Cinco meses con los ojos puestos en la refundación de Honduras y cuidándose las espaldas
El 27 de enero, Xiomara Castro asumió el cargo de presidenta de Honduras. Un discurso vibrante el suyo, donde dejó en claro que iba a recibir un país en bancarrota, saqueado, con una deuda que suma más de 20 mil millones de dólares, y con una estructura clientelar prácticamente intacta de corrupción e impunidad, que en los últimos 12 años ha venido copando espacios públicos y privados.
Un pueblo devastado por la pobreza – casi el 74% de la población y con el 50% en miseria absoluta – y la desesperanza. Una cantidad creciente de personas con la mirada puesta hacia el norte, no tanto atraídas por el “sueño americano”, sino huyendo de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades.
Un pueblo que, a pesar de todo, decidió salir masivamente a votar en noviembre del año pasado para castigar a los continuadores del golpe, a los carniceros de cuello blanco, a los ladrones y corruptos que pusieron en venta el país, sus mejores tierras, los bienes comunes, la soberanía y la dignidad misma de nación.
Un voto también por el cambio, por la esperanza de que una Honduras diferente aún es posible. Un voto para la mujer que se fajó en las calles, junto a su pueblo, contra la ruptura del orden constitucional, el derrumbe de la democracia, contra balas y toletes, militares y policías, denunciando detenciones ilegales, represión física y psicológica, desapariciones, torturas y asesinatos.
Muy altas las expectativas de un pueblo herido, desilusionado de la política y los políticos tradicionales. Nutridas las promesas de Xiomara Castro.
En mayo, casi cuatro meses después de asumir el cargo, la presidenta hizo una primera evaluación de las cosas hechas, de las dificultades enfrentadas, de los retos y desafíos futuros.
“Con responsabilidad he asumido el reto de dirigir Honduras, un país sometido por una narcodictadura violenta y corrupta, que entregó todo el control del Estado a la oligarquía, a cambio de su silencio cómplice, frente al desmantelamiento de nuestra patria”, dijo la presidenta en cadena nacional.
“Nos anticipamos a las fuerzas más oscuras y a los sectores más conservadores y extremistas de Honduras, que pretendieron asestarnos un golpe tempranero tomando el control del Congreso, pero fracasaron gracias a la movilización popular que me acompañó a defender lo que ganamos abrumadoramente en las urnas”, agregó.
El llamado a la unidad como elemento fundamental e imprescindible para hacerle frente a la ofensiva de los sectores más retrógrados y reaccionarios de la sociedad hondureña e impulsar la refundación del país, ha caracterizado la acción política del nuevo gobierno, en especial de la mandataria.
Pese a las diferencias y conflictos que existen dentro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), la bancada parlamentaria de la primera fuerza política del país parece haber encontrado cierta estabilidad.
De hecho, este 14 de junio, diputados y diputadas se reunieron con la presidenta Xiomara Castro y con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para reafirmar que la unidad colectiva y partidaria es la misma que se forjó durante la lucha de resistencia contra el golpe de 2009.
Asimismo, aclararon que en el Congreso no existe una bancada independiente dentro de la bancada de Libre – como ventilaron algunos medios de comunicación – y reafirmaron su total e incondicional respaldo al gobierno presidido por Castro.
Unidad interna y alianzas parlamentarias permitieron avanzar en el cumplimiento de algunas de las promesas electorales.
Desmontando la dictadura
Se aprobó la Ley de Amnistía[1], facilitando la excarcelación de presos políticos y el regreso al país de decenas de exiliados, se condenó de manera oficial el cruento golpe de 2009, y se reconoció la responsabilidad del Estado en casos emblemáticos como los asesinatos de Vicky Hernández[2] (2009) y Herminio Deras[3] (1983), iniciando un proceso de reparación para las víctimas.
Para el Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las nuevas autoridades están demostrando a la sociedad hondureña y la comunidad internacional la voluntad política para generar un cambio estructural en el abordaje del tema de los derechos humanos y la memoria.
También se creó la Secretaría de la Mujer y se está avanzando para la aprobación consensuada con las organizaciones de mujeres y feministas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, se derogó la Ley de Empleo por Hora, que durante ocho años ha profundizado la desregulación del mercado del trabajo, institucionalizando la precarización laboral, promoviendo nuevas formas de acumulación capitalista y generando un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales[4].
De igual forma se derogaron todas las normas y reformas constitucionales relacionadas con las cuestionadas Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) y su ley orgánica[5], así como la polémica Ley de Secretos Oficiales.
Se reformó y se aumentó en más de 2 mil millones de dólares el presupuesto general, privilegiando la inversión en gasto social, en especial salud, educación y programas de compensación social, y la generación de puestos de trabajo.
Se impulsó la liquidación gradual de los contratos de fideicomiso y las alianzas público-privadas, usadas por los gobiernos continuadores del golpe como herramientas jurídicas para privatizar las finanzas públicas, en el marco de negocios oscuros que lesionaron severamente los intereses del Estado hondureño.
En este sentido, ya se solicitó al Congreso un nuevo decreto que permita la cancelación de fideicomisos y que reintegre los fondos a las arcas del Estado, al tiempo que se comenzó a suprimir “las capas de administración pública inoperantes que sirvieron al manejo oscuro de la cosa pública”, detalló la presidenta.
Para enfrentar la grave crisis económica, el gobierno de Xiomara Castro inició un programa de subsidio de los combustibles y de la energía eléctrica, beneficiando a 1.3 millones de familias. También se dio a la tarea, para nada fácil, de rescatar la empresa pública de energía (ENEE), sometida durante más de doce años a un despiadado saqueo, y se aprobó una nueva ley que reconoce la energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano.
También se autorizó al Banco nacional de desarrollo agrícola (Banadesa) a colocar 40 millones de dólares en créditos para unos 7500 pequeños productores agrícolas a tasas reducidas de interés. Vale la pena recordar que Banadesa estuvo a punto de ser liquidado por el régimen de Juan Orlando Hernández por su elevada mora.
Finalmente, se creó la Secretaría de transparencia y lucha contra la corrupción, se inició el diálogo con Naciones Unidas para la instalación de una Comisión internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH), una de las más sentidas demandas del pueblo hondureño, se otorgaron amplias facultades y autonomías a la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) y se creó en el Congreso Nacional una Comisión Anticorrupción.
Varias fueron también las medidas tomadas en materia de salud, educación y defensa del medio ambiente, como la creación de “batallones verdes” para la defensa de las reservas forestales y el combate a la tala ilegal de bosques.
“Es como caminar por un camino minado, pero avanzamos. Este modelo privatizador y de acumulación de riqueza más despiadada vive su fase más salvaje que lo destruye todo. Son capaces de hacer lo que tengan que hacer para asegurar sus ganancias.
He recibido un país en ruina y estoy construyendo la base del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia. El futuro es nuestro, nada es inmutable, la historia la hacen los pueblos, en dialéctica y siempre tiende hacia la liberación de lo más postergado”, sentenció la presidenta Castro.
“El nuevo gobierno se encontró a una Estado totalmente desnaturalizado, es decir que no cumple con sus funciones sociales a favor de la población, sino que se ha convertido en una maquinaria para enriquecer aún más a las clases dominantes.
Estamos hablando de la nueva oligarquía nacional, vinculada principalmente al capital transnacional colombiano, israelí y estadounidense, y a sectores de la política tradicional corrupta”, explicó Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente de Libre.
“La corrupción está estrictamente vinculada al sistema y modelo capitalista. Se estima que por la corrupción se pierden, cada año, algo como 3 mil millones de dólares, es decir casi el 33% del presupuesto general”, añadió.
“Combatir este estado de cosas es imprescindible, aunque nos lleve en rota de colisión con la oligarquía y el gran capital. El gobierno, solo, no va a poder. Necesita de todo el apoyo posible”, advirtió Ríos Munguía.
Muchas expectativas
“Las expectativas en la población son muy grandes y las respuestas hasta el momento se han enfocado en desmontar el sistema que dejó el régimen de Juan Orlando Hernández, en borrar el anclaje de la dictadura”, dijo el catedrático Eugenio Sosa.
“Además de varias leyes que fueron derogadas, se va a intervenir para renegociar los contratos con las empresas térmicas o generadoras de energía, que aprovecharon de la red de corrupción pública después del golpe de 2009. Esto va en la lógica de desmontar el aparato de la dictadura”, agregó.
Sin embargo, asegura el también director del Instituto nacional de estadística (Ine), la expectativa más grande está en lo que se va a hacer para enfrentar y resolver los grandes problemas del país, en especial dar respuesta a la demanda urgente de empleos dignos y enfrentar la inseguridad y la violencia.
“La gente se encuentra entre la desesperación por la situación económica y social y la esperanza política de que va a haber un cambio real. Se percibe que sigue dándole el respaldo a la presidenta, con la expectativa de que, una vez enfrentada la fase más difícil, pueda dar señales más fuertes, más contundentes”.
“La realidad – continuó Sosa – es que Xiomara (Castro) ganó la presidencia, pero la oligarquía sigue teniendo el poder y está lista para querer imponer límites al gobierno, si tan sólo trata de quitarle privilegios. Lo hemos visto en los días pasados cuando se tocó el tema energético”.
Para Sosa, los próximos meses serán cruciales.
“Se viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General. Se necesita una mayoría calificada de los dos tercios de los diputados, y no va a ser fácil convencer a los miembros de los partidos tradicionales. Tampoco hay votos seguros para promover consultas populares”.
Además, hay hilos, mecanismos y actores del antiguo régimen que todavía están vivos y activos, trabajando para boicotear cualquier intento de promover verdaderos cambios estructurales.
“Pareciera que radicalizar y profundizar el cambio en este momento aún no es posible. Todavía estamos amarrados y no tenemos la fuerza política para hacerlo.
En este sentido – continuó Sosa – será clave hacer una reingeniería del aparato administrativo estatal y tomar el control de las instituciones, donde la mayoría de cuadros intermedios todavía responde a los intereses del antiguo régimen”.
“Los ministerios están copados de gente joven, de personas que vienen de la lucha contra el golpe y contra el régimen de Juan Orlando (Hernández). En la medida que este gobierno logre afianzarse, podrá mostrar su verdadero rostro y su capacidad operativa”, explicó Ríos Munguía.
Aciertos y desafíos
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) hizo público el documento “Cuatro meses de gestión: aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, donde se da una primera valoración centrada en temas torales como, por ejemplo, estado de derecho y derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción, justicia ambiental.
Cespad valoró como positivo el esfuerzo del nuevo gobierno por modificar las prioridades nacionales, fortaleciendo el rol del Estado en el desarrollo nacional, revirtiendo la privatización de los bienes públicos y recuperando el gasto social.
Al mismo tiempo, mostró preocupación por el alto nivel de la deuda pública y del gasto militar, así como por “los débiles signos hacia la desmilitarización del Estado y la sociedad”.
El informe evidenció “avances notables en el área de anticorrupción y transparencia”, así como en la “gestión territorial y ambiental”. Sin embargo, señala también la necesidad de impulsar rápidamente “acciones políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política extractivista del despojo del territorio y la política agraria de concentración de la tierra”.
En cuanto a derechos de las mujeres, Cespad insta a las nuevas autoridades a establecer “una ruta estratégica para ir convirtiendo en políticas públicas y acciones afirmativas las demandas históricas de las mujeres”.
Entre los grandes desafíos de la nueva administración Castro, el informe destaca la renegociación de la deuda pública y la reducción del gasto militar, más recursos para la inversión pública y para enfrentar las grandes problemáticas que atañen los sectores históricamente excluidos de la sociedad hondureña.
Asimismo, avanzar en la transformación, democratización y desmilitarización del Estado y la sociedad, realizar una reforma agraria con enfoque de género, proceder con el desmontaje de la normativa y del modelo extractivista y avanzar en el establecimiento de un sistema de justicia independiente, entre otros puntos.
Poder popular
Según Ríos Munguía, para el gobierno es fundamental trabajar tres ejes estratégicos: el fortalecimiento del partido y su estructura a nivel nacional, mantener alianza multipartidista hasta donde sea posible y fortalecer la relación, colaboración e intercambio con el movimiento social y popular”.
En diciembre del año pasado, previo a la toma de posesión de Xiomara Castro, la Comisión de Transición instaló varias mesas donde diferentes sectores de la sociedad hondureña presentaron sus demandas[6].
En especial, la Comisión de Transición para movimientos sociales abarcó tres ejes: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua, ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del ambiente, tierra y territorio
De estos encuentros se sistematizaron 33 propuestas y se pasó a la fase sucesiva, es decir la búsqueda de las herramientas legales y fondos para soportar dichas propuestas.
A mediados de mayo pasado, se realizó el Encuentro nacional del poder popular para la refundación, donde decenas de activistas y organizaciones se reunieron con el objetivo de avanzar, desde la autonomía de los movimientos sociales, hacia la refundación de la sociedad, mediante la construcción de propuestas para ser implementadas por el nuevo gobierno.
“No va a poder haber cambios sin el apoyo popular. Me inclino por una fuerte alianza y unidad del movimiento social y popular con el gobierno, en plena autonomía y basado en propuestas programáticas”, manifestó Sosa.
(fin primera entrega – continúa)
Notas:
[1] http://www.rel-uita.org/
[2] http://www.rel-uita.org/
[3] http://www.rel-uita.org/
[4] https://www.pressenza.com/es/
[5] https://nuevanicaraguaymas.
