izquierdas”. Sin embargo, lo que sí refleja el informe es que varios militantes del MGTL viajaron a Colombia durante el último año. El documento incluye un oficio en el que constan los movimientos migratorios de dos de los acusados, pero no así de otros a los que el seguimiento sitúa más allá del río Mataje. De ello, Fiscalía deduce que los no registrados pasaron de manera ilegal la frontera.
Patricio Almeida, otro de los abogados defensores, discute esta versión. “Fiscalía no debe probar que se hicieron viajes, sino que en ellos se hizo algo ilícito. Todos los seguimientos llegan hasta Arauca [departamento del norte de Colombia], pero no hay nada sobre lo que se hizo a partir de ahí”. Argumenta, también, que estos viajes se hicieron para acudir a un festival de cine —del que existen fotografías—, por razones laborales e, incluso, como visita familiar. La madre de un investigado vive, precisamente, en Colombia. A Ernesto nadie le sitúa fuera de Ecuador durante el último año.
“Un montaje para criminalizar la protesta social”
En algún punto la investigación cambió. El MGTL dejó de ser acusado de tráfico de armas y pasó a serlo de delincuencia organizada en concurso con trata de personas. Este recrudecimiento de las imputaciones se debió al testimonio de tres individuos que aseguraron haber sido engañados y enviados a un campamento de la Segunda Marquetalia. El trío mantiene una relación de parentesco, un padre (J.), un cuñado (A.) y una hija (R.).
Estas declaraciones son fundamentalmente coherentes entre sí. Cuentan que uno de los detenidos ofreció a J. un viaje a Argentina para recibir formación en liderazgo, con un estipendio de 400 dólares. La invitación, más tarde, fue extendida a los otros dos testigos, que también aceptaron. Llegada la fecha del traslado, fueron hospedados en la Casa de Trabajo Popular, momento en el que les informaron de que, finalmente, irían a Colombia. Allí coincidieron —dicen— con otros tres encausados. Según este relato, A. y R. viajaron en avión, pero J. tuvo que hacerlo por tierra y de forma encubierta, debido a un problema legal. La cuadrilla —los tres testigos y un miembro del MGTL— se reunió en Bogotá y, de ahí, atravesó medio país hasta un campamento guerrillero en Venezuela.
Para Patricio Almeida esta narración es un “montaje total”. Su hipótesis es que R. fue detenida por el ejército, y que le ofrecieron “colaborar” a cambio de su libertad. Sea o no cierta esta suposición, no he podido encontrar en el expediente ninguna conversación telefónica o fotografía de los testigos junto a los detenidos, ni rondando la Casa de Trabajo Popular ni viajando hasta Colombia, a pesar de que todo ello coincide, en fechas, con los seguimientos policiales. Asimismo, hay una discordancia manifiesta en el punto de encuentro de los expedicionarios: R. y J. dicen haberse encontrado en Bogotá, mientras que A. sostiene que fue en Medellín. También resulta problemático, me cuenta el abogado, la ruta que señalan haber tomado hasta el campamento, ya que atraviesa zonas en la que está presente el Frente 10, una guerrilla rival de la Segunda Marquetalia.
Aquí no acaban, para Almeida, las ficciones. Los tres testigos dicen haber comunicado a los líderes de la guerrilla que habían sido engañados y, al mismo tiempo, haber recibido uniformes y armamento nada más llegar. “¿Cómo le entrego a alguien al que le estoy forzando un arma? ¿O a alguien que recién iba a prepararse?”, se pregunta en voz alta. Siguiendo los testimonios, esta obligación se produce mediante la firma de un contrato entre la Segunda Marquetalia y el MGTL, lo que resulta inverosímil para una maniobra secreta que, por su condición, debería hacerse, en opinión del abogado, verbalmente. Pero, quizá, lo más llamativo de la denuncia de J. es que involucra a personajes relevantes de la política ecuatoriana. Indica que, en una ocasión, los monitores de la guerrilla les contaron que “[Rafael] Correa era un buen presidente y que estaba siendo instruido por ellos en Bélgica. (…) Nos indicaron que [Andrés] Arauz también había sido instruido en México por dos años. (…) Los de la guerrilla dijeron que iban a venir a Ecuador a secuestrar a dos millonarios, Álvaro Noboa y Juan Eljuri, [y] que cuando haya paro van a venir a botar [echar] al presidente [Guillermo] Lasso”.
Según Jessica, vocera guevarista, temen verse involucrados en “un montaje”, por lo que “se han visto obligados a huir” a pesar de que “algunos tienen hijos muy pequeños y no pueden trabajar por miedo a que les localicen”
En las declaraciones también son nombrados otros militantes del MGTL que no estaban en sus domicilios el día de las detenciones. Hoy se encuentran en paradero desconocido y sin posibilidad de defensa legal. Según Jessica, vocera guevarista, temen verse involucrados en “un montaje”, por lo que “se han visto obligados a huir” a pesar de que “algunos tienen hijos muy pequeños y no pueden trabajar por miedo a que les localicen”. Estas personas, según los registros gráficos y las escuchas policiales, cruzaron a Colombia en varias ocasiones —primero fueron deportados, pero luego lo tuvieron éxito—, en compañía de otros individuos, que Fiscalía considera manipulados.
Estos testimonios son troncales en la acusación. En ellos, Ernesto no es nombrado ni una sola vez.
La cárcel como trinchera
Además de las detenciones, el 19 de mayo se practicaron once registros. En todos los inmuebles se consignaron una gran cantidad de objetos triviales, salvo en uno, donde se encontraron dos fierros: una escopeta vieja y una pistola, además de munición sin percutir. En Ecuador la tenencia de armas no es legal, pero hasta el momento, comentan los abogados, no se ha peritado su utilización. Patricio Almeida, en este sentido, añade que, por el deterioro y falta de potencia, no puede ser material vendible o vendido por la Segunda Marquetalia.
Después de los registros, los ocho fueron esposados y conducidos hasta la Unidad de Flagrancia, en Quito. En el imponente edificio, pintado de un brillante color azul y situado frente al céntrico Parque Ejido, permanecieron hasta la madrugada siguiente, cuando fueron puestos a disposición judicial. Frente a la jueza denunciaron que no se les había permitido presenciar las requisas, por lo que no podían asegurar que lo consignado fuesen pertenencias. Algo parecido ocurre con las fotografías y grabaciones del seguimiento, que todavía no han sido entregadas a la defensa para que puedan verificar su integridad. Los acusados, por último, denuncian que la prueba de cotejo de voces para comprobar la veracidad de los pinchazos telefónicos se hizo de manera oculta, sin el consentimiento informado ni la presencia de abogados. “Tenemos un debido proceso bastante irregular”, sentencia Rosa Bolaños, abogada de Ernesto.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis carcelarias de su historia, con hacinamientos y sangrientas matanzas, que solo en 2021 costaron la vida de 2.331 presos, según datos del Ministerio de Gobierno.
Bolaños es una mujer bregada en la disputa político-judicial. No en vano, pertenece a la organización de derechos humanos INREDH. Por su experiencia, intuye que la jueza de formulación de cargos “tenía un criterio de prejuzgamiento”. No solo porque “asumió sin ningún cuestionamiento la versión de Fiscalía”, sino también por haberles decretado prisión preventiva, una medida de última ratio que, a su parecer, vulnera la presunción de inocencia. Tampoco valoró los arraigos y estados de salud esgrimidos. Entre los detenidos se encuentran personas con empleos estables y con hijos o abuelos dependientes a su cargo. Algunos, además, padecen enfermedades severas, como bipolaridad, un tumor cerebral o el síndrome degenerativo de Marfán.
Una situación especialmente delicada si se tiene en cuenta que Ecuador atraviesa una de las peores crisis carcelarias de su historia, con hacinamientos y sangrientas matanzas, que solo en 2021 costaron la vida de 2.331 presos, según datos del Ministerio de Gobierno. Natalia Sierra, tía de Ernesto, está especialmente preocupado por ello, ya que considera las cárceles del país como “un espacio para la muerte”. Todavía no ha podido visitarle, circunstancia que, según el sistema penal ecuatoriano, se prolongará durante varios meses. Los ocho guevaristas, repartidos entre la cárcel quiteña de El Inca y la de máxima seguridad de Latacunga, pueden llegar a habitar entre aquellos muros de hormigón hasta un año sin que haya sentencia.
Cerca de cumplir su primer mes encarcelado, Ernesto se encuentra animado, según ha podido saber Jessica. “Los compañeros están muy firmes, su convicción sigue intacta, están unidos y no se han fragmentado”. De hecho, continúa, se están tomando su presidio como una “trinchera más”, y me asegura que Ernesto y Gabriela están impartiendo de manera voluntaria formación académica y psicológica a otros reos. Está convencida de que sus amigos están cumpliendo condena por su esfuerzo en recuperar la memoria histórica Alfaro Vive ¡Carajo!, guerrilla a la que homenajean recurrentemente en sus redes y actos sociales. La misma a la que perteneció José Luis, el guerrillero del que se enamoró Sayonara. Lo político, a veces, también es personal.
NOTA: Fiscalía no ha atendido a las preguntas del periodista ni ha entregado el expediente de la investigación. Su respuesta fue escueta: “No es factible atender la vocería solicitada con el agente fiscal que lleva el caso por temas de seguridad y con la finalidad de precautelar su integridad”.
