Entrevista a Victoria y Virginia Naffa: dos docentes reprimidas, exoneradas y judicializadas por no mostrarse funcional y pasivas ante la deshumanización académica.
“¡Las universidades públicas son patronales también!”, sentencia Victoria Naffa, abogada y docente exonerada de la Universidad Nacional de Río Negro. Y contextualiza: “la universidad es relativamente nueva (2007), pero desde sus inicios, desde su gestación, se desarrolló como un feudo». Muchos integrantes de la familia del ex rector Juan Carlos Del Bello ocuparon algún cargo: la esposa, los hijos y los sobrinos. Hasta las novias de los sobrinos y los amigos de los hijos tuvieron un lugar en la universidad. Esta estructura piramidal familiar y empresarial delineó un rasgo característico poco discutido en la gestación de la Universidad Nacional de Río Negro. Un rasgo de corrupción que se conjugó con, por un lado, la poca claridad en la designación de las horas cátedras de la universidad y, por otro, la financiación por parte de empresas privadas (en su momento, Chevron Argentina S.R.L.) que recibe la universidad (en carreras como geología). Estos hechos puntuales y escandalosos fueron denunciados y puestos en tela de juicio por estudiantes y docentes de la universidad. Hoy esas mismas docentes (2) y estudiantes (14) han sido exoneradas y expulsadas de la institución. Reprimidas por el accionar excesivo de 200 gendarmes dentro de la universidad y llevadas a juicio por una gestión que demuestra abusar de su poder y tener sinceras y profundas intenciones con el modelo de desarrollo extractivista imperante en la región. Pronunciando, de esta manera, un caso testigo e inédito, sobre las fronteras represivas que puede abarcar y alcanzar el proyecto económico en la región.
Uno | Kiñe
Las prácticas coercitivas
En un proceso judicial, antes de llegar a la instancia de juicio, se deben transitar distintas instancias de mediación (dos por lo menos). Además, las pruebas y las diligencias judiciales deben poseer una contundencia probatoria irrefutable que avale la materialización del juicio en sí y toda “la inversión” de tiempo y dinero que este despliegue jurídico requiere.
«¡Esta causa no debería haber llegado a juicio! Primero porque se trata de una protesta docente-estudiantil. Un conflicto interno de una universidad que se supone debe ser autónoma y la autonomía implica la resolución de sus propios conflictos internos sin la intervención de actores ajenos. Pero también esta causa no debería haber llegado a juicio por todas las irregularidades que tiene. Y aún así llega a juicio”.
Una vez producido y direccionado el proceso judicial, tanto a Victoria y a Virginia Naffa (como al grupo de estudiantes judicializados), se les negó para su defensa la presencia de testigos de contextualización (historiadores y sociólogos) que permitieran dar su visión del rol de las protestas dentro de las universidades a lo largo de la historia, demostrando de esta forma que este proceso no trata de un hecho aislado. “Muchas de las personas que nos acusan lograron recibirse porque antes, en la historia, existieron protestas universitarias”, aclara Victoria Naffa. Y agrega:
“La denuncia la inició Arzone (Carlos), que era el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro. Y a partir de ahí el que toma la instrucción de la causa es (Horacio Hugo) Greca, juez federal de acá. Greca actuó, a mi modo de ver, con mucha hostilidad. Y esa hostilidad también lo llevó a cometer muchas irregularidades. Son cuestiones muy técnicas, pero tienen que ver con: hacer mal las imputaciones u ordenar medidas de pruebas que no correspondían; haber hecho actos judiciales sin la presencia de los testigos, cuando la ley requiere que los testigos estén presentes y sobretodo como el encuadre (jurídicamente) del hecho y las calificaciones: la usurpación y la coacción agravada son figuras que se utilizan para la criminalización de la protesta, pero jurídicamente son atacables por muchos lados. Aún así, aunque nosotras tuvimos una defensa muy activa –en el sentido de plantear todas estas cuestiones– en la instancia de instrucción resolvió el mismo Greca. Por lo tanto, iba a ser difícil frenar el avance de la causa, sobretodo cuando la toma estaba vigente.”
Esta convivencia parcial entre el poder jurídico y los representantes políticos del ámbito público y el privado no es novedosa. En la región son múltiples los casos en donde se logra distinguir con nitidez las relaciones carnales y obscenas entre fiscales, jueces, agentes estatales y empresarios. Un escenario microsocial de la corrupción representado en ciudades pequeñas en donde todo se sabe y todo se conoce. Los casos de gatillo fácil y desaparición forzada en la región son los casos más notorios y significativos. En esta causa en particular se coloca en el ojo de la crítica la convivencia de un juez de instrucción, el director de una universidad y los directivos de múltiples empresas extractivas. En este sentido, Victoria Naffa –que también forma parte de la defensa jurídica–, explica que aún no pueden saber quien es la fiscal o el fiscal de la causa.
“La primera orientación de la causa estuvo dirigida a doblegar la subsistencia de la misma. Ellos querían que la toma se levante por la presión que provocaba el proceso judicial. Cuando se dieron cuenta que eso no estaba funcionando, apelaron a la represión material y concreta que fue el desalojo de gendarmería. Y a partir de ahí quedó la causa orientada a la condena”.
Es evidente: todo el cerco mediático e informativo, al igual que la persistencia y hostilidad jurídica, está destinado a la condena. Una condena que pretende disciplinar a toda la comunidad educativa regional.
Dos | Epu
Los 200 gendarmes que dispararon balas de escopetas dentro de una universidad pública
El 10 de diciembre de 2018 un despliegue inédito de gendarmes se apostó en las afueras de la Universidad Nacional de Río Negro. En uno de los videos que se pudo captar ese día se puede ver cómo un grupo de gendarmes mantiene sus rodillas sobre el cuerpo de una persona –que más tarde se sabría que era una mujer. Más lejos de esa escena, aunque más cerca de la cámara, un joven de pelo largo esquiva un vallado policial para intentar ayudar a la persona rendida en el piso. Una tercera persona de fondo anuncia: “lo agarraron de los pelos”. Luego, los gritos y las corridas. La muchedumbre y la gendarmería. La cámara se aleja y se mueve, amplía su ángulo de visión, direccionando el foco hacia un camión hidrante transitando lentamente sobre una calle de asfalto. El camión hidrante rocía con agua a periodistas, estudiantes y activistas presentes. Una mujer mayor se toma los ojos, mientras que otra mujer más joven los frota con una rodaja de limón. Muy cerca de ahí, la cámara gira y muestra a un hombre desvanecido, de rodillas, con una mano en la cara. Y ahora sí, los disparos. Uno, dos, tres, cuatro disparos de escopeta. Una columna de militares que atraviesa toda la calle se mueve al ritmo lento del camión hidrante ubicado justo en el centro de la columna. Parecen detenidos, pero avanzan. Las personas presentes, las que están de a pie y las que están en el suelo, miran espantadas, intentando comprender que esos disparos de escopeta provienen desde el interior de una universidad, dirigidos hacia la propia universidad. ¡Incomprensible! ¡Excesivo! ¡Indignante! Una muestra fálica de poder de las autoridades de una institución que no está dispuesta a escuchar, que no puede escuchar porque tienen mucho que perder, ha apostado mucho, se juega mucho en su «disputa jurídico-económica». Le está impedido detenerse a escuchar el discurso crítico de un grupo de estudiantes y docentes, mucho menos el sonido altivo y vivaz de los ríos que tanto pretende usufructuar.
“Ellos, aun sabiendo que iba a haber poca gente, desplegaron 200 efectivos de gendarmería armados. Estando adentro nos preguntamos: ¿qué está pasando? ¿Por qué entran así? Personalmente no me sorprende que haya actores que lo hayan ordenado y avalado como Greca y Del Bello. Pero después hubo también personas que tenían la posibilidad no sé si de frenarlo, pero si de advertirlo o de denunciarlo o de repudiar. No lo han hecho. ¡Nunca lo hicieron! Y tiene que ver con (hablo de actores universitarios) lo que la universidad generó con el propio conflicto: no te metas, no cuestiones, no repudies, no te solidarices con determinados sectores porque vas a terminar de esta manera o parecido. Creo que el desalojo en sí fue un mensaje que se le dio a la comunidad universitaria de Río Negro, a la comunidad universitaria en general. Y a todos los militantes o personas que puedan intervenir en protestas de este tipo, porque creo que nadie puede dejar de pensar en un desalojo como posible, cuando antes se podía pensar como posible, pero también se pensaba en la gravedad del hecho y en las posibilidades de resistencia. Y creo que lo quisieron hacer de esa manera para generar el impacto que generaron».
Por su parte, Virginia Naffa (docente de artes visuales) recuerda lo que sucedió dentro de la universidad la mañana del 10 de diciembre de 2018.
“Para nosotras fue absolutamente violento desde el primer momento. Era difícil imaginar esa magnitud de violencia. Pero para mí, que haya sido a esa hora de la madrugada, ese fue el primer acto de violencia, porque por ley el desalojo puede ser cuando está comenzando a salir la luz, pero para nosotras era de noche. Entraba muy poca luz. ¡Era de noche! Había compañeres que estaban durmiendo, porque en una toma se duerme, no se puede estar despiertos ocho o nueve horas seguidas. Y ellos ingresaron con absoluta violencia, con armas, estaban las luces apagadas, en la zona de los pasillos. Las personas despiertas estaban en la cocina. Estaba oscuro, prendieron las luces y nos encontramos con cincuenta gendarmes adentro, en ese pasillo super angosto. Y lo primero que vemos es a gendarmes hombres, cuando adentro había siete mujeres y un sólo varón. Entraron con armas, cascos, chalecos. En ese momento nos agarraron, nos llevaron a la cocina, nos leyeron la orden de desalojo. Y al terminar de leer la orden, comenzaron a esposarnos. Ese fue el momento más violento. Después la justicia nos hizo una causa por resistencia a la autoridad, por habernos resistido a esa orden de detención. Por lo menos yo, como lo vivimos en ese momento, había poca correlación de fuerzas como para poder impedir que 200 gendarmes nos detuvieran. Pero tampoco era algo que podíamos permitir. Y eso llevó a violencia explícita por parte de los gendarmes. Física –o sea, nos pegaron–, verbal y de provocación. Hacía un año de lo de Santiago, y era un tema que los gendarmes mencionan mucho, que nosotras al estar encerradas en ese espacio, con esa cantidad de gendarmes, lo leíamos como un acto de provocación. Se hizo un allanamiento, ahí mismo, mientras estábamos esposadas. No nos dejaron presenciar ese allanamiento; osea, nos allanaron nuestras cosas. Estuvimos seis horas ahí adentro, totalmente incomunicadas. Nos separaron. Es decir, nos pusieron en diferentes lugares físicos dentro del vicerrectorado. Ésto imposibilitaba comunicarnos entre nosotras, saber como estábamos. Sólo escuchábamos gritos que venían de diferentes partes. Eso también fue, quizás no la violencia más explícita, en relación a la violencia física –un golpe o un disparo–, pero psicológicamente era muy violento, porque no podíamos saber qué le estaba pasando a la otra compañera. Y el otro momento violento fue en el traslado. El operativo fue todo grabado. Sabíamos que en algunos momentos las cámaras se apagaban, pero fue explícito cuando nos metieron en las camionetas. En el momento del traslado directamente apagaron las cámaras. Y por lo menos en el traslado donde estaba yo, se vivió mucha violencia física y de amenazas también. Si alguien intentaba frenar alguna situación o generaba alguna discusión con los gendarmes, se nos amenazaba. Pero no nos amenazaban con pegarnos a nosotras, sino con pegarle a la compañera que teníamos al lado. Después cuando salimos nos enteramos de la violencia que se vivió afuera del vicerrectorado. Cuando se montó semejante operativo, lógicamente las organizaciones, familiares se acercaron al vicerrectorado para repudiar el operativo y también fueron brutalmente detenidos”.
El sonido de los escopetazos fue interminable y ensordecedor. Tanto que aún hasta estos días continúan rebotando en las paredes de la universidad, sin que los actores internos de la misma, sepan muy bien lo que tienen que hacer con esos disparos que poseen en su interior reminiscencias de un pasado oscuro y nefasto dentro de la Argentina.
Virginia Naffa, docente exonerada de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto de Gustavo Figueroa
Tres | Kvla
Conflicto de intereses: convenios con empresas extractivas y desfinanciación de carreras críticas
En un estudio de impacto ambiental destinado a la aprobación de una represa sobre el río Nahueve, en la provincia de Neuquén, casi la totalidad de los profesionales que firmaron ese documento fueron profesionales egresados de la Universidad Nacional del Comahue. Y si bien el documento carecía de la aprobación de un arqueólogo, determinante en el estudio de impacto ambiental, el proyecto extractivo siguió adelante, demostrando una vez más los lazos de corrupción entre profesionales, el ámbito estatal y las empresas privadas. Por su parte, al denunciar esta situación los propios docentes (incluida una antropóloga social de El Bolsón que personalmente entrevisté) se desentendieron de la situación, argumentando que ellos simplemente cumplen con su trabajo y que no puede denunciar a las empresas que los contrató porque justamente firmaron un contrato de confidencialidad.
Por lo tanto este proceso no trata simplemente de exponer la decisión tomada por parte de las universidades regionales para formar profesionales funcionales al extractivismo, lo que se intenta colocar en tensión además son las prácticas coercitivas que existen en estos ámbitos educativos para que los profesionales, aunque no sean parte de los distintos proyectos extractivos de la región, se mantengan en silencio, sin cuestionar nada, sin criticar nada, sin solidarizarse con nadie, abocados a una política académica y profesional del silencio y la sumisión más cómplice que una patronal puede promover e imponer.
“Los consejos de la Universidad Nacional de Río Negro están integrados por actores ajenos a la universidad dentro de las cuales están las cámaras empresariales; o sea que las cámaras empresariales participan de la discusión de la política universitaria. ¿Y eso quién lo cuestiono? ¡Nosotras! ¡Las únicas! O muy pocas personas cuestionan eso dentro de la universidad. Se había gestado un proceso de cuestionamiento en Cipolletti, porque claramente, en esta lógica, las carreras y los procesos formativos de las personas que estudiaban carreras no vinculadas al mercado que eran estas dos (artes visuales y derecho) estaban relegadas. Entonces no tenés edificios, insumos. Artes visuales que requiere un montón de insumos, ‘no hay presupuesto’, te respondían. Pero si los de geología están viajando a todos lados, ¿y no hay presupuesto para artes visuales? Y bueno, pero ahí lo está financiando Chevron. ¡Ah! Eso fue creando, en primer lugar, un sentido de pertenencia en Cipolletti. Y segundo lugar, un cuestionamiento y una postura crítica hacia las universidades, que fue lo que desembocó finalmente en el proceso de la toma, donde no sólo se luchaba contra el presupuesto macrista, sino que -–dentro de los reclamos locales– estaba la mayor democratización y publicidad del presupuesto y de las cuestiones propias de la gestión que deberían haber sido públicas y que no lo fueron. Después, el reclamo fue mutando porque una vez que iniciaron los sumarios e iniciaron los procesos de criminalización, el reclamo era que no hubiera represalias por una protesta. Y después todo se fue intensificando, pero la génesis del proceso de la toma fue a partir de estas cuestiones, que en definitiva son las que molestaban a la universidad porque a nosotros se nos pregunta ¿por qué se las expulsa a ustedes como docentes y por qué se expulsa como estudiantes a quienes participaron de la toma –e incluso a otras personas que no participaron de la toma, pero que igual aprovecharon estos sumarios para expulsarlas? Porque la universidad tenía que volver a garantizarse su estabilidad, y había algo que la estaba cuestionando. Ellos destruyeron el proceso organizativo que se estaba gestando en Cipolletti, que era el único proceso organizativo que cuestionaba la raíz del problema de la universidad, porque si, puede haber otros actores en la universidad que critican cuestiones no digo irrelevantes –porque todos es relevante–, pero el único proceso que cuestionó la lógica mercantilizadora, privada, conservadora, disciplinadora, la lógica del mercado y la funcionalidad con respecto al sistema extractivista, fue el proceso organizativo de Cipolletti; y fue lo que ellos destruyeron expulsándonos. Porque quizás a nosotras no nos pudieron destruir porque nuestra convicción está intacta y nuestra militancia está intacta, pero sí destruyeron el proceso organizativo y a las carreras de criminología y de artes visuales, porque les estudiantes que quedaron estudiando ahí, quedaron cursando en una situación de absoluto desamparo, porque no es que mejoraron sus condiciones de cursada y sus condiciones presupuestarias. Su situación sigue siendo la misma, pero no hay nadie que reclame por su situación. Y creo que esa sí es la gran victoria de la gestión de la universidad más allá de lo que pasó individualmente con cada una de nosotras”.
¿Cuál es el sentido de dedicar toda una vida a promulgar y defender los valores incluidos en los derechos humanos y la concepción de emancipación, si finalmente toda esa preparación académica va a concluir en la destrucción de la fuente de la vida y la existencia de todas las formas de la vida: el agua?
Cuatro | Meli
La Universidad de Río Negro: la corrupción de una patronal con ambiciones extractivas
“Desde el origen de la universidad, desde el sueño de Del Bello de crear una universidad a su molde, la universidad de Río Negro es una universidad publica que responde a una lógica de mercantilización; una lógica de mercantilización que no se ha podido aplicar en otras universidades públicas por la resistencia estudiantil a partir de tomas universitarias y de toda la resistencia que se ejerció ante la Ley de Educación Superior. Esas resistencias que se crearon en muchas universidades, incluida la Universidad Nacional del Comahue, hizo que actores como Del Bello –que no es el único– tengan la posibilidad que le da el Estado, a partir del poder legislativo, de formar nuevas universidades que respondan desde el estatuto, desde su formación, desde su génesis, a esta lógica de mercado. Y si la universidad tiene una lógica de mercado, claramente tiene una lógica disciplinadora porque cualquier posicionamiento crítico dentro de la universidad va a atentar contra ese proyecto político de universidad que ellos tenían».
Recientemente visitó Vaca Muerta el presidente de la Nación Alberto Fernández. Durante su discurso expuso las razones, en términos estadísticos, de por qué es beneficioso que el extractivismo esté en manos del Estado y no de empresas privadas, como si el problema radicará en la índole administrativa y estructural de la misma, como si no se tratara de fronteras epistémicas, filosóficas e identitarias. Como si el problema se redujera a la funcionalidad, eficiencia y efectividad de un modelo de desarrollo u otro, desconociendo que coexisten en este territorio otras visiones de mundo incompatibles con el concepto de «zonas de sacrificio». ¿Cuántos proyectos, curriculares y presupuestos giran en torno al reconocimiento y la reivindicación de las “zonas de sacrificio”? ¿Cuáles son las consecuencias de estos modelos educativos y epistemológicos de desarrollo?
“La universidad es una patronal, pero es una patronal diferente’, argumentan. No, no es una patronal diferente. ¡Es una patronal! Que la universidad sea de todas o que tenga una lógica democrática o que pretenda ser democrática en algunas universidades no quita que también ocupe roles de poder como rol de patronal. Y en ese sentido sí hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. ¿Y si se atenta contra la universidad pública? No sé. Si la universidad pública precariza y si la universidad pública como patronal disciplina y extorsiona, el lugar que nosotras vimos que había que ocupar es el de cuestionar y denunciar esa situación, a costa de que se nos pueda llegar a criticar en este sentido, que efectivamente esas críticas desde el progresismo siempre aparecen. ‘Al final te estás equivocando de enemigo’, fue algo que escuchamos y que estuvo muy latente en el conflicto. ‘¡No le pegues a la universidad! ‘¡No le hagas daño a la universidad!’ Creo que el conflicto lo que tuvo es dar la posibilidad de demostrar que el daño a la universidad lo generó su propia política de disciplinamiento y represión”.
Tanto en la provincia de Neuquén, como en la provincia de Río Negro, conviven dentro de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro respectivamente, distintas carreras orientadas a fomentar la funcionalidad con respecto al extractivismo. Seguridad e higiene es una de las tecnicaturas que, por ejemplo, se impulsó durante mucho tiempo en la provincia de Neuquén para insertar a jóvenes en el mercado laboral del petróleo y el gas. Rápidamente estas carreras (como los estudiantes y trabajadores) comenzaron a quedar relegadas, siendo sustituidas por las ingenierías estrictamente excluyentes, dado que muy pocos jóvenes tienen acceso a estas extensas y costosas carreras. Peor aún, a partir de este tipo de carreras se comenzó a confeccionar un círculo cerrado de formación, una especie de “Arca de Noé académico”, en donde sólo se contempla un modelo de educación posible: el que es funcional al extractivismo. Argumentado, sostenido y fundamentado por una visión de mundo estrictamente eurocéntrica y antropocéntrica.
“Los procesos de criminalización tienen como objetivo quebrar a personas. Quien piense que el proceso de criminalización se oriente a otra cosa, no sé. No es el único objetivo, pero si es uno de los objetivos. Y creo que las principales consecuencias pasan por ahí. Después hay consecuencias que tienen que ver con el reafirmamiento de la identidad y las convicciones. En esto de intentar quebrarnos y disciplinarnos, la postura de resistencia implica reafirmar las convicciones que nos llevaron a hacer las protestas, la lucha y lo que se dio después. Y en ese sentido siempre se trata de catalogar o limitar en leerlos en términos de derrotas y victorias. Entonces se dice: ‘la universidad les ganó porque las expulsaron, las criminalizaron, las dejaron sin trabajo. Bueno, pero la universidad y el proceso penal no pudieron hacer que nos arrepintamos por ejemplo. No pudieron hacer que dejemos de luchar. No pudieron hacer que nos quebremos del todo. Entonces, yo creo que estos procesos no deben ser pensados en términos de victorias y de derrotas».
La gestión actual de la Universidad Nacional de Río Negro, junto al personal no docente que se presentaran como testigos, intentaron argumentar, dentro del proceso judicial que Victoria y Virginia Naffa –al igual que los estudiantes expulsados y judicializados– son agentes nocivos para la vitalidad de la universidad. Sin embargo, estas dos docentes han demostrado –y lo siguen demostrando– estar realmente comprometidas con la universidad. ¿O alguien que presencie todo el proceso que vivieron –y al cual están sometidas– podría pensar diferente? ¿Por qué dos personas aceptarían avanzar con todos estos procesos judiciales y gestos de estigmatización si no estuvieran realmente comprometidas con la educación pública y en particular las políticas que nacen y se forjan dentro de la Universidad Nacional de Río Negro? El compromiso y las convenciones que poseen ambas docentes (junto a cada una de las y los estudiantes) son las razones fundamentales que las han llevado a estar en el debate “jurídico-académico” en el que se encuentran. No es una valoración destructiva la que expresan. Todo lo contrario. Porque creen en la educación pública es que son críticas con la institucionalidad, porque saben que muchos de los estudiantes que se reciban de esta universidad, si no tienen una visión crítica al respecto, el día de mañana pueden estar avalando, desde distintas profesiones, las diferentes formas de extractivismo que se ejecutan en la región: fracking, megaminería, industria gasífera y petrolífera.
Son las ocho de la mañana del día lunes 9 de mayo de 2022. El geógrafo Javier Grosso publicó en su cuenta personal de facebook un mapa junto a la noticia: «urgente: fuerte sismo en Sauzal Bonito. Magnitud 4,5 ml según el cálculo de Red Geo-científica Chile y el USGS (United States Geological Survey). Caída de objetos y rotura de paredes en viviendas». Sauzal Bonito es un pequeño paraje colindante a la ciudad de Añelo. La gente que vive en este paraje sabe que los temblores son el resultado de la fractura hidráulica (fracking) que se produce en Añelo. Sin embargo, las empresas extractivas lo niegan y continúan con su proyecto incesante de agujerear todo Vaca Muerta, mientras que por su parte muchos profesionales recibidos en universidades locales argumentan que estos sismos son producto del «cambio climático». Otros prefieren mirar para otro lado o se pronuncian en contra de los pobladores calificándolos de “agoreros del desarrollo”.
¿Cuál es el rol de las universidades frente al extractivismo? ¿Cuál es la posición de la carrera de geología de la Universidad Nacional de Río Negro frente a estos sismos? ¿Desde qué perspectiva es abordada esta “problemática”?
En provincias donde prácticamente la economía está dolarizada, oponerse al proyecto extractivo regional significa un suicidio económico y sociocultural, autoexcluirse del proyecto de «integración regional». Está es la raíz profunda de este debate jurídico: el rol coercitivo de las universidades (como la de Río Negro) frente al proyecto económico extractivo de la región.
¿Puede una universidad ser una “sucursal epistémica” del negocio extractivo?
