Hace unos tres meses el gobierno español cambió el estatuto con el que trataba al Sáhara Occidental, favoreciendo a los intereses marroquíes, país que ocupa el territorio saharaui. Lamentablemente, la situación en Ucrania ha eclipsado el conflicto en el Sáhara y no es la primera vez que esto ocurre. Por eso, volvemos a traer el tema a nuestro programa y lo haremos de la mano de nuestro colaborador y compañero Jayro Sánchez.
Buenas tardes, Mariano. Es un placer estar aquí.
Jayro, empecemos explicando a nuestra audiencia en qué cambió la postura de España para con el Sáhara Occidental y qué efectos ha tenido.
Bueno, lo primero que hay que decir respecto a esta cuestión es que tiene un carácter sumamente complejo, sobre todo en el terreno jurídico. Como los oyentes ya sabrán, el Sáhara Occidental fue territorio colonial español desde finales del siglo XIX hasta el mes de noviembre de 1975.
En la década de 1960, en pleno proceso de descolonización del continente africano, España, como potencia administradora de la zona, decidió facilitar y garantizar la independización del Sáhara por recomendación de la ONU.
Marruecos y Mauritania, dos de sus vecinos más próximos, ya habían obtenido la independencia en 1956 y 1960, respectivamente. Y el primero de estos países reclamaba desde entonces la soberanía sobre el Sáhara Occidental y Mauritania, a los cuales incluía en un vago concepto geográfico-político conocido con el nombre de “Gran Marruecos”.
Hasán II, padre del actual rey de Marruecos, planeó una estrategia para ocupar el Sáhara Occidental de manera ilegal. Aprovechando la confusión y la debilidad provocadas en el seno del Estado español por la agonía del dictador Francisco Franco a lo largo de 1974 y 1975, el monarca alauí instó a 300.000 civiles (entre los que también se camuflaban soldados) a que invadieran de manera “pacífica” el protectorado español.
El Gobierno español se vio forzado a negociar para no iniciar una guerra y, una semana antes de que Franco muriera, firmó junto con Marruecos y Mauritania los Acuerdos de Madrid de 1975. En estos cedía la soberanía del Sáhara Occidental a los dos países norteafricanos mencionados con anterioridad, pero lo hacía de manera unilateral, sin contar con la aprobación ni el conocimiento de la ONU, e incumpliendo además la legislación internacional referente al proceso de descolonización (que se refleja en las Resoluciones 1514 de 1960 y 2625 de 1970 de la Asamblea General de la ONU).
Esto no le gustó al pueblo saharaui, que en el momento de la invasión preparaba la celebración de un referéndum mediante el que se iba a decidir si el Sáhara pasaba a ser una nación independiente o seguía bajo control español. Por lo tanto, la organización que lideraba el proceso de independencia, el Frente Polisario, inició una guerra de guerrillas contra los ocupantes del Ejército marroquí. La ONU medió para que se declarara una tregua en 1991 y envió a un equipo de pacificación al que se conoce como MINURSO para hacerla cumplir. A pesar de esto, de vez en cuando siguen produciéndose choques entre las fuerzas militares saharauis y marroquíes (sobre todo desde que a finales de 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara).
Desde su salida del Sáhara, España ha mantenido dos posturas respecto al conflicto. Durante décadas, ha mostrado una actitud ambigua que le permitía mantener buenas relaciones con Marruecos (un país de suma importancia en los ámbitos comercial, migratorio y de lucha antiterrorista) y con Argelia, que es el principal apoyo internacional del Sáhara y que exporta a España un 40% del gas natural que esta consume.
Pero, el 18 de marzo, se divulgó el envío de una carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al actual rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que se reconocía el plan de autonomía marroquí presentado en 2007 ante la ONU como la propuesta “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Este plan permitiría al Sáhara mantener una serie de competencias que podríamos tildar de locales, pero su aceptación significaría el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre un territorio que invadió y que ocupa de forma ilegal. Esto no es aceptable desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, ya que entre sus principios esenciales se encuentra el respeto a la soberanía territorial de cada Estado.
En cuanto a los efectos de este cambio de actitud de España, podríamos decir que su Gobierno ha pasado de tener problemas con Marruecos (recordemos la crisis vivida entre los dos países por el cruce masivo de inmigrantes irregulares a través de las fronteras de Ceuta y Melilla en el pasado mes de mayo de 2021) a tenerlos con Argelia (pues hace una semana que el Gobierno de Argel amenazó con suspender el tratado de amistad y cooperación que le une a España, lo que tendría importantes consecuencias económicas y energéticas).
El Sáhara no es que se haya quedado solo en su reclamo de soberanía, pero es cierto que más allá de la Unión Africana y Argelia en particular, son muy pocas las voces que exigen a Marruecos se retire de los territorios ocupados. La impunidad es total.
Sí. Como decía antes, Argelia es el mayor aliado de los saharauis. Ha acogido a los refugiados del Sáhara Occidental en la ciudad de Tinduf y es el principal valedor internacional de la causa saharaui.
De todas formas, hay que tener en cuenta que Argel presta esta ayuda de forma interesada. Apoyar a los saharauis es una forma de desestabilizar a Marruecos, que es una nación hacia la que los argelinos sostienen una marcada hostilidad desde hace muchos años. De hecho, estos dos países compiten por la hegemonía geopolítica en África del Norte.
Con el relativo silencio respecto a la cuestión del Sáhara tienen mucho que ver las alianzas entre las superpotencias y los países más poderosos de la región. Marruecos es el principal socio de EE. UU. y Francia en el norte de África, y eso ha hecho que los amigos europeos, africanos y asiáticos de los estadounidenses aplaudan o al menos guarden silencio sobre el plan de autonomía presentado por Marruecos, que es incompatible con los principios fundamentales del Derecho Internacional.
Por otro lado, Argelia es el apoyo más importante de Rusia en la zona. Este es un factor de importancia que se relaciona con la invasión rusa de Ucrania y la interrupción de la exportación de gas natural ruso a ciertos países europeos. Argelia, por sus reservas de hidrocarburos, se ha convertido en una pieza clave en el panorama geopolítico mundial.
Además, hay que tener en cuenta la introducción, en julio del año pasado, de ministros más moderados en el Gobierno español. La entrada del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, parece tener mucho que ver con este acercamiento a Marruecos, que es uno de los pasos que han seguido para completar el giro hacia el Atlántico y para fortalecer los lazos con el Ejecutivo de Joe Biden, el actual presidente estadounidense.
El expolio del Sáhara Occidental es un gran negocio que beneficia a unas cuantas empresas transnacionales, pero el costo humano ha sido terrible, ¿cómo medir los efectos de esta guerra intermitente?
No es posible calcularlos en cifras porque tratamos un asunto humano con una profunda carga emocional. Lo que sí podemos hacer es hablar de las víctimas de la guerra, cuyo sufrimiento no acabó en 1991. Dejando de lado los muertos y heridos de los dos bandos, la mayoría de los refugiados saharauis de Tinduf viven exiliados de su patria, aislados de sus comunidades originarias y en un lamentable estado de pobreza.
Los que han permanecido en el territorio ocupado por Marruecos se encuentran en una situación material algo menos precaria, pero solo se les permite expresar opiniones promarroquíes y son excluidos por los individuos que Marruecos ha trasladado hasta allí desde sus territorios septentrionales.
Y, en general, el conflicto ha provocado retrasos en la integración económica del Magreb, lo cual se plasma en la falta de inversión extranjera y en las bajas tasas de crecimiento económico, así como en el aumento de los niveles de inestabilidad política y de inseguridad social.
¿Qué instancias están trabajando en este momento en el conflicto saharaui, Jayro? ¿QUé podemos esperar de esas gestiones?
La situación en el Sáhara se ha examinado en diversos tribunales y organismos internacionales a lo largo de estas décadas. Hace unos meses, el Tribunal Internacional de Justicia, que fue creado en 1945 por la ONU para dirimir conflictos entre los Estados que aceptaran su jurisdicción, emitió una opinión consultiva sobre la cuestión de la soberanía saharaui. En ella se afirmaba que el Sáhara Occidental pertenecía al pueblo saharaui antes de que España lo conquistara, y que los jueces no encontraban vínculos legales que proporcionaran a Marruecos o Mauritania el derecho soberano sobre el territorio del Sáhara.
La cuestión sigue tratándose también en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité Especial de Descolonización y en la MINURSO, la misión de la que hablábamos antes y que está situada en el propio Sáhara para asegurarse de que la tregua no se rompa.
Eso sí, a pesar de la emisión de esta opinión del Tribunal Internacional de Justicia, el reconocimiento del plan de autonomía marroquí por parte de la potencia que la ONU todavía considera como administradora de iure de la región (es decir, España) no parece entrañar la imposición de una solución favorable al Derecho Internacional y a los saharauis.
