En el momento en que escribo este texto, mi corazón tiembla de dolor, de miedo, de sensación de impotencia… Bajo la justificación de “establecer un mínimo de conducta por parte del ciudadano durante un abordaje policial”, el diputado federal Bibo Nunes (PL- RS) presentó el proyecto de ley 5610/2019, cuya aceptación por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes 14 de junio. El citado proyecto prevé pena de prisión para quien, durante un abordaje de la policía, toque al agente de seguridad.
Según el autor del Proyecto, “la limitación de comportamientos bilaterales durante las actuaciones policiales, es fundamental para proteger al agente de seguridad pública”. En otras palabras: “se convierte en deber del ciudadano cumplir las órdenes del policía, dejar las manos libres y visibles, no hacer movimientos bruscos, no tocar al policía y mantener una distancia mínima de un metro”. A la luz de todo esto, quedan algunas preguntas: a) ¿Quién protege a la ciudadana y al ciudadano de la acción policial?; b) ¿cuáles son los límites de los policías?; c) la policía puede empujar (como suele hacer), patear, golpear en la cara… ¿y la persona violentada debe aguantar todo eso inmóvil?
Desafortunadamente, las acciones truculentas de las fuerzas policiales en Brasil no son raras. El reciente asesinato de Genivaldo de Jesus Santos –un hombre negro que sufría de esquizofrenia–, ocurrido en el estado de Sergipe y en el que participaron policías federales de tránsito, es solo un ejemplo. Digamos, de paso, que nos rebela, nos causa indignación y nos muestra lo vulnerables que somos (sobre todo los/las que somos racializados/racializadas) ante la actuación de las fuerzas de “¿seguridad?” en este país. Hasta la fecha, los agentes involucrados no fueron detenidos, a pesar de todas las evidencias de que hubo una acción que provocó la muerte de Genivaldo.
Amparo legal de la violencia
Como si no fuera suficiente esta historia digna de estados antidemocráticos, que no respetan los derechos humanos, el Parlamento brasileño decidió ampliar aún más los poderes de las fuerzas policiales para oprimir, humillar (e incluso asesinar), con esta iniciativa del diputado de Río Grande do Sul que prevé de tres meses a un año de prisión y multa en caso de incumplimiento.
Cuando vivía en Feira de Santana, mi ciudad natal, y también en Salvador, la capital de Bahía, lamentablemente experimenté el horror de ver a policías militares maltratar personas sin ningún motivo. Sencillamente comportamientos truculentos, verdaderas demostraciones de abuso de autoridad.
En una de estas ocasiones, en Feira, estuve a punto de ser arrestada, porque interferí en una acción en la que unos policías golpeaban a un menor que supuestamente le había robado el bolso a un transeúnte. ¡Nunca olvidé ese día! Por poco no me arrojaron a un camión policial. Y hablando con un amigo policía sobre lo sucedido, él simplemente se limitó a “aconsejarme” que no volviera a repetir esa conducta. No recuerdo exactamente cuándo ocurrió este hecho, pero sé que yo tenía menos de 24 años de edad, ya que todavía estaba estudiando para graduarme (me gradué a los 24).
En lugar de otorgar más mecanismos coercitivos a las fuerzas de seguridad, la mejor solución para Brasil, –según muchas/muchos expertos– sería desmilitarizar la policía. Pero, hasta que eso suceda, lo que debe hacer el Poder Legislativo nacional es, como mínimo, crear instrumentos más efectivos de sanción para los casos de abusos, que, lamentablemente, son rutinarios en nuestro país (¡no me canso de repetirlo!). ¡No es posible que todos los días la Policía mate, golpee, maltrate y lo dejemos así!
Frecuentemente organizaciones internacionales de derechos humanos critican y denuncian gobiernos como el venezolano y el cubano, entre otros, tildándolos de “violadores de los derechos humanos”. Sin embargo, no los veo haciendo lo mismo en relación a Brasil, país que en 2020, por ejemplo, registró 17,6 muertes diarias como resultado de acciones policiales, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. De igual modo, entre 2013 y 2018, hubo un crecimiento de alrededor del 190% en este sentido. Me pregunto qué pesos y qué medidas sirven para clasificar a los países como democráticos o antidemocráticos, violadores y no violadores de los derechos humanos.
¿Qué clase de país con estos números acepta que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que dé aún más poder coercitivo a las fuerzas de seguridad? ¿Qué tipo de Estado es Brasil? ¿Qué sociedad puede tolerar leyes como la que propone el diputado Bibo Nunes? ¿En qué clase de seres humanos nos estamos convirtiendo al tolerar que se imponga el amparo legal a los actos de violencia?
Espero que podamos movilizarnos y presionar al Poder Legislativo para que esta truculenta propuesta no sea aprobada en el Plenario.
