Esta semana hemos conocido el veredicto que condenó a Nicolás Zepeda a 28 años de cárcel y al pago de una indemnización de $150 millones por el crimen de Narumi Kurosake ocurrida en el año 2016 aun cuando el cuerpo de la víctima no ha sido encontrado.
En comparación con nuestro sistema parece sorprendente que la deliberación fuera realizada por un jurado compuesto por tres magistrados y seis civiles -tres hombres y tres mujeres-, nueve en total necesitando siete, como mínimo, para condenar.
La participación de ciudadanos de manera aleatoria, por tómbola como dirían en Chile, quienes buscan mantener sus privilegios, tiene como objetivo que su decisión esté basada en los hechos presentados por la parte acusadora y la defensa y menos influenciada por los tecnicismos de la ley y el tráfico de influencias.
Cuando en el país se están elaborando las bases de nuestra institucionalidad a través de una Convención Constitucional que elaborará la propuesta de una nueva Constitución, el sistema de justicia francés nos ha dado una lección de lo que significa igualdad ante la ley.
Si bien el sistema de justicia chileno ha experimentado mejoras desde la reforma procesal penal, dista mucho de garantizar la igualdad ante la ley. Muy elocuente resulta recordar las palabras de la Hermana Nelly León durante la visita del Papa Francisco a la cárcel de mujeres de Santiago cuando señaló que “en Chile se encarcela la pobreza”, una manera muy gráfica de decir que los privilegios, muchas veces, están por sobre la ley.
Esta realidad no solo está a nivel de tribunales de justicia, sino que es práctica habitual en las más diversas instituciones. Conocido es el caso del capitán Rafael Harvey quien denunció hechos de corrupción al interior del ejército y fue dado de baja acusado de sedición.
En el trabajo desarrollado por Fundación Semilla en el ámbito escolar también nos encontramos con defensas corporativas para proteger a colegas acusados de violencia por estudiantes o justificación de acoso realizado por estudiantes hombres responsabilizando a las mujeres víctimas por su manera de vestir, acusándolas de provocadoras.
En nuestro estudio sobre violencia en contextos escolares encontramos que solo un 7% de quienes han sido violentados recurren a los mecanismos formales para cursar sus denuncias. Los y las actores más débiles no solo sienten que no encontrarán justicia, sino que piensan que se puede volver en contra de ellos. Tal es el caso de una apoderada que no se atreve a denunciar el matonaje del que es víctima su hijo, porque el agresor es hijo de una docente del mismo establecimiento y teme recibir represalias por denunciar.
La igualdad ante la ley o la igualdad de trato ante situaciones de inequidad son determinantes para lograr una buena y sana convivencia y por ello siempre se debe estar alerta para evitar favorecer a quienes ostentan algún privilegio.
