Aunque no sorprenda, no deja de asombrar la violencia perpetrada por la magistrada Joana Ribeiro Zimmer, quien negó el derecho a abortar a una niña de 11 años víctima de violación, demostrando hasta qué punto es perversa la agenda de costumbres del actual gobierno. En la misma semana, la fiscal Gabriela Barros fue brutalmente golpeada por su colega Demétrius Macedo, revelando la urgencia de detener la misoginia que impera como nunca antes en Brasil.

No son pocas las veces que ese “jefe de Estado” muestra su desprecio por las mujeres, habiendo llegado incluso, en 2017,  a llamar a su única hija fruto de una “debilidad”. Estas actitudes, por supuesto, repercuten y toman forma en sus seguidores y acaban potenciando y amplificando las conductas violentas dirigidas a las mujeres.

El desprecio que el actual jefe del Gobierno nacional siente por las mujeres no es nada nuevo. Ya en la campaña por la Presidencia de la República dejó clara su posición en temas de género. Preguntado por las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo, el entonces candidato respondió que debería judicializarse el tema, caso por caso.

En 2019, a pesar de todas las campañas y esfuerzos de innumerables personas y entidades que históricamente han buscado combatir el turismo sexual en Brasil, el propio Presidente de la República afirmó que “cualquiera que quiera venir aquí y tener sexo con una mujer hermosa, siéntase libre”.

En 2021, el actual titular del Ejecutivo Federal afirmó que la aprobación de un proyecto de ley que aumente la multa a las empresas que discriminen a las mujeres haría casi imposible su ingreso al mercado laboral. La discriminación contra las mujeres por parte del Presidente de la República no quedan ahí. En ese mismo año vetó una ley muy importante que preveía la distribución gratuita de toallas higiénicas a adolescentes vulnerables, como una forma de evitar que muchas abandonaran la escuela por no poder adquirir este artículo de higiene personal.

La discriminación también forma parte del comportamiento del “personal presidencial”. En 2018, el general Hamilton Mourão, vicepresidente de la República, dijo que los niños criados sin figuras paternas son fácilmente seducidos por el crimen organizado. Y para “ponerle la guinda al pastel”, el militar enfatizó que no estaba discriminando ni criticando a las mujeres, sino que estaba “constatando algo que ocurre de mofo evidente en nuestras comunidades carenciadas”.

Como vemos, Mourão no sólo criticó y discriminó a las mujeres, sino que lo hizo en relación con las mujeres de comunidades pobres y los niños del mismo origen. Además de sexista, también demostró ser clasista y racista, dado que la mayoría de las mujeres que viven en las comunidades necesitadas de nuestro país son negras.

Por si fuera poco, el actual gobierno tuvo como titular del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos hasta el último mes de marzo, a Damares Alves, quien en septiembre de 2020 afirmó que una niña violada por su tío de los 6 a los 10 años de edad, debería haber continuado el embarazo, porque “lo que había en el vientre de aquella niña era un bebé de casi seis meses”.

Ante estos hechos (y muchos otros no mencionados), podemos decir que las conductas de la jueza Joana Zimmer y del fiscal Demétrius Macedo no nos “sorprenden”, ya que ambos funcionarios públicos tienen ejemplos prácticos del desprecio hacia las mujeres, por parte del propio Jefe de Estado y su staff. Porque la violencia, en sus más variadas facetas, se ha convertido en la identidad del actual gobierno de Brasil. Usando a Maquiavelo como metáfora, podemos decir que los seguidores del actual presidente aactúan como los soldados que deben “amar al príncipe con espíritu militar,  insolente, cruel…”.

Sin embargo, el hecho de que no nos «sorprendan» no significa que estos comportamientos deban ser tolerados y aceptados. La sociedad brasilera en su conjunto debe exigir a los órganos encargados de monitorear la conducta de ambos funcionarios, que tanto la magistrada como el fiscal rindan cuentas para dejar un mensaje claro de que no nos quedaremos de brazos cruzados frente a estas formas de actuar.

Es necesario acabar con la banalización de la violencia en este país. No podemos dejar que estos ejemplos se conviertan en referencias para las generaciones futuras. De lo contrario, todas las luchas emprendidas hasta ahora no tendrán los efectos tan deseados por quienes defendemos los derechos humanos. Es necesario instituir tolerancia cero a la violencia practicada por personas, instituciones y por el propio Estado.