En los días anteriores al Golpe de Estado de 1973 se podía comprobar el grado de temor que manifestaba la derecha chilena ante el inminente gobierno de Salvador Allende. Se sabe que este estado de pánico los llevó a urdir la traición militar incluso antes de que asumiera el nuevo Mandatario. Históricamente renuentes a respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, los partidos reaccionarios, los grandes empresarios, los sindicatos y gremios amarillos aceptaron la encomienda como los millonarios incentivos que les llegaran de Washington para desestabilizar y derrocar al régimen de la Unidad Popular. Para llevar a cabo una conspiración que recibiera también el beneplácito de los principales sectores de la Democracia Cristiana y otras agrupaciones políticas.

Como olvidar el pánico que se vivía en Santiago desde la Plaza Baquedano hacia la Cordillera, donde siempre han vivido los chilenos más pudientes y dispuestos a trasgredir el Estado de Derecho cuando éste amenaza sus intereses. Tenemos el recuerdo de una bulliciosa, aunque pacífica, marcha por la Avenida Providencia que los colmara y los alentara a golpear la puerta de los cuarteles a fin de comprometer a las Fuerzas Armadas en una acción sediciosa.

Como tantas otras veces, los uniformados se constituyeron, prestamente, así, en las guardias pretorianas de los
sectores más ricos, así como de los inversionistas foráneos.

Una vez le escuchamos decir al historiador Gonzalo Vial que la derecha se comporta democráticamente solo hasta que quedan en minoría y se sienten afectados por la legislación y las reformas vanguardistas. Ante lo cual reaccionan como un verdadero animal herido frente a los alteren sus propósitos, los que no son otros que mantener su hegemonía social, garantizarse mano de obra barata y un pueblo ignorante para mejor someterlo.

En efecto, la nacionalización del cobre y la profundización de la Reforma Agraria desquiciaron a las patronales del campo y la ciudad, a la par de los arrebatos de las compañías mineras estadounidenses, una vez que fueran advertidas de que nunca más podrían acceder a utilidades tan escandalosas, y de que ya era hora que los trabajadores chilenos empezaran a recibir el usufructo de su esfuerzo.

De allí que el Dictador se propusiera luego devolverles a las compañías buena parte de lo expropiado, cesar abruptamente la asignación de tierras a campesinos y mapuches, así como imponer un esquema económico social con claros beneficios para la clase empresarial, en desmedro de los trabajadores que perdieron sus derechos sindicales y fueron reprimidos de la misma forma que los miles de presos políticos asesinados, encarcelados y exiliados. Consideremos, además, que hasta ahora la oficialidad reconoce el apoyo y la complicidad de la derecha hacia sus compañeros de armas, a los genocidas, corruptos y malversadores del erario público. Muchos de
cuales permanecen hasta hoy en la impunidad.

Lo curioso es que de nuevo pasa muy inadvertida la existencia de parlamentarios y dirigentes políticos y patronales que descaradamente llaman a la rebelión y buscan seducir a los sectores castrenses para que opongan sus armas a la nueva Constitución y a las leyes que prometen llevarnos a un nuevo paradigma político, económico y social. Lo lamentable es que, desde los propios sectores gubernamentales, de la izquierda y la centro izquierda, se demuestra tanta complacencia respecto de las lamentaciones derechistas que, tal como antaño, ejercen además un
incontrarrestable influjo en la prensa y los grandes medios de comunicación, asiduos a la deformación noticiosa y las mentiras cotidianas que nutren su sintonía.

No deja de ser sorprendente que otra vez se militarice la Araucanía para hacer frente a la justa rebelión de los mapuches y, de paso, proteger las inversiones y propiedades de las empresas forestales, turísticas y otras instaladas en territorios que ancestralmente pertenecen a nuestra etnia principal. Tal como consta, agrupaciones como la Confederación de la Producción y del Comercio y la Sociedad de Fomento Fabril se enardecen y piden mano dura a La Moneda para acribillar a las comunidades indígenas cuando a alguno de sus poderosos socios terratenientes e
industriales son atacados y se le insta a retirarse de un territorio que les fuera reconocidos a nuestros pueblos originarios con el nacimiento de nuestra República. En contraste, sin embargo, muy poco o nada dicen e relación a los líderes mapuches asesinados, torturados o encarcelados. Como si la vida de unos y otros no tuviera la misma dignidad.

Podríamos decir que todo se mantendrá en suspenso hasta septiembre, cuando la ciudadanía defina el destino de la propuesta por una nueva Constitución. Ilusionada, como está, ahora, la derecha con la posibilidad de que el rechazo a este texto pudiera revertir la enorme mayoría manifestada en las urnas al momento de elegir a los convencionales que asumieron su redacción.

Ciertamente, creemos que de nuevo en “mes de la Patria” podría desatarse la conspiración que de nuevo añoran. Confiados en que militares y policías podrían protagonizar otro episodio sedicioso.

Ante ello, desde luego, no vemos a la Moneda ni a los políticos de izquierda o centro advertidos y en preparación. Más bien, parecen enredados en lisonjear a carabineros y militares, olvidando rápidamente los despropósitos que suelen cometer cuando son instados por la jauría herida.

Asimismo, ya hemos comprobado en el pasado que nada puede ser más equívoco que los palmoteos de la Casa Blanca y las adulaciones de los grandes organismos financieros internacionales, verdaderos especialistas en cautivar a los políticos cándidos o de baja solvencia ideológica.