La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó la derogación de la ley de secretos que estuvo vigente durante los dos últimos gobiernos del exmandatario Juan Orlando Hernández, que clasificó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía, y ahora se encamina a investigar la corrupción del Partido Nacional desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.
por Gerardo Villagrán
Hernández, gestor de la “ley mordaza” que blindó información sobre el uso de los recursos del Estado, impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general. es reclamado por la justicia estadounidense , que lo acusa de haber introducido 500.000 kilos de cocaína al país norteamericano.
La ley de secretos resultó en la vulneración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada en 2006 durante el primer año del gobierno del expresidente Zelaya. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso Nacional, Hernández aprobó la ley que blindaría sus dos periodos como presidente.
En los últimos 12 años los gobiernos del partido Nacional que se sucedieron en el poder triplicaron la deuda externa de Honduras, un país en bancarrota según lo precisó la presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión.
El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que esta normativa de la “narcodictadura” impidió el acceso a información sobre el gasto público “para tener a escondidas del pueblo muchas transacciones económicas que eran de corrupción para que no nos diéramos cuenta y que nadie las pudiera revisar y auditar”, aseguró. Detalló que ahora la documentación podrá ser revisada y derivada a la justicia hondureña para que investigue los actos de corrupción detrás de la ley de secretos.
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (2014-2022) reafirma el compromiso de lucha contra la corrupción de la mandataria del partido Libertad y Refundación.
Pastor señaló que espera que la desclasificación brinde acceso a información de lo que sucedió en el pasado y que a su vez siente un precedente para el manejo transparente de la información. “La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder. Al no haber ley de secretos, el acceso a la información por parte de la ciudadanía está garantizado”, precisó.
“La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder”, dijo Pastor. Ahora, les competerá a las fiscalías y al Poder Judicial hacer uso de esa información.
La aplicación de la “ley de secretos” vulneró el derecho de acceso a la información pública para ciudadanía, dificultando la profesión periodística en uno de los cuatro países más peligrosos para ejercerla en la región, ya que su aplicación habilitaba la clasificación de información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, durante 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.
Además, permitía que se declaren como «materia clasificada», aquellos «asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esas materias».
Fue el 2 de marzo, cuando se conmemoraron seis años del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, el Congreso hondureño aprobó casi por unanimidad la derogación de la ley de secretos. Ahora la presidenta está más cerca de cumplir con una de sus promesas de campaña: la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). El cancillerEnrique Reina aseguró que en abril llegará a Honduras la misión de la ONU que trabajará en la creación de la CICIH.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
