La noche de ayer, ante las fuertes protestas a nivel nacional e internacional, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció la decisión de solicitar al Congreso archivar el polémico decreto 18-2022 (iniciativa 5272). De lo contrario, el mandatario lo vetaría por inconstitucional.

Después de aclarar que esta iniciativa de ley no fue enviada por el Ejecutivo y que su aprobación nada tiene que ver con la decisión del Congreso iberoamericano por la vida y la familia de declarar a Ciudad de Guatemala como Capital ProVida de Iberoamérica, Giammattei se desmarcó de la medida adoptada por el Congreso.

“El decreto 18-2022 viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República”, manifestó Giammattei en un breve video.

Por lo tanto, el mandatario decidió comunicarse con la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, solicitándole que el órgano legislativo mande a archivar la ley.

“En caso contrario”, dijo Giammattei, “he decidido que, si esta ley llega a mi despacho, la misma será vetada”.

Una ley sexista y discriminatoria

La decisión del presidente guatemalteco tomó de sorpresa a sus correligionarios, que el pasado 8 de marzo votaron masivamente a favor de la denominada Ley para la protección de la vida y la familia.

Además de rechazar la diversidad sexual, prohibir hablar del tema en las escuelas y negar la posibilidad a personas del mismo sexo de casarse, crear uniones de hecho y adoptar, la ley modifica el código penal y aumenta la penalización del aborto, con sanciones que van de 5 hasta 25 años de cárcel no conmutables.

Pese a la decisión tomada por Giammattei, varias organizaciones que trabajan para la plena inclusión y el respeto de los derechos de las personas diversas, anunciaron actividades de protesta.

“Archivar la ley no basta. Desde el inicio de su gobierno ha criminalizado a quienes defienden el derecho de toda mujer y toda persona LGBTI a vivir con dignidad, y ha retirado del camino a quienes cuestionan su visión autoritaria”, advierte Visibles.

“Desbaratar la justicia desprotege a miles de víctimas de femicidios y de crímenes de odio, por prejuicios que se alimentan a diario con la narrativa que impulsó su bancada y que es, de hecho, la postura de su gobierno”, subrayó la organización.

Visibles, junto a varios colectivos ciudadanos y el bloque universitario, está convocando a la Marcha contra el Odio, que se llevará a cabo mañana 12 de marzo en la capital, saliendo del Obelisco rumbo al Congreso.

Fuente: Rel UITA