Un nuevo informe confirma el impacto del agro transgénico en la salud, el ambiente y la contaminación de alimentos. Realizado por el ingeniero químico Horacio Beldomenico, es uno de los argumentos de vecinos y vecinas de Rafaela que exigen al menos 1000 metros de protección frente a las fumigaciones con agrotóxicos.

La ciudad de Rafaela, en el centro-oeste de Santa Fe, cuenta con dos figuras políticas fuertes: el juez de la Corte Suprema y especialista en derecho ambiental, Ricardo Lorenzetti, y el gobernador, Omar Perotti. De la misma ciudad es el ingeniero químico Horacio Beldomenico, quien realizó un detallado informe donde recopila 400 estudios científicos que confirman el efecto en la salud y el ambiente de los agrotóxicos del agronegocio. Vecinos y vecinas de Rafaela están movilizados porque el Municipio está cerca de autorizar fumigaciones a solo 50 metros de viviendas y escuelas.

El juez Lorenzetti vive en el barrio Brigadier López de Rafaela, lindero al aeródromo municipal, donde además de aviones se dejan ver tierras destinadas al cultivo de soja, fumigadas con agrotóxicos. En el mismo barrio se encuentra la planta potabilizadora, que provee de agua a buena parte de la ciudad. En el otro extremo de Rafaela están los barrios Barranquitas, Mora, Virgen del Rosario y Monseñor Zaspe, que también sufren las fumigaciones con glifosato, atrazina y 2-4D.

La localidad contaba con una ordenanza de 2003 (con decreto reglamentario de 2008) que limitaba a 200 metros las fumigaciones, pero en diciembre de 2021 –en sintonía con los pedidos de la Sociedad Rural, sectores del agronegocio del INTA y otros grandes productores– los concejales de Rafaela aprobaron una la Ordenanza 5331, que reduce a solo 50 metros las distancias. Se trata de una medida «regresiva», considerada inconstitucional porque las nuevas normativas no pueden reducir las medidas de protección previas.

Horacio Beldomenico es ingeniero químico, director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (Universidad del Litoral) y estudia el efecto de los químicos desde inicios de la década del 80. Publicó a fines de 2021 una sistematización de más de 400 investigaciones e informes recientes sobre el uso de agrotóxicos. “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina. Revisión bibliográfica y propuestas superadoras”, es el título del trabajo, de 106 páginas.

Confirma la presencia de glifosato en aguas superficiales, subterráneas e incluso en agua de lluvia en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Alerta por la presencia del herbicida en alimentos de consumo masivo (frutas y verduras) y denuncia la presencia del insecticida clorpirifós en cereales para niños. “Le estamos dando a bebés un neurotóxico muy potente en alimentos”, alerta Beldomenico.

Y recuerda una crítica que lleva décadas y nunca fue atendida por el Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) ni ningún otro organismo de agro, ambiente o salud de Argentina. Al momento de medir la peligrosidad de un agroquímico el Estado argentino utiliza la llamada «dosis letal 50 (DL50)», que solo mide el efecto agudo y qué dosis de plaguicida mata al 50 por ciento de animales de experimentación. Los organismos estatales de control no tiene en cuenta el efecto crónico: cómo afecta un agrotóxico a la salud en pequeñas dosis a mediano y largo plazo. «Las empresas de agroquímicos, y esa forma de producción, están experimentando con nosotros, con la población», denuncia.

«No hay dudas de lo perjudicial para la salud que es este modelo con agroquímicos. La ciencia seria, no empresaria, ya lo confirmó», asegura Beldomenico. Explica que se deben contemplar tres pilares: ambiente, salud y producción. «En Argentina solo miran la producción que genera dólares. El Estado debiera preocuparse por la salud y el ambiente, pero es parte interesada del negocio, está cooptada por las empresas del agro», resume.

«Rafaela sin venenos, por la agroecología», es el nombre del colectivo de vecinos, vecinas y organizaciones que se conformó para exigir al intendente Luis Castellano –aliado del gobernador Perotti– y al Concejo Municipal la derogación de la Ordenanza 5331. Alertan que la cuestionada normativa, suspendida por el decreto municipal 52.670, podría entrar en vigencia a fines de este mes. «Esto implicaría un grave retroceso en la protección de la salud de la población y del ambiente en la ciudad», afirman desde el colectivo y llaman a firmar un petitorio virtual (se puede firmar acá ).

También reclaman extender la protección a la salud. Explican que los 200 metros establecidos en 2008 «están completamente desactualizado» porque en los últimos 14 años se conocieron cientos de estudios científicos que demuestran los graves impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. Y precisan numerosos fallos judiciales que priorizan la salud de las personas por sobre los negocios: «La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó en noviembre de 2021 la distancia de 1000 metros sin fumigaciones en la localidad de Zenón Pereyra». La misma distancia que precisa Beldomenico en su estudio.

Los vecinos también remarcan que en esas hectáreas sin fumigaciones se podrá producir de forma agroecológica y exigen que se suspendan los cultivos con uso de agrotóxicos en el aeródromo local (propiedad del Municipio), que fumiga con venenos a los barrios del sur de la ciudad. «Es urgente que la Municipalidad de Rafaela cumpla con el artículo 41 de la Constitucional Nacional, con el principio de no regresión y con el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente. ¡La salud no se negocia! ¡Por una ciudad sin venenos y con agroecología!», destaca el comunicado de Rafaela Sin Venenos.