Justiça Global, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raça e Igualdade), el Instituto Marielle Franco, Geledés (Instituto da Mulher Negra), el Observatório de Favelas y la Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la masacre del Complexo da Penha, ocurrida el martes 24 de mayo durante una mega operación policial en Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH pide que se garantice la protección de los habitantes de la comunidad y que se haga un seguimiento exhaustivo de las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, los datos resultantes de la masacre del Complexo da Penha, son:
- 25 personas muertas fueron llevadas al Hospital Getúlio Vargas;
- 01 cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML);
- 01 persona muerta fue llevada al servicio de emergencia del Complexo do Alemão con 08 disparos
- 07 heridos fueron llevados al Hospital Getúlio Vargas.
Esta violencia extrema es el resultado de la política de seguridad pública del actual gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, que desde su antecesor, Wilson Witzel, no ha respetado la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que determinó el cumplimiento por parte del Estado del ADPF 635, conocido como el ADPF de las favelas. Hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos de GPS y sistemas de grabación de audio y vídeo en los vehículos policiales y en los uniformes de los agentes; y, como consecuencia de esta matanza actual, no ha establecido límites a la fuerza letal. Como resultado, los cuerpos negros de las favelas y la periferia, viven constantes escenas de terror, e incluso sus hogares se convierten en un lugar de miedo e inseguridad para todas las familias.
Según se informó, los agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y de la Policía Federal de Carreteras (PRF), entraron en el Complejo Vila Cruzeiro a las 04:00 hs. de la mañana disparando con helicópteros y vehículos blindados como apoyo. La operación se desarrolló a lo largo de todo el día y, a pesar de la movilización activa de las organizaciones de la sociedad civil instando a las autoridades públicas a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista. En este sentido, las organizaciones firmantes urgen a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos, a realizar un seguimiento constante de la violencia policial en Brasil. Es inadmisible la continuidad de la actual política de seguridad, opuesta a los principios básicos de derechos humanos como el derecho a la vida y a la vivienda, así como a la protección del Estado. Es preciso decirlo: esta Masacre es una demostración más del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.
Lloramos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias del Complexo da Penha que, una vez más, vivieron y soportaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, carencias y lágrimas. Por todo lo anterior, compartimos las siguientes peticiones a la CIDH:
a) Que se pronuncie públicamente sobre este caso a través de un comunicado y haga un seguimiento de las situaciones de violencia denunciadas en este documento;
b) Que exija a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro la realización de investigaciones técnicas en el lugar, con la elaboración de informes de balística y de posibles signos de tortura en los cuerpos, garantizando el deber de dar a conocer la actuación del Estado;
c) Que los Ministerios Públicos del Estado de Rio de Janeiro y Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de las escenas de los criímenes, así como el impedimento de que los vecinos y activistas hablen sobre lo ocurrido;
d) Que el Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la masacre y las mantengan informadas de las investigaciones;
e) Considerando lo determinado en el ADPF 635 sobre la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida; que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de la seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de reprimir el narcotráfico y la criminalidad, argumentos que fundamentan la violación de los derechos humanos subyacentes a la política de seguridad pública en Brasil, se solicita que se notifique al Estado de Río de Janeiro su incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
f) Mantener comunicación directa con el gobierno brasilero cuestionando las medidas adoptadas para enfrentar la violencia policial, teniendo en cuenta los numerosos casos difundidos por la prensa brasilera y las organizaciones de la sociedad civil mencionadas.
