A dos años después de los hechos, la muerte del periodista argentino sigue bajo sospecha. Sin su cuerpo, que fue cremado, las investigaciones se han centrado en fotografías, vídeos y testimonios. La familia, en tanto, apunta responsabilidades, o al menos torpeza, de algunos diplomáticos de la gestión anterior, en La Paz, Bolivia.

Por Noelia Carrazana

Nota de la Redacción: Este reportaje fue elaborado con apoyo de la Unesco y el Global Defence Fund, como parte de un programa internacional contra la impunidad de crímenes contra los periodistas.

En los meses previos a los comicios de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sacudido por los incendios en la Chiquitania, los paros médicos y la movilización de la oposición, la que había ganado sólo una elección desde 2005, tras el ascenso al poder del aymara Evo Morales.

El 20 de octubre, el día de las elecciones, en medio de una polémica con la oposición por la constitucionalidad de un tercer mandato sucesivo, Evo Morales obtuvo el 47,08 por ciento de los sufragios y se proclamó vencedor.

La oposición, que sería respaldada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, desconoció el resultado e inició una serie de movilizaciones que derivaron en la quema de tribunales electorales y alcaldías, además de agresiones a partidarios del presidente Morales, quien se fugó hacia Argentina.

Los hechos comenzaron a desencadenarse el 22 de octubre, dos días después de la votación, cuando el líder opositor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, convocó a un paro cívico indefinido en contra de la reelección de Evo Morales, el que logró copar las principales calles del país y retener la atención de los medios de comunicación internacionales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

El 6 de noviembre, cuando Camacho ingresa a La Paz para solicitar la renuncia de Morales, el periodista Sebastián Moro, describía un estado de colapso. “Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta”.

En esa misma fecha, el periodista Christian Velasco Rojas, miembro de la plataforma de comunicación, La Resistencia Bolivia, denunciaba amenazas en su contra en Facebook. “¿Qué democracia defienden? ¿La de la intolerancia, la del acoso, la del vandalismo? (…) Esta madrugada, a nombre de la Democracia, pintaron mi casa con insultos y amenazas, al mejor estilo del Fascismo Nazi donde marcaban las casas de los judíos para después quemarlas”.

“Recibí mensajes que llegaron a mi celular -prosiguió Velasco- que decían que ya había caído el presidente Morales y que ahora nos tocaba la muerte a nosotros. Esos mensajes le llegaron a toda mi familia”.

Mientras tanto, en Cochabamba, miembros de la paramilitar Resistencia Cochala -JCR-secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y quemaron el edificio consistorial. Ante las cámaras, obligaron a Arce a caminar descalza por la calle, sobre vidrios. Luego, la orinaron y bañaron en pintura roja, mientras le gritaban “asesina”. “Estoy en un país libre (…). Si quieren matarme, que me maten. Por este proceso de cambio voy a dar mi vida”, replicó la alcaldesa, mientras la retenían.

El periodista Marcos Moscoso, quien fuera compañero de trabajo de Moro recuerda que los miembros de estos grupos “actuaban en connivencia con la policía.”

Ataque a los medios públicos

Ya desde el 22 de octubre, día en que miembros de Resistencia Cochala queman los equipos de la radio Kausachun Coca en Cochabamba, la violencia se extiende hacia todos los medios públicos. Sufren ataques BTV-Bolivia TV; las radios de las organizaciones sociales, la Red Patria Nueva y la sede de la CSTUCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), donde funcionaba Prensa Rural.

En ese momento, Sebastián Moro, además de corresponsal de Página 12, era el editor de Prensa Rural, órgano de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, uno de los pilares del gobierno de Evo Morales. Aquella jornada, la página web de este órgano de prensa fue hackeada y su sede tomada.

El sábado 9 de noviembre se hizo viral la imagen de José Aramayo, director de Medios de la CSUTCB, atado a un árbol. Las bandas paramilitares que habían llegado a La Paz junto al cívico Luis Fernando Camacho, fueron las responsables de la agresión a Aramayo, quien posteriormente permaneció detenido por la policía, para ser liberado horas después.

“Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia”, fue el título de la última crónica que Sebastián Moro escribió para Página 12. “Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una ‘solución política’. La oposición pide la renuncia de Evo Morales. Los sindicatos agrarios salen a las calles de El Alto a apoyar al presidente”, escribió.

El domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunció por la mañana que convocaría a nuevas elecciones nacionales. La OEA, en paralelo, exigió la anulación de las elecciones presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios.

La cadena de TV UNITEL, así como otros canales masivos comenzaron a transmitir casi sin cortes las renuncias sucesivas de los ministros y del presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia al presidente. Finalmente, a las 17 horas, Evo Morales anunció su renuncia, después de 13 años en el poder.

Jeanine Añez se autoproclama presidente de Bolivia en una sesión de la Asamblea, sin el quórum que establece la normativa. Dentro de su gabinete, Roxana Lizárraga, es nombrada ministra de Comunicación, quien en una de sus primeras declaraciones apunta a la prensa.

“Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana (…) ya se tiene identificados a estos comunicadores”, advierte la nueva ministra.

En medio de esta situación, la embajada argentina comenzó a refugiar a los periodistas y camarógrafos de su país que habían llegado para cubrir la crisis y el golpe de Estado.

A Sebastián Moro no se lo buscó, ni se lo refugió. El domingo 10 de noviembre de 2019 nadie pudo ubicarlo en su teléfono. Finalmente, fue encontrado agonizando en su casa del barrio paceño de Sopocachi. Sus hermanas Penélope y Melody, Sabrina, su sobrina, y su madre, Raquel Rocchietti comenzaron ese día su calvario.

La Paz es un campo de batalla

La periodista argentina Gloria Beretervide, que había vuelto a su país desde Bolivia el 25 de octubre, relata sus últimas conversaciones con Sebastián Moro. “El sábado 9 de noviembre Sebastián fue entrevistado por mi para mi columna regional programa Fe de Radio de Bolivia y sobre el golpe que se venía, esa noche volví a hablar a las 22 horas ya que Sebastián debía presentarse al día siguiente a las 9 de la mañana hora de Bolivia en un conocido programa de radio con corresponsales internacionales en el mundo”.

Su hermana Penélope Moro relata que el sábado 9 de noviembre, a las 23 horas, habló con Sebastián por última vez. Le contó que debido a los bloqueos había desistido de presentarse en el programa Abya Yala TV. Sin embargo, le comentó que iba a salir caminar para tomar un poco de aire, tal como lo hacía frecuentemente. Penélope y el resto de la familia en Mendoza preocupados por la situación que Sebastián describía, pasaron una noche en vela.

La mañana del domingo 10, al no lograr comunicarse con Sebastián, la familia comenzó a llamar a conocidos y amigos que pudieran visitar la casa del periodista. Todos tenían miedo de hacerlo ante las amenazas recibidas. Finalmente, un testigo hoy protegido por la justicia boliviana, acepta el encargo y encuentra a Sebastián recostado en su cama, descompensado y aparentemente en estado de semi-inconciencia.

“Yo lo encontré en la cama, incluso me reconoció. ‘Estoy bien, hola Willy’, me dijo. Estás mal le respondí. Sebastián insistía que estaba bien, pero y yo me di cuenta que no porque todo olía fuertemente a orina. Cuando llegamos a la clínica Rengel, me llaman las enfermeras para que lo cambie y ahí veo los golpes en su brazo y cuerpo. Ya después vinieron los del consulado argentino y entonces yo ya lo dejé a su cargo y no fui a verlo más”, explicó el testigo.

La familia decide viajar inmediatamente mientras se comunican con el Consulado y la Embajada argentina en La Paz. Penélope logra viajar el mismo día en que la senadora Jeanine Añez asume la presidencia.

En La Paz, el Consulado argentino informa a la familia que no puede proveerles respaldo económico. La Embajada, debido supuestamente a la violencia callejera, rechaza proporcionarle ayuda para salir del aeropuerto de El Alto hacia La Paz, ciudad donde estaba Sebastián internado.

Penélope Moro explica que la falta de colaboración de las autoridades diplomáticas argentinas se dio desde el principio. Esta situación es denunciada por la familia en la prensa y consta además en la causa sobre la muerte de Sebastián Moro

Penélope, con la ayuda de amigos, logra salir de la terminal aérea y sortear los enfrentamientos. “No había forma de salir de El Alto por los bloqueos con fuego; en ese contexto no servía para nada la credencial de periodista. Fuimos y volvimos varias veces, había lugares donde teníamos que bajarnos para sacar las piedras muy pesadas que estaban colocadas en las calles para bloquear. Nos camuflamos con banderas blancas como las que usaban las ‘pititas’ (golpistas) y así tardamos sólo seis horas en llegar a la clínica Rengel”, recuerda ella.

Una vez en la clínica, Penélope logró ver a su hermano después de horas de espera. Allí le entregan un parte médico donde le señalan que había tenido varios accidentes cardiovasculares e incluso le informan que su hermano ingreso en estado alcohólico, así incluso figura en algunos testimonios del personal del nosocomio en la causa que está cursando en Bolivia. Esa jornada llegan a Bolivia Raquel Rocchietti y Melody Moro, madre y hermana de Sebastián, respectivamente.

La lejanía con la embajada

“El 14 de noviembre de 2019, el embajador argentino Normando Álvarez García, dio una conferencia de prensa donde afirmó que los periodistas argentinos estaban bajo el amparo de la embajada, pero se olvidó que en la clínica estaba muriendo un periodista argentino”, sostiene Raquel Rochietti, madre de Sebastián. Penélope, por su parte, cuenta que cada vez que entraba a la clínica Rengel del barrio de Sopocachi, era requisada por los pititas y que en ningún momento se sintió resguardada.

El día de aquellas declaraciones, los periodistas argentinos efectivamente lograron salir de Bolivia, como muchos otros corresponsales.

Pero la violencia no cedía, el viernes de aquella semana se produce la Masacre en Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después la de Senkata en la ciudad de El Alto, con un resultado de más de treinta personas muertas y centenares de heridos, según el último informe del grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – OEA).

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo investigando los hechos bajo la gestión de Añez por más de seis meses, concluyó el 17 de agosto de 2021 que “durante ese tiempo, los insultos al periodismo fueron habituales y, como ocurrió en otras ciudades y eventos incluidos en este informe, las periodistas mujeres recibieron injurias de marcado tono sexista que se sumaron a los agravios dirigidos a todos los agentes de prensa.

“Muchos profesionales -ahondó el reporte- fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados (…) no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”.

“Un caso particularmente grave fue la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista argentino Sebastián Moro”, remarcó aquel documento. “Se le identificaron politraumatismos en todo el cuerpo”, concluyó.

Tras el informe del GIEI, el presidente boliviano, Luis Arce, mencionó por primera vez a Sebastián Moro como parte de las víctimas del golpe de Estado.

Asimismo, en julio de 2021 su caso fue recogido por algunos medios masivos, luego de que el nuevo gobierno boliviano denunciara el envío de armas desde Buenos Aires a La Paz, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, en las horas posteriores al golpe de Estado.

Por su parte, un informe elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, advirtió que resultaron “preocupantes las declaraciones públicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habrían cometido el delito de sedición”.

“Afirmaciones como esas podrían alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación, generar autocensura e inhibir coberturas independientes”, subrayó ACNUDH.

Volver con las cenizas

La familia de Sebastián recuerda aquellos días, como de extrema precariedad. “La clínica no tenía nada; le entregaba recetas a Penélope con medicación que cualquier centro de salud de emergencia primaria tiene. Le pedían insumos hospitalarios que mi hermana no encontraba en la farmacia. Nosotras mismas llevamos una gran cantidad de medicación e insumos: agujas, sondas, cintas que nos pedían todo el tiempo. Hay una investigación sobre ese tema ya que se trata de una clínica privada que nos cobró miles de pesos y tenía todo tercerizado. No podían hacerle ningún estudio a Sebastián”, explica Melody Moro.

“Hubo mucha manipulación en la clínica -prosigue-. Un día nos hicieron preparar para desconectar a mi hermano y cuando después llegamos, nos dicen que no estaba en condiciones de ser desconectado. Estamos hablando de médicos, de cardiólogos, de especialistas. No nos permitían tocarlo o verle la espalda porque nosotras ya habíamos advertido algo raro. Habíamos visto golpes en el cuerpo de mi hermano; la clínica nunca nos devolvió su ropa”, cuenta su hermana Melody.

Normando Álvarez, quien fuera el embajador de Argentina en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, es acusado por la familia de Moro de indiferencia y descuido. “Él venía siempre como saliendo de un partido de tenis o algo así (…) cuando nos enteramos que la embajada estuvo implicada en el envío de armas, sentí que estuvimos mi mama, mi hermana y yo en manos de un criminal ya que no solo nos negó el avión sanitario, declara la hermana de Sebastián, Penélope.

También explica que el embajador “se llevó las recetas con los medicamentos que mi hermano necesitaba y nunca me las devolvió ni trajo la medicación”. Desde la embajada lo único que se nos ofreció fue un descuento para hospedarnos en un hostal”, recuerda Penélope Moro.

Esa semana del 11 de noviembre no había bancos debido a las protestas masivas que ocurrían en todo el territorio boliviano. Esto impedía cambiar el dinero argentino a pesos bolivianos para comprar la medicación que necesitaba su hermano. Desde la clínica “nos hacían pagar por día el oxígeno y comprar todos los insumos en el momento, cosa que veíamos que no ocurría con todos los pacientes”, relata la también periodista Penélope Moro.

Sebastián muere el sábado 16 de noviembre a la medianoche. “Yo siento que esa hora marcó una muerte para comenzar a renacer cada día”, afirma su madre.

Raquel también evoca que “el embajador (Normando Álvarez García) apareció con las recetas, pero sin haber comprado los medicamentos, cuando ya se llevaban el cuerpo de Sebastián”.

“Melisa Campitelli, la cónsul argentina en La Paz -prosigue la madre- nos acompañó más que el embajador, y nos dijo que para volvernos más rápido lo mejor era cremar el cuerpo de Sebastián, y la Cónsul se apresura a hacer todos los trámites. Se nos pasa por alto, ante la situación de haber visto marcas en el cuerpo de Sebastián, el hacer una denuncia policial porque el informe médico continuaba diciendo ACV y politraumatismos. Entonces, hay negligencia por parte de la Cónsul y de la clínica. La Cónsul, la abogada Melisa Laura Campitelli Mayor, en su doble rol de abogada y autoridad consular no podía ignorar que al cremar un cuerpo se pierde la mayor evidencia al momento de averiguar el porqué del deceso”.

Para la familia, también es llamativo que el embajador, sabiendo que Sebastián estaba internado en la clínica, no hubiera generado los mecanismos necesarios para poder trasladarlo en el avión, conjuntamente con el resto de los periodistas argentinos.

Por ello, la madre de Sebastián indica que “hay responsables de todas estas situaciones. “El 14 de noviembre, cuando llega el avión Hércules con el material bélico (desde Argentina) para reprimir al pueblo boliviano, en ese Hércules, Normando Álvarez a la madrugada del 15 envía a los periodistas argentinos de los grandes medios para protegerlos. A nosotras nos había dicho que no era posible que llegara un avión sanitario por el contexto que se estaba viviendo. Al enterarnos posteriormente de la causa de las armas argentinas a Bolivia, eso también fue un golpe para nosotras”.

El 29 de noviembre, en la embajada argentina de La Paz, el embajador Álvarez García, realizó un agasajo a los golpistas, en una ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia por casos relacionados al golpe de estado de 2019.

El diario digital argentino El Destape Web en una investigación con fotografía incluida da cuenta que también estuvieron militares estadounidenses, brasileños y ecuatorianos.

Mujeres que luchan por Memoria, Verdad y Justicia

“A mí la cultura ancestral no me alcanza para sanar, será porque acá somos diferentes, la muerte para nosotras es la ausencia de alguien a quien no vamos a ver nunca más y cuando se trata de una muerte que no es natural tenemos la necesidad y la urgencia de hacer el camino de justicia”, testimonia Raquel, la madre de Sebastián.

“Cuando volvimos de Bolivia, a pesar del dolor, nos sentábamos las tres, y con lápiz y papel, nos poníamos a pensar cómo íbamos a denunciar. A nosotras nadie nos calló desde que volvimos, nosotras dimos nombre y apellido y no sabemos a dónde nos va a llevar el proceso judicial. Nosotras lo vimos golpeado (a Sebastián)”, denuncia.

En Argentina hay dos causas abiertas, en las que se pide la investigación para el esclarecimiento de la muerte del periodista, una radicada en Córdoba en la que la familia Moro es querellante, por delitos de Lesa Humanidad.

Esa causa contra algunos funcionarios del gobierno de Jeanine Añez, se presentó ante la Justicia Federal Argentina. La segunda causa se abrió en Mendoza y está a cargo del patrocinio legal de la abogada Viviana Beigel. Ambas demandas se presentaron invocando el concepto de jurisdicción universal.

También en Bolivia existe una denuncia que instruye la fiscal Dubravka Jordan Velázquez. “La causa está calificada como ‘homicidio’, pero no se detuvo a nadie, no se produjeron pruebas ni se reconstruyeron los hechos; hay poca seriedad en la investigación”, criticaba Beigel antes de los últimos testimonios de testigos clave y de la verificación del lugar del hecho que tuvo lugar el mismo día del aniversario de la muerte de Moro, el 16 de noviembre de 2021 en La Paz.

“Hay sospechas muy serias que nos llevan a suponer que (Sebastián) podría haber sido asesinado a golpes a partir de un ataque que se produce hacia la población civil, en el marco de un ataque generalizado a la población. Estamos esperando los resultados de la justicia boliviana”, señala la abogada mendocina.

Por su lado, la nueva abogada boliviana del caso Moro, Mary Carrasco sostiene que el escenario judicial es complicado, debido a que el cuerpo fue incinerado, pero aclara que existen muchos testimonios y fotos que pueden ser analizados por expertos, para finalmente llegar a la verdad.

El 16 de noviembre de 2021 se realizó la pericia del lugar donde vivía Sebastián, Carrasco explica: “quisimos reconstruir sus últimas horas: ha habido actos de tortura, su brazo tenía rastros de haber estado envuelto con alambre de púas, su rostro estaba golpeado, su muñeca estaba inflamada, sus piernas de la misma forma, pero algo que ha sido letal y contundente fue el golpe en el pulmón que ha logrado su desplazamiento. Entonces eso no era evidente a los ojos de quien lo socorrió, pero en la clínica dan cuenta que ese fue el hecho más grave”.

“El Ministerio Público -detalla la jurista- ha pedido materiales de esa clínica, se han pedido testimonios de los médicos que han visto a Moro. Llamativamente están todos becados, haciendo cursos en el exterior, pero sí hemos obtenido declaraciones de las enfermeras. Es una investigación compleja por el tiempo, pero tenemos que establecer cómo y porqué matan a Sebastián; para ello el derecho procesal boliviano tiene muchas herramientas: la prueba documental, la prueba testimonial, las fotografías, las filmaciones, pero sustancialmente la pericia nos ayudará. Tenemos un historial médico, las placas de los órganos de Sebastián y el primer diagnóstico errático en el que indican que él se auto infringió los golpes porque estaba en estado alcohólico o drogado, sin hacerle las pruebas que corresponde. Esa tesis se desplomó no solo por lo que estamos viviendo hoy, sino por todos los testimonios que se están llevado adelante”.

La penalista denuncia, al igual que la familia, que muchos médicos eludieron denunciar estas agresiones. Y no solo eso, según ella. “Hay víctimas -del gobierno de Añez- que manifiestan que en esos momentos cuando entraban a las clínicas, los médicos avisaban a los policías, pero no para hacer una averiguación, sino para amedrentarlas”.

“La historia clínica está llena de errores, controversias, evoluciones de Sebastián que no tienen nada que ver con lo que nosotras vimos como testigos, y el no tener el cuerpo es un delito grave, culpa de la embajada y de la clínica, ya que nosotras desconocíamos la ley boliviana. Cuando un centro de salud recibe un paciente en el estado de mi hermano tiene la obligación de denunciar el hecho, nosotras no tuvimos ni siquiera la asesoría de las autoridades consulares y la clínica no denunció el hecho; seguramente el cuerpo habría tenido una autopsia correspondiente y lo único que se nos dio como opción desde la Embajada, fue la cremación porque un avión sanitario era peligroso que aterrizase en La Paz”, recuerda Penélope.

La hermana de Sebastián culmina explicando que “la pericia que se realizó en noviembre del año pasado fue muy importante; es la primera que se hace en dos años con la Fiscalía y el equipo de investigación. Estuvieron presentes mi madre y mi hermana aportando testimonio en la causa. Lo más novedoso de esa verificación de hechos como le llaman allá, es que vino la persona que ayudó a mi hermano y lo llevó a la clínica, y dio su testimonio. Allí con la fiscal, los investigadores, y nuestra abogada Mary Carrasco, ingresamos a la casa de Sebastián”.

Campaña por justicia para Sebastián

En la cultura aymara, el Ajayu es el alma que forma parte del cuerpo de las personas. Según esa creencia, cuando una persona sufre un accidente o un hecho de violencia, el ajayu se va del cuerpo físico y recién vuelve cuando el cuerpo está en armonía. En el caso de Sebastián ya no hay cuerpo adonde volver, pese a lo cual amigos de Sebastián invitaron a su familia a un ritual similar.

“Algunos compañeros de Sebastián nos llevaron a hacer un quitapena (ceremonia de despedida) al Montículo, un lugar que a él le gustaba mucho. Compramos salteñas (empanadas) y nos hicieron poner una foto en el medio, junto a una manta, unas hojas de coca, tabaco. Armamos una ronda y allí cada uno comenzó a hablar de cómo lo habían conocido, de la música que le gustaba (…); le agradecían mucho a mi mamá porque lo había traído a la vida, le decían gracias porque nos ha enseñado a contar las historias, porque nos ha pasado autores. Fue muy fuerte”, cuenta Melody.

Raquel Rocchietti en su declaración ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) sostuvo que la muerte de Sebastián “fue un mensaje aleccionador para la prensa libre. Él se convirtió en la primera víctima de la dictadura que se instaló en Bolivia. Hubo inteligencia sobre sus actividades. Negarlo, callarlo, ocultar pruebas, constituye un delito de lesa humanidad”.

“En el caso de Sebastián las responsabilidades caen en la policía, porque en ese momento estaban amotinados, pero no estaba aún el gobierno de facto de Añez, ni tampoco estaban aun los militares y al día de hoy no hay nadie preso o imputado por la causa de mi hermano, por eso es que pedimos que estas causas se empiecen a juzgar como crímenes de Lesa Humanidad, hasta ahora solo hay imputados por delitos por causas de corrupción y delitos económicos”, indica su hermana Penélope.

En los últimos meses, la Justicia boliviana comenzó a emitir condenas contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, incluido Roger Revuelta Villaroel condenado justamente a doce años de prisión por el delito de tentativa de asesinato y lesiones graves contra el periodista Adair Pinto.

El hecho ocurrió en 2020 cuando Revuelta ingresó a un bar y junto a un grupo de la Resistencia Juvenil Cochala -RJC-, insultó al periodista que había denunciado públicamente en un medio radial, a Jeanine Añez por el golpe de Estado. Revuelta amenazó con violar a su hermana menor de quien tenía una foto. Luego de 20 minutos, cuando Pinto salía del local e intentaba subir a un taxi, fue interceptado por Revuelta quien lo acuchilló en el corazón, en el muslo y en el abdomen.

En ese marco, el actual Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo a la periodista argentina, Gloria Beretervide, luego de conocido el informe del GIEI, que el caso de Sebastián Moro “tiene que ser investigado”.

“Todo apunta que fue un asesinato, directo y con ejecución”, subrayó.

El caso de Sebastián Moro quedará abierto para su familia, sociedad latinoamericana y organismos de derechos humanos para siempre, al igual que muchos otros asesinatos, violaciones y vulneraciones de derechos humanos por parte de dictaduras cívico, militar, policial, eclesial, en países empobrecidos por unos pocos que detentan el poder económico que oprimen al pueblo haciendo abuso de la figura de partidos políticos en nombre de la “democracia”, enmascaran sus propios intereses mezquinos.