La lucha contra la emergencia climática es hoy más que nunca un grito por la paz.
La invasión a Ucrania y las sanciones de la Unión Europea muestran de nuevo la enorme dependencia de la economía de los combustibles fósiles y cómo estos llevan décadas financiando las guerras.
Esta crisis debe impulsar la transformación del sistema actual hacia la soberanía energética y alimentaria, la justicia climática y no resucitar proyectos fósiles obsoletos.
Ecologistas en Acción se opone a la guerra y a las agresiones militares, vengan de quien vengan. El régimen de Vladimir Putin debe retirar inmediatamente sus tropas de Ucrania y tanto Rusia, Ucrania como la OTAN deben cumplir los Acuerdos de Minsk. Lo que se necesita es un rechazo claro a la escalada militar y una vuelta a la diplomacia. Por todo ello, Ecologistas en Acción lanza un llamamiento a la sociedad para manifestarse contra la agresión de Rusia y la guerra en Ucrania, el militarismo de la OTAN y los intereses económicos de la Unión Europea (UE) en el conflicto de Ucrania.
La invasión a Ucrania ha puesto de manifiesto la tremenda adicción de la UE a los combustibles fósiles, que a su vez tiene un enorme coste social, ambiental y climático. Hoy más que nunca, la guerra evidencia las costuras del sistema y señala que se atraviesa en un momento crucial para acelerar la transición energética y la reducción del consumo energético actual. Las sanciones y medidas para dejar de financiar esta guerra no deben ser la excusa para incrementar las infraestructuras de combustibles fósiles o para resucitar obsoletos proyectos que ya se habían descartado hace años.
En este escenario, la UE plantea diversificar las fuentes energéticas con el objetivo de reducir su dependencia al gas ruso. Esta propuesta ya fue planteada hace varios años. El resultado es que el gas ruso sigue representando el 45 % de las importaciones de gas europeas. Del mismo modo, no se pueden obviar los enormes impactos que suponen las alternativas contempladas por la UE, como las importaciones de gas proveniente del fracking de EE UU o aumentar el flujo de gas azerí y del petróleo saudí.
Otra propuesta de la UE es que España se convierta en un centro de exportación de gas al resto del continente europeo. La organización ecologista declara que esta medida es inviable. Las importaciones por gasoductos desde Rusia hacia la UE alcanzaron los 13 millones de pies cúbicos al día en 2020, lo que supone más de 17 veces la capacidad de exportación de gas actual del Estado español. El incremento necesario para abastecer a la UE debería realizarse mediante la importación de gas a través de barcos metaneros, lo que conllevaría multiplicar por tres la recepción de estos. Unas importaciones cuyo coste económico y ecológico es más elevado.
Aún así, grandes empresas del sector y algunos representantes políticos están intentando resucitar proyectos altamente impactantes como son el gasoducto MidCat y la regasificadora ilegal de El Musel. Proyectos que ya fueron rechazados por sus elevados costes económicos y socioambientales y que, lejos de ser una solución, se convertirían en un problema a largo plazo: no favorecen la seguridad ni diversificación energética de la UE, sino la generación de activos varados que incrementarían más aún a la dependencia del gas fósil en el futuro.
Estas propuestas son contrarias al cumplimiento del Acuerdo de París y a la propia transición energética de la UE. Solo servirían para seguir beneficiando a empresas energéticas de beneficios millonarios como Enagás. En su lugar, la inversión proyectada para estos proyectos debería ser destinada a medidas de reducción de la demanda y el adecuado desarrollo de las renovables, medidas que sí que tendrían un efecto inmediato para la seguridad energética y establecerían las bases de una transición justa.
Por otro lado, la UE debe impedir la puesta en marcha del polémico gasoducto Nord Stream 2 (NS2) que une Alemania y Rusia, y que ha supuesto un gasto de miles de millones de euros que podrían haber servido para impulsar la transición energética. Sin embargo, si Alemania, tal y como anunció cuando se iniciaron los ataques, no emite la certificación necesaria para el inicio de las operaciones del gasoducto, el consorcio multinacional que está detrás de NS2 podría impugnar esta decisión a través de demandas multimillonarias contra el país y la UE en su conjunto bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Por ello, Ecologistas en Acción recalca una vez más su oposición al TCE y exige la salida inmediata de España y el resto de países de la UE. Es hora de dejar de pagar con dinero público compensaciones por infraestructuras inútiles que agravan la crisis climática.
Con respecto a las medidas para evitar una subida inasumible de la factura de la luz, si bien el establecimiento de un límite de precio en las subastas o la eliminación de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas son importantes, todavía se está muy lejos de una reforma a la altura de las circunstancias. Excluir al gas del sistema de subasta es un parche temporal que no evitará la tendencia alcista de los precios de la electricidad. La liberalización del mercado y un sistema tarifario injusto controlado por las empresas del oligopolio eléctrico siguen siendo las causas subyacentes de una escalada de precios que no parece encontrar freno, tal y como Ecologistas en Acción lleva tiempo advirtiendo.
Los combustibles fósiles están íntimamente ligados a la pobreza energética. Las familias más vulnerables son las más afectadas por la subida de estos precios, ya que son las que menor capacidad tienen para invertir en medidas de eficiencia energética. Es más fundamental que nunca garantizar el apoyo a estas familias mediante la implementación de una tarifa social, una rápida rehabilitación energética de las viviendas y el cambio a sistemas térmicos renovables.
El peor de los temores es que el conflicto escale a una guerra nuclear, que tendría consecuencias dramáticas. Una amenaza de guerra nuclear que no hubiese sucedido de haber logrado el desarme nuclear mundial, por lo que Ecologistas en Acción exige la ratificación del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. A ello se une el temor a un ataque a uno de los 15 reactores nucleares de Ucrania, que han puesto de manifiesto la amenaza que supone este tipo de energía, a pesar de lo que establece la nueva propuesta de taxonomía de la UE.
Asimismo, es evidente la dependencia del sector agroindustrial a las grandes cadenas de transporte de recursos, como el grano para los piensos o los fertilizantes. Las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la línea de rebajar la estrategia “de la granja a la mesa” o paralizar la aplicación de normas de seguridad alimentaria , responden únicamente a los intereses de la gran agroindustria. El levantamiento de restricciones a transgénicos prohibidos, de estándares ambientales o en el uso de fitosanitarios solo agravará la crisis global social y alimentaria. Es el momento para reducir la carga ganadera y reconvertir la ganadería industrial, paralizar la producción de biocombustibles con materias primas alimentarias y apostar por el autoabastecimiento. Impulsar otro modelo de producción y consumo permitirá ahorrar en los distintos insumos beneficiando a la renta agraria y hacia una economía más resiliente a estas situaciones.
Ante la emergencia sanitaria, ambiental y social mundial, Ecologistas en Acción señala que se necesitan procesos de desarme y desmilitarización: reducción del gasto militar mundial y su uso para la sanidad y educación, conversión de la industria armamentística en industria de energías renovables y desmantelamiento del arsenal nuclear. La paz solo será posible en una sociedad sostenible ambiental y socialmente.
