Tribunal impuso pena de 22 años y 6 meses de prisión
Casi un año después de que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia declarara culpable al ex presidente de Desarrollos Energéticos SA (DESA), David Castillo, por ser coautor del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, ese mismo tribunal lo sentenció a 22 años y 6 meses de cárcel. En Honduras la pena por ese tipo de delito es de entre 20 y 25 años.
Castillo ha sido también funcionario público y oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia militar estadounidense de West Point.
La audiencia había sido postergada en más de una ocasión, generando incertidumbre jurídica y despertando preocupación entre los familiares de la luchadora social, el equipo legal y las organizaciones nacionales e internacionales que, durante los últimos seis años, han acompañado la Causa Berta Cáceres.
Fernández explicó que esta sentencia va más allá de la cantidad de años que le impusieron a Castillo, sino que sienta un precedente en el país, porque recoge la historia de los últimos años de Honduras, frente al fenómeno de la concesión de sus riquezas mediante la corrupción y la violencia.
«Hemos venido peleando porque el sistema de administración de justicia recupere la verdad integral del asesinato de Berta (Cáceres). En la medida que lo haga, aflorarán las distintas aristas, los distintos enfoques que apuntan a la red criminal que ejecutó este y otros crímenes», explicó el abogado.
«No sólo el crimen de haberle quitado la vida a Berta, sino también el crimen político de generar terror en las comunidades (lencas), de pretender aplastar la resistencia y la dignidad de los pueblos que luchan en contra de una estructura criminal como es el extractivismo.
Esta sentencia allana el camino para que haya justicia en la Causa Berta Cáceres. Más allá de la cantidad de años de cárcel impuestos a Castillo, es importante entender la dimensión y el propósito político del crimen», agregó Fernández.
Para el miembro del equipo legal que representa a las víctimas, esta sentencia es el resultado de una construcción colectiva, desde la dignidad, sin transigir.
«Este proceso hay que recogerlo como una victoria popular. El Estado y la estructura criminal construyeron toda una leyenda para generar impunidad. Sin este trabajo de construcción colectiva, el crimen de Berta estaría impune.
Y en especial es un triunfo de esta gran familia global que demanda y construye justicia en la Causa Berta Cáceres».
Finalmente, Fernández quiso ser muy claro en decir que esta sensación de victoria no implica renunciar a seguir construyendo la victoria total, que significa llegar a procesar y castigar a los autores intelectuales.
«Roberto David Castillo es el primer funcionario en toda Latinoamérica que está preso por cometer un crimen de asesinato en contra de una luchadora social, de una defensora del territorio y de la autodeterminación de los pueblos», concluyó.
Vamos por los mandantes
Mientras en la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa se realizaba la audiencia de lectura de sentencia, decenas de indígenas lencas del Copinh desplegaban mantas con la leyenda «Castillo asesino» y levantaban afiches con los rostros de los miembros de la familia Atala Zablah.
En varias ocasiones, los familiares de la lideresa indígena y el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), del cual Berta Cáceres fue cofundadora y coordinadora, han señalado a los dirigentes de DESA como los autores intelectuales del asesinato.
«Habrá justicia completa cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen. Las investigaciones de expertos internacionales han evidenciado que existe una autoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres. Está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”, señala el comunicado del Copinh que fue leído tras conocer la sentencia.
La organización y los familiares de Berta Cáceres exigieron al Ministerio Público avanzar en el esclarecimiento de la autoría intelectual del crimen, al tiempo que lamentaron la decisión del tribunal de no imponer a Castillo la pena máxima.
Solamente así, aseguran, se podrá garantizar justicia integral para Berta, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron.
