En India se usa cada vez más tecnología para vigilar la disidencia, y sobre todo a los manifestantes, lo que provoca un efecto escalofriante en la libertad de expresión. Desde 2018 ha habido al menos tres protestas importantes de distinto tamaño, que han tenido todas el mismo resultado: uso indiscriminado de herramientas tecnológicas para supervisar y reprimir manifestantes.
Tecnología en la política
El 5 de agosto de 2019, el Gobierno de India revocó el artículo 370, que daba un trato especial al antiguo estado de Jammu y Cachemira, y lo devolvió al territorio de administración centralizada. El artículo 370 ofrecía a los habitantes de esa región un cierto grado de autonomía política respecto al resto del país. Para explicar esta medida en el Parlamento, el Gobierno argumentó que facilitaría la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el subdesarrollo de la zona. Tras esta decisión, el Gobierno impuso un bloqueo total de las comunicaciones en Jammu y Cachemira. Según informes, varios líderes políticos fueron detenidos, se restringieron los medios regionales y se prohibieron las reuniones públicas. La poca información disponible sugiere que se produjeron algunas protestas cuando se levantaron gradualmente las restricciones, aunque los medios oficiales lo niegan.
Unos meses después, el 11 de diciembre de 2019, el Parlamento aprobó la ley de ciudadanía, lo que provocó una serie de protestas en varios estados del país. Los manifestantes argumentan que la ley discrimina a los musulmanes, lo que el Gobierno niega. Aunque la mayoría de estas protestas fueron pacíficas, la violencia estalló en las manifestaciones celebradas el 23 de febrero en la capital, Nueva Delhi, lo que causó revueltas comunitarias. Al menos 53 personas perdieron la vida, y 200 resultaron heridas en estos disturbios, y numerosas casas y tiendas fueron vandalizadas.
El 5 de junio de 2020, el Gobierno inició la aprobación de tres leyes agrícolas, que según sus argumentos, estimularán el crecimiento de la agricultura incrementando las privatizaciones y reduciendo la intervención gubernamental. No obstante, los agricultores temen que estas leyes los dejen en una situación vulnerable. El desacuerdo condujo a un año de forcejeos entre el Gobierno y los agricultores. Aunque el Gobierno dice no tener datos sobre el número de agricultores que murieron durante las protestas, los sindicatos agrícolas mantienen que al menos 537 agricultores perdieron la vida. En noviembre de 2021, el primer ministro Modi anunció que el Gobierno retiraría las tres leyes.
Tendencia a la vigilancia tecnológica
En los tres casos, las fuerzas de seguridad utilizaron drones para vigilar a los manifestantes. En un artículo publicado en Cachemira, un manifestante contó que, al principio, la gente «cubría sus rostros» en cuanto veía los drones. No obstante, explicó que dejaron de hacerlo porque acabaron por acostumbrarse a tener a los drones volando sobre sus cabezas. La Policía afirma que los drones ayudan a las autoridades a rastrear los movimientos de los manifestantes.
Durante las protestas contra la ley de ciudadanía y las leyes agrícolas, las fuerzas de seguridad usaron drones para capturar imágenes de manifestantes, y utilizaron tecnología de reconocimiento facial en ambos casos. El diario nacional Indian Express informó que la Policía de Nueva Delhi utilizó reconocimiento facial automatizado para filtrar las multitudes en un mitin político en diciembre de 2019. Es preocupante que el sistema utilizase metraje filmado por policías en los «principales sitios de protestas de toda la ciudad». En ausencia de información pública sobre el sistema, es imposible saber si se incluyeron datos sobre los manifestantes.
Aunque los manifestantes que acudieron a estas protestas temen el mal uso de sus datos que pudiera hacer el Estado, la Policía afirma que no tiene intención de guardarlos. En un informe de medios, un funcionario de la Policía aclaró que «solo estoy capturando personas concretas», y añadió que «no tenemos datos de los manifestantes, ni pensamos guardarlos».
Además, las autoridades afirman que la tecnología de reconocimiento facial ayudó a identificar a quienes infringieron la ley y a llevar a cabo detenciones. Durante el debate en el Parlamento sobre los disturbios de Delhi, el ministro de Interior, Amit Shah, declaró que gracias al reconocimiento facial se identificaron 1900 personas que habían incitado a la violencia. Para defender esta posición, aclaró que «es un simple software. No ve la fe. No ve la ropa. Solo ve rostros, y gracias al rostro, se captura a la persona». Aunque el proceso es muy poco claro, las noticias sugieren que las imágenes de las cámaras de seguridad y los «videos de código abierto» se cotejaron con censos de votantes y permisos de conducir. Aparte del reconocimiento facial, la Policía utilizó «datos borrados de dispositivos electrónicos de personas presentes en los disturbios», geolocalización, mapas de drones y análisis de ADN, argumentando que estas herramientas ayudaron a llevar a cabo «una investigación libre y justa».
Aparte de la vigilancia a los manifestantes durante las protestas, el Gobierno intentó restringir posibles contactos en los tres casos interrumpiendo los servicios de comunicación y supervisando las redes sociales. Las comunicaciones del territorio unido de Jammu y Cachemira han sufrido distintos grados de bloqueo desde el 4 de agosto de 2019, incluida la prohibición de expresar todo tipo de inquietud en redes sociales desde Cachemira. Hasta febrero de 2021 no se restauraron los servicios de banda ancha, lo que significa que el territorio unido estuvo desconectado de internet durante la pandemia de COVID-19. En el caso de los manifestantes contra la ley de ciudadanía, al menos siete estados del país sufrieron apagones de internet en algún momento. Además, durante los disturbios de los agricultores, se impusieron varios tipos de bloqueo de las comunicaciones como medida preventiva en Nueva Delhi y Haryana después de que una manifestación derivara en sucesos violentos.
Actos de resistencia: política en la tecnología
Estas medidas represivas se han encontrado con actos de resistencia. En respuesta al uso del reconocimiento facial en la capital durante las protestas contra la ley de ciudadanía, los manifestantes difundieron consejos en redes sociales sobre cómo cubrir sus rostros por su propia seguridad. En otro caso, un investigador independiente sobre gobernabilidad de datos, publicó un artículo en el que explica el daño que puede hacer el reconocimiento facial y sugiere cómo mitigarlo. Como hecho excepcional, los sindicatos de agricultores condenaron las restricciones de las comunicaciones e internet y exigieron que se reanudaran los servicios, bajo amenaza de continuar con las protestas.
Las organizaciones nacionales de la sociedad civil enfrentan de distintas formas el uso indiscriminado de la tecnología. Dan a conocer hechos al público, buscan la transparencia con peticiones basadas en el derecho a la información o piden explicaciones a algunos funcionarios. Por ejemplo, la organización de derechos digitales Internet Freedom Foundation envió notificaciones legales a la Policía de Nueva Delhi por usar ilegalmente tecnología de reconocimiento facial automatizado. La organización de libertades digitales y civiles Software Freedom Law Centre ha acudido a los tribunales en distintas ocasiones para denunciar los apagones de internet.
Aunque estos actos de resistencia de personas y organizaciones son un rayo de esperanza, India sigue su lucha por la protección de la privacidad y de los derechos digitales de los manifestantes.
