Editorial ARPAS
La ofensiva militar y policial que el gobierno mantiene desde hace una semana contra una de las principales pandillas está acompañada de un discurso que descalifica y estigmatiza a cualquier persona u organización que critica la falta de políticas reales de seguridad pública o denuncia abusos e ilegalidades que se cometen en el marco de la “guerra contra las maras”.
Esta narrativa acusa de “defensores de los pandilleros” sobre todo a organizaciones de derechos humanos y promotoras del estado de derecho que -por ejemplo- consideran innecesario y arbitrario el régimen de excepción decretado por la bancada legislativa oficialista y sus aliados por orden del presidente Nayib Bukele.
Organizaciones como CRISTOSAL, FESPAD, DPLF, IDHUCA y otras han sido calumniadas y atacadas en redes sociales. El propio presidente Bukele ha llamado “defensora de las pandillas” a la mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según esta retórica engañosa, las organizaciones utilizan el discurso de los derechos humanos para “defender a las maras”. Sin embargo, la realidad apunta en otro sentido: hechos comprobados indican que quien podría estar protegiendo y favoreciendo a miembros de pandillas es -precisamente- el gobierno que dice combatirlas.
Uno de éstos tiene que ver con las negociaciones del gobierno con las principales pandillas, que han sido reveladas por el periodismo investigativo. El semanario digital El Faro ha demostrado con documentos y otras evidencias que tales acuerdos existen.
Según dichas investigaciones, el gobierno negocia reducción de homicidios y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas a cambio de beneficios para pandilleros y sus familias. Incluso, analistas y expertos en seguridad como Jeannette Aguilar consideran que el pacto de Bukele con las maras no es como las treguas en gobiernos anteriores, sino que podría ser una “alianza estratégica para la gobernabilidad”.
Y otro es la negativa de la Corte Suprema de Justicia impuesta por el bukelismo de extraditar a miembros de pandillas que son reclamados por Estados Unidos. Publicaciones periodísticas señalan que estos cabecillas pandilleriles no solo no han sido extraditados, sino que hasta habrían sido liberados a pesar de tener condenas por homicidio y otros delitos graves.
Entonces, ¿quien protege a pandilleros? ¿Serán las organizaciones que proponen políticas reales de seguridad y piden evitar abusos contra la población civil en el marco del “combate contra las maras”, o son las autoridades estatales que pactan con ellas y no extraditan a sus miembros que son reclamados por la justicia estadounidense?
En vez de difundir narrativas falsas y descalificar a organizaciones de la sociedad civil, Bukele y su gobierno deberían convocar a un diálogo sobre la seguridad, renunciar a pactos mafiosos con grupos criminales, implementar verdaderas políticas públicas y combatir las causas estructurales de la violencia.
Finalmente, en este espacio editorial nos solidarizamos con todas las organizaciones difamadas por el gobierno y les animamos a continuar con su valioso trabajo.
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