Los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Philipps son una demostración más de que el Estado brasilero viene recorriendo un camino oscuro. También demuestran que un país gobernado por alguien que no se cansa de predicar la violencia o despreciar la desgracia ajena, tiende a hundirse en las profundidades de la indiferencia hacia los derechos humanos. Lamentablemente, Brasil ha elegido este camino y necesitamos cambiar de rumbo urgentemente.

Las cifras de homicidios que hacen llorar de dolor a tantas madres de jóvenes negros todos los días, en los cuatro rincones de Brasil, serían más que suficientes para que nosotros, ciudadanas y ciudadanos de este país, exigiéramos al Estado una transformación innegociable en su política de seguridad y, sobre todo, políticas estructurales que garanticen los derechos humanos, visiblemente violados a diario. Lo mismo puede decirse cuando nos referimos a la indiferencia de ese mismo Estado con relación a los problemas que afectan a las poblaciones indígenas, principalmente la falta de garantía de su derecho a la tierra, que es análogo al derecho a la vida.

Esos son apenas dos de los muchos temas que deberían estar entre las primeras preocupaciones de todos y cada uno de los que vivimos en este país, porque no podemos admitir que el Estado, que es el responsable de garantizar todas las formas de protección a la vida de su población, esté haciendo justo lo contrario, por acción o por omisión, como viene ocurriendo históricamente y se ha intensificado en los últimos años.

Influencia/responsabilidad

Ningún gobierno en la historia de la república brasilera se propuso, seriamente, enfrentar con políticas verdaderamente consistentes las cuestiones referidas a las violaciones de los derechos humanos en este país. Ni siquiera los gobiernos del PT, considerados “progresistas”, que se limitaron a implementar acciones paliativas que no siempre tuvieron los efectos deseados.

Pero lo que realmente impresiona es que el actual gobierno no sólo deja de aplicar políticas orientadas a solucionar/minimizar estas violaciones sino que, contrariamente, desprecia esos males y muchas veces culpa a las víctimas, como hizo el Presidente de la República el último día 15, cuando afirmó que Dom Phillip y Bruno Pereira estaban llevando a cabo una “aventura desaconsejada”, y que el británico era “mal visto” por las notas que hacía.

Este gobernante que frente a la desesperación de dos familias que no sabían lo que había pasado con sus seres queridos, no tuvo el menor pudor en hacer semejantes declaraciones, es el mismo que quiso evitar el aislamiento social en el auge de la pandemia de Covid-19; el mismo que en ese mismo período hizo todo lo posible para que impedir que el Congreso Nacional aprobara un subsidio a las familias necesitadas; el mismo (¡imagínense!), a quien en medio de tantas muertes causadas por el coronavirus, le pareció “gracioso” escenificar a una persona muriendo por falta de aire; el mismo que minimiza el hecho de que más de 600 mil vidas (y pueden haber habido muchas más) se hayan perdido como consecuencia de su inoperancia.

Desafortunadamente, las aberraciones no terminan ahí. Este presidente desfila en motocicleta y jet ski mientras miles de personas pasan hambre en el país; es el mismo que le pregunta a la clase trabajadora si “prefiere derechos o empleo”; el mismo que afirmó que “si Jesucristo viviera en nuestro tiempo, compraría una pistola”. Pero lo más impresionante de todo eso es que, aun así, esta persona está siendo considerada para su reelección, con más del 30% de intención de voto según las últimas encuestas publicadas recientemente.

Dom y Bruno fueron asesinados por dos pescadores. Es verdad. Ellos confesaron. Hay una serie de especulaciones de que lo hicieron por encargo. Pero es necesario que nos detengamos a pensar en el grado de influencia/responsabilidad que puede tener en ese hecho horroroso, un gobernante que en todo momento hace apología de la violencia y que destruyó numerosas políticas públicas orientadas a salvaguardar los intereses de los indígenas y los pescadores (aunque sepamos que eran paliativas). Porque para este gobierno es crucial que el Estado esté separado de ese territorio llamado Amazonia, donde imperan la minería, la pesca ilegal, la deforestación, e incluso según algunos expertos, prevalece el tráfico de estupefacientes.

No olvidemos

También es preciso que pensemos en el grado de omisión del actual gobierno con relación a los peligros existentes en esa zona específica, el Vale do Javari, que Bruno Pereira denunció a la Policía Federal poco antes de ser asesinado, sin que ésta hubiera adoptado las medidas necesarias, alegando no contar con el equipamiento necesario para realizar las investigaciones en el lugar. La pregunta que no debemos callar es: ¿y por qué las Fuerzas Armadas no tomaron el control para evitar que la violencia se instalara y terminara en el asesinato de esos dos hombres?

Nuestras Fuerzas Armadas están preocupadas por las urnas electrónicas, por la “integridad” del proceso electoral, cuando no es asunto suyo inmiscuirse en esa materia. Están preocupadas por mantener sus cargos en la administración pública federal: en agosto de 2021 un estudio demostró que los militares ocupaban 70 órganos nacionales, con más del 15% del total de cargos; en abril de ese mismo año, el Presidente de la República publicó una medida que permitió a los generales recibir hasta 350 mil reales (68 mil dolares) en un solo año. Por lo tanto, las preocupaciones de nuestras Fuerzas Armadas son otras, muy diferentes a las de establecer el control del territorio amazónico para evitar la invasión de tierras indígenas, o la deforestación…

Como se ve, Brasil ha tomado el camino equivocado. La paz, la armonía y la vida no son parte de las aspiraciones de este gobierno instaurado en 2018. Y eso ha favorecido el recrudecimiento de los más variados tipos de violencia, incluidas las perpetradas por el propio Estado.

Bruno y Dom no fueron los primeros en morir luchando por los derechos humanos de las poblaciones indígenas amazónicas y por el medio ambiente. Recordemos a Chico Mendes y Doroty Stang, dos casos que también tuvieron repercusión internacional, pero que, lamentablemente, no sirvieron de motivación para que el Estado brasilero aplicara políticas estructurales dirigidas a la paz, la preservación ambiental y la conservación de la vida humana en aquel territorio.

Pero no olvidemos a Genivaldo de Jesús Santos, asfixiado por la Policía Federal de tránsito; Möise Kabagambe, golpeado hasta la muerte por un mal patrón que no quiso pagarle lo que debía; Durval Teófilo Filho, asesinado por su vecino militar que “lo confundió con un delincuente”; Marielle Franco, asesinada en una emboscada, porque exponía los abusos que ocurren en el Río de Janeiro ocupado por policías y parapoliciales; las masacres de Candelária e Vila Crizeiro (Rio de Janeiro), de Cabula (Salvador de Bahía)… ¡Lamentablemente, la lista es enorme!

¿Nos detendremos con Bruno y Dom o dejaremos que las cosas sigan el curso en que ya están y continuaremos fingiendo que estamos en un estado democrático de derecho?