Bastaron solo dos semanas para que la derecha y el gran empresariado disiparan sus temores respecto del triunfo presidencial de Gabriel Boric. En pocos días estos sectores lograron instalar a un economista de su confianza en el Ministerio de Hacienda y asignarle a las “leyes del mercado” el rol fundamental en la marcha política y administrativa de la nación. Pese a la molestia inicial del Presidente del Partido Comunista, todas las agrupaciones que conforman el abigarrado oficialismo terminaron por asentir con tal nombramiento bajo la excusa que el nombre de Mario Marcel concita confianza hasta en el extranjero.
Desde hace tiempo se asume que quien lleva esta cartera ministerial tiene más poder que el conjunto del Gabinete, además de constituir un enorme contrapeso a la posibilidad de que se emprendan cambios radicales y que amenacen los intereses de los grandes inversionistas nacionales y foráneos. En realidad, cuando algún gobierno se atreva a nombrar en este cargo a alguien que pertenezca al mundo político vanguardista, el país podría confiar en que se le cumplirán las demandas por tanto tiempo expresadas en la calle, las movilizaciones sociales y hasta en la propia academia.
No deja de sorprender, además, el encantamiento que en pocos días La Moneda demuestra respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se dijo que serían drásticamente reformadas después de la represión ejercida durante el gobierno derechista que acaba de culminar su período presidencial. A pesar de que el Ejecutivo actual decidió retirar a los militares de la caliente zona de la Araucanía o Walmapu, no se descarta que próximamente esta decisión sea revisada o se implemente otra que haga frente a la rebelión de la llamada macro zona sur, cuyas acciones cada día más iracundas no han cesado con los uniformados o sin ellos en la región.
Todo indica que los drásticos cambios que se prometieron en materia castrense se verán prontamente morigerados o postergados, aunque no deja de ser esperanzador que al menos el Poder Judicial siga resuelto a procesar y condenar a los oficiales corruptos, cuyos nombres abundan en los archivos judiciales y en prensa considerada incómoda para los objetivos de impunidad que algunos creen necesario para conjurar nuevos “ruidos de sables”.
Una ingenua, pero loable, actitud de las nóveles autoridades les llevó a pensar que la lucha mapuche que lleva más de dos siglos de confrontaciones y decepciones podría atenuarse con nuevos diálogos y promesas de solución. Todo indica, sin embargo, que nuestros pueblos ancestrales pueden ver hoy una real oportunidad a sus históricas demandas, pero siempre que el Gobierno implemente, primero, medidas efectivas que realmente signifiquen el reconocimiento de sus derechos, la devolución de sus territorios confiscados y una cierta amnistía e indulto en favor a sus combatientes procesados y condenados.
La distante guerra ruso ucraniana no hay duda que explica en buena medida las serias dificultades que ya viven los hogares chilenos, especialmente los de los más pobres y de la propia clase media. En efecto, la inflación ha encarecido enormemente el pan, los combustibles y los servicios domésticos básicos, de tal forma que el reajuste al salario mínimo prometido en su campaña electoral por el Presidente Boric se convertiría en prácticamente nada en relación a esta explosiva alza en el costo de la vida. Un incremento bastante discreto que, para los sectores más renuentes a los cambios, podría traerle más perjuicios a la economía. Asimismo, como manifiesta una firme oposición a la propuesta de que el Estado suprima el IVA, por ejemplo, a los productos más esenciales. Es decir, en plena emergencia quieren ponerle todo tipo de cortapisas a los subsidios estatales, iniciativa que se implementa sin mayores problemas en otras naciones capitalistas menos ortodoxas que la nuestra a fin de paliar los efectos del alza del petróleo, del gas, los transportes y los llamados comodities.
Es muy pronto para evaluar el desempeño de los nuevos equipos de gobierno, pero algunos nombramientos inquietan a los sectores más radicales del izquierdismo y los hace temer que el mandato de Boric será del estilo de los gobiernos concertacionistas que nunca se atrevieron a cumplir con lo prometido en cuanto a restablecer una institucionalidad democrática más plena y emprender medidas para recuperar para el Estado los bienes, empresas, yacimientos y facultades perdidas con la Dictadura. Recordemos que ante la asunción del gobierno de Aylwin el terror del gran empresariado y de la derecha se hizo tanto o más ostensible que ahora. Temor que desapareciera muy rápidamente, entonces, a partir de la voluntad del mandatario de “hacer justicia solo en la medida de lo posible” y guardar para otra oportunidad tantas promesas socioeconómicas.
Pese a los buenos deseos y entusiasmo que se expresa en los nuevos gobernantes, inquieta que de nuevo aflore el descontento social, así como las protestas que conllevan el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, como los flamantes y caros buses de la locomoción colectiva que a diario resultan incendiados. De esta manera, complica a La Moneda que desde el Congreso Nacional se insista en aprobar nuevos retiros de los fondos de pensiones para que los imponentes puedan hacer frente a sus apremiantes necesidades. Una iniciativa que contara antes con el entusiasta apoyo de quienes hoy están en el poder, pero que ahora coinciden con la derecha y los gremios empresariales en cuanto a que estos han sido culpables de la inflación actual.
Ideológicamente hablando, desgraciadamente toma cuerpo la idea de darle aliento y garantía a las inversiones privadas y extranjeras. Por la gran prensa patronal se vuelve a insistir en que solo con el crecimiento y la inversión se puede esperar el desarrollo y la equidad social. Una falacia que no tiene en cuenta que cuando tuvimos por años un crecimiento sostenido en nada cambió la profunda desigualdad entre los chilenos. Y que el bullado y elevado PIB nacional solo sirve para esconder la inmensa concentración de la riqueza en unos pocos, así como la perpetuación de las carencias de la inmensa mayoría.
Sería muy conveniente que los que hoy gobiernan tengan en cuenta que, siendo importante el desarrollo, la justicia social solo puede resultar de una justa distribución del ingreso. Esto es en la posibilidad de que impida realmente la extrema riqueza y se implemente una verdadera “revolución” tributaria. Algo difícil de concebir dentro del modelo económico que todavía nos rige, cuando sabemos que el principal incentivo de los inversionistas de nuestro país es la posibilidad de contar con mano de obra barata, es decir, pésimamente remunerada. Porque el cobre y otros productos naturales se encuentran en abundancia también en otros países, solo que más dignos y soberanos que el nuestro. Cuando aquí incluso una propuesta de royalty minero, en plena emergencia, parece inapropiado o peligroso para la sacrosanta “estabilidad de los mercados”.
De ceder el Gobierno a los cantos de sirena de las entidades empresariales y de sus medios de prensa, lo cierto es que se va a abonar una nueva explosión social, con visos esta vez de mayor convulsión e insurrección.
