A pesar de las expectativas generadas por la posibilidad de tener representación directa en el Legislativo, los resultados son agridulces: algunas encontraron voces para que luchen por sus necesidades, otras se lamentan y aseguran que ese ejercicio democrático no fue correcto; y varias temen que sus curules sean inhabilitadas y terminen con sus sillas vacías.
Tras obtener casi 15 mil votos, Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar que comandó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se quedó con una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), concretamente con la que engloba varios municipios de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, en donde en antaño, su padre, fue amo y señor, a punta de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, torturas y el despojo de miles de hectáreas de tierra.
Ese resultado no cayó nada bien en diversos sectores de la sociedad y organizaciones de derechos humanos en diferentes rincones del país; a la par, el descontento y el miedo no dejan de crecer en esos departamentos. Pero el caso de Tovar en el Caribe no es el único: distintas comunidades están indignadas con el candidato que resultó electo para representarlas, por desafiar los requisitos del Decreto 1207 de 2021, que estableció los lineamientos para la elección de los Representantes a la Cámara por las CITREP.
Orlando Burgos, vocero de la Mesa de Víctimas de Santander y coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas del Conflicto Armado, piensa que el ideal de esas 16 curules era que sirviera a una agenda común para alzar la voz de las víctimas de todo el país, pero observa con preocupación que algunos elegidos tendrán que responder a intereses de terceros al recibir apoyo de las maquinarias políticas tradicionales de sus regiones.
Otra voz de descontentos es la de Elizabeth Moreno Barco, más conocida en el departamento de Chocó como ‘Chava’, quien es la representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN). Al recordar quién quedó con la curul de su región, expresó que tiene “una impotencia desde el resultado de las elecciones porque nosotros esperábamos que el que nos representará, tuviera la condición y la convicción del sentir de las víctimas… de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, pero precisamente la pérdida de sentido de pertenencia y de responsabilidad con la democracia, nos vuelve a revictimizar. No lo supero todavía”.
La preocupación no es menor: hoy las víctimas están ante la incertidumbre de que quienes se quedaron con estos escaños en la Cámara de Representantes no representen sus intereses o se aplique el procedimiento de pérdida de investidura y ninguna otra víctima pueda representarlas durante la próxima legislatura, con lo que la lucha que dieron las comunidades golpeadas por la guerra sería en vano.
Irina Cuesta Astroz, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ve en los resultados la materialización de riesgos políticos que desde esa organización habían advertido en el informe ¿La mala hora de las Curules de Paz? Escenarios de riesgo y acciones prioritarias. Puntualmente el riesgo de cooptación política. (Leer más en: Elecciones 2022: los riesgos que enfrentan las curules de paz)
“Nos sorprende, pero a la vez no nos sorprende, porque venía lo suficientemente alertado —puntualizó la investigadora—. El caso más conocido es el de Jorge Tovar en el Cesar. En Caquetá ya denuncian sobre la persona que quedó elegida por su cercanía hacia procesos de parapolíticos, en Chocó también quedó un candidato cuestionado; entonces es un candidato que no sorprende porque sabíamos que las curules estaban siendo concebidas como un botín político para clanes y maquinarias muy locales”.
Un segundo elemento que marcó a esta debutante contienda electoral fue la violencia. Paradójicamente, en estos comicios destinados para las víctimas del conflicto armado, volvieron repertorios ya conocidos, entre atentados en Urabá, amenazas telefónicas en Cesar y constreñimiento en todo el territorio nacional. Algunos de los hechos más drásticos fueron el bloqueo por parte de un grupo armado de la troncal del Caribe al piedemonte de la Sierra Nevada en la zona rural de Santa Marta y el intento de influenciar en las elecciones de la CITREP de Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.
A todo esto se suma la poca pedagogía y confusión en las regiones sobre este sufragio.
Así, distintas irregularidades se vivieron en todo el territorio nacional, que fueron aprovechadas por algunos candidatos. La poca claridad en los límites de las campañas, considera Cuesta, contribuyó a esta situación, en aspectos como el uso de medios de comunicación y la financiación.
“Esto hizo que en cada región las campañas se movieran entre la claridad y la falta de claridad sobre lo que podían hacer, pero por supuesto clanes políticos se metieron en lo que no podían hacer sin importarles mucho”, reprochó la investigadora.
En varios de estos casos empezarán a correr las investigaciones: el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tiene en su poder varias solicitudes y material suministrado por las víctimas para que se repasen la legitimidad de casos controvertidos.
Ante ese panorama, Cuesta planteó que la legitimidad de las curules será cuestionada fuertemente: “En parte con razón, pero en otra parte vamos a estar frente a un debate de cuál es la intencionalidad de estas curules. Va a ser un proceso fuertemente cuestionado y en ese cuestionamiento vamos a perder el espíritu inicial”.
En este momento, a falta del escrutinio final y con el 95,7 por ciento de las mesas informadas, se perfilan 16 curules de orígenes diversos, en donde sólo tres son mujeres (Arauca, Urabá Antioqueño y Sur de Córdoba). Algunas cargan a cuestas la deuda que adquirieron maquinarias políticas locales y otras derrotaron esos intereses haciendo una campaña comunitaria.
Bajo esas circunstancias, desde ahora queda la duda sobre cuál será la agenda que impulsarán las CITREP en la Cámara de Representantes. ¿Realmente legislarán por una reparación integral para las víctimas del conflicto armado o su labor se diluirá en los intereses de terceros?
En esa inédita cita democrática votaron 533.664 personas de 167 municipios golpeados fuertemente por el conflicto armado. A falta del escrutinio y de las certificaciones oficiales, estos son los primeros representantes a la Cámara elegidos por las CITREP.
Elegidos a las 16 curules de paz (2022-2016)
VerdadAbierta.com recogió voces de distintas regiones del país en donde se estaban disputando estos escaños y encontró expresiones de decepción en unos casos; y de regocijo, en otros.
En Chocó se “apareció” Mosquera
“Ganó James, pero perdió el Chocó”, se lamentó Moreno, la representante legal ACADESAN. “La verdad, las comunidades vendimos las conciencias, vendimos los procesos que se han venido liderando, que las organizaciones afros e indígenas hemos venido luchando por mantener. Que venga a aparecer alguien de la nada a ocupar una curul… realmente hoy como víctima me siento revictimizada por las mismas víctimas”.
Con el 84 por ciento de las mesas escrutadas, James Hermenegildo Mosquera Torres obtuvo 7.001 votos, equivalentes al 31,3 por ciento de toda la votación. Cuando Mosquera se acercó a ACADESAN para solicitar el aval que le abriría la posibilidad para aspirar a esa curul de paz, el Consejo Mayor le respondió negativamente. ¿La razón? Mosquera desde hacía muchos años no vivía en la región.
Sin embargo, nada logró obstaculizar los planes de Mosquera y, en poco tiempo, cumplió los requisitos para quedarse con ese nuevo escaño, aunque con dos grandes manchas a la vista. Por un lado, según el portal La Silla Vacía, el pasado 22 de noviembre y en menos de tres semanas, fue acreditado como víctima. De otro lado, el aval que debía obtener de una organización del territorio para inscribirse se lo otorgó el Consejo Comunitario Mayor de Novita (COCOMAN). Ambos aspectos son criticados por líderes de la región, quienes señalan que detrás de todo ello hubo importantes sumas de dinero.
Labriegos del departamento reconocieron que entre las comunidades iban y venían dádivas a favor del candidato Mosquera. Algunos explicaron que se trataba de pagos de hasta 200 mil pesos por voto en el San Juan; también que, entregando volantes, se repartían billetes en las calles del corregimiento Belén de Bajirá, en el municipio de Riosucio.
“Todos mandan plata. Dicen que para refrigerios, pero es para compra de votos”, le contó a este portal un campesino de una comunidad negra de Sipí y agregó: “Pero aquí se hizo una cosa: todas esas ‘platas’ se cogieron y se echaron para un fondo de la comunidad”.
Un poblador chocoano conocedor de la política local, que prefiere mantener su nombre en reserva por razones de seguridad, señaló que Mosquera no es víctima directa del conflicto y hace más de 20 años que no vive en el territorio.
“Nosotros estamos preocupados como víctimas, reales y directas de los procesos, en que esta curul está en manos equivocadas porque el Partido de La U estaría con dos credenciales, porque él es hechura de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, porque viene de la casa política de ellos. Estamos preocupados porque, sencillamente, no nos sentimos reflejados. Acá lo que hubo fue una cantidad impresionante de derroche de recursos, tanto así que para comunidades como Nóvita, según dicen nuestros líderes, a 42 personas, de a millón de pesos, les compraron el voto”.
Por décadas, la familia Sánchez Montes de Oca ha dominado la política chocoana, llegando, incluso, a pactar con grupos paramilitares, como el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, razón por la cual uno de sus integrantes fue condenado en el proceso por parapolítica.
El alto flujo dinero contrastó con los escasos recursos con los que cuentan los procesos sociales de víctimas, a los cuales el Estado les incumplió con los anticipos para hacer campaña política. En el Chocó se debieron entregar poco más de 60 millones por asociación, con la condición de pagar inicialmente una póliza de ocho millones de pesos. Luego ese cobro bajaría a cinco, pero de todos modos las víctimas ni siquiera pudieron pagar la póliza.
La situación del transporte es clave para entender las posibilidades de los candidatos de este departamento, pues los caminos obligados de Chocó son los ríos y moverse por ellos genera altos costos. Por eso, con tal de ir a los territorios, varios candidatos empeñaron hasta lo que no tenían.
“Con la necesidad que hay… la gente recibe el dinero, pero no entendiendo el daño que le hacen a la democracia, el daño que le hacen a un proceso que hemos construido como víctimas y el daño que le hacen a un territorio que requiere que sus líderes hablen con voz fuerte y reclamen los derechos de nosotros las víctimas; que conozca nuestros derechos territoriales, nuestras luchas, necesidades y que seamos un sujeto de cambio, más no un objeto que va a seguir fortaleciendo partidos tradicionales”, concluyó el conocedor de la política local consultado.
Según voces del sur de Chocó, el representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN), no hizo la debida asamblea para darle el aval a Mosquera. Por eso, desde hace un mes, un líder de esa comunidad con el que conversó este portal, le envió un derecho de petición al Consejo Mayor pidiéndole que le explicara a la comunidad cómo se entregó ese aval en menos de cinco días, sin que las familias negras participaran de esa decisión.
“Yo no quiero que por esto (cuestionar las irregularidades de la candidatura de Mosquera) nos vayan a matar, pero sí, que antes que la curul se quede con la silla vacía, porque así puede estar pasando, la persona en mención sea sacada de concurso”, dijo el líder consultado, quien no quiso que su nombre se revelara.
Caquetá: inconsistencias de escrutinio
Imagen del día de elecciones. Foto: cortesía.
En Caquetá, el triunfo fue para John Fredy Núñez Ramos, de la organización Fundación Igualdad Social. Representó el 26,8 por ciento de sufragios del departamento, que para su caso específico, se traduce en 3.011 votos.
Norbey Caro disputaba esa curul desde la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas de Florencia y tras recibir los resultados está resignado: “Uno debe de ser buen perdedor… él nos ganó, pero nos ganó porque se suponía que la campaña la patrocinaba el Estado, nos daba todo, pero a nosotros nunca nos dieron un peso y John Fredy es una persona que tiene dinero y tiene quién lo apoye también”.
Luis Antonio Valencia Ocampo, perseguía el mismo espacio desde la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), y creía que la apuesta por las curules era un proceso campesino, hasta que vio a Núñez haciendo campaña.
Para el líder de COORDOSAC, la ventaja que tenía Núñez era grande porque es un político con recorrido. Valencia resaltó que, por el incumplimiento del Estado, líderes como él y Caro, se quedaron con las ganas de recorrer el inmenso departamento de Caquetá y hacer pedagogía con la gente.
“John Fredy Núñez tuvo los recursos para ir a todas partes, llegar con cosas porque él llegaba a los sitios con algo para la comunidad: lámparas, tubos, tuberías; prometía, les daba. Él está enseñado a eso, mientras que nosotros llegábamos era a hacer pedagogía de paz y a decirle a la gente ‘vote a conciencia’. Aquí en el Caquetá lamentablemente las maquinarias políticas enseñaron a hacer política de esa manera”, expresó Valencia.
Estos terceros a los que se refiere Caro son los que habrían garantizado la contratación de personas que hicieran pedagogía y propaganda sobre cómo votar por Núñez. “Cuando usted llega debiendo favores, le toca buscar la manera de pagar esas deudas… Ahí es donde nosotros sentimos que no va a poder cumplirle a los campesinos… ojalá estemos equivocados”, indicó.
COORDOSAC aún continúa haciendo trabajo de verificación de las actas de escrutinio de los jurados de votación y ha resaltado anomalías en varios tarjetones de municipios como Florencia, San Vicente del Caguán y Puerto Rico. En dos de estos, a los que VerdadAbierta.com tuvo acceso, la Fundación Igualdad Social, por la que Núñez aspiró a la curul, se observan inconsistencias en el conteo de candidato, asociación y el total. Con estos hechos y otras denuncias, esperan que Núñez sea inhabilitado.
Distintos labriegos de este departamento le sostuvieron a VerdadAbierta.com que el mismo día de las elecciones se estaba repartiendo dinero para votar a favor de Núñez, como habría ocurrido en la comunidad de Río Negro, del municipio de Puerto Rico, en donde habrían entregado 200 mil pesos por voto.
“Nosotros hemos venido hablando entre varios candidatos, no con el fin de atacar a Núñez, sino con el fin de empezar a hacer acercamientos al Congreso, a varios senadores para mirar cómo pueden ayudar a las comunidades del campo de Caquetá”, concluyó el líder de los desplazados de Peñas Coloradas.
La sombra de ‘Jorge 40’ en el Caribe
Exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, dos años antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Jesús María Henríquez, defensor de derechos humanos y candidato a la curul de víctimas por la Circunscripción Caribe, había pedido la revocatoria de Jorge Tovar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no cumplir con la condición de víctima y no representarlas. No obstante, el CNE rechazó la solicitud.
Henríquez no es el único candidato que había denunciado irregularidades y falta de garantías electorales. Melba Mieles Ramírez, Luis Fernando Lara y Maryori de Jesús Pérez, candidatos por esta circunscripción, realizaron a mediados de enero las primeras denuncias ante el CNE, el Ministerio del Interior y la Corte Constitucional para alertar de los peligros y dificultades que estaba generando la candidatura de Jorge ‘Yoyo’ Tovar en la región.
“Nosotros realizamos esas denuncias porque la falta de garantías fueron desde el principio. Además, el hijo de ‘Jorge 40’ quiere esa curul para pagar favores políticos que le ha dado el Estado colombiano en cabeza de Iván Duque; el Ministro del Interior, Daniel Palacios, que es amigo de él; y la exministra del Interior, Alicia Arango, que es amiga personal de su mamá y que lo nombró en cargos públicos”, sostuvo Ramírez, a quien ‘Jorge 40’ le asesinó a sus padres el 22 de julio de 1999.
El pasado 11 de marzo, 18 candidatos por esta circunscripción radicaron ante la Registraduría de Valledupar su renuncia. Sin embargo, las amenazas, las zonas vedadas para hacer campaña y la ausencia de recursos por parte del Estado, no detuvieron a otros candidatos que se arriesgaron y fueron hasta el final de la carrera por la curul de paz, sabiendo, de antemano, que no lo lograrían.
“Yo tomé la decisión de continuar y llegar hasta el final, pero con la necesidad de cumplir con todo el trámite que la ley estableció. Además, para demostrar que sí se nos están vulnerando los derechos porque con el simple hecho de haber permitido que el hijo del victimario fuera candidato, ahí empezó la vulneración de derechos”, precisó Siria Kelly Valle, a quien ‘Jorge 40’ le asesinó familiares y otros más tuvieron que irse al exilio.
Tras finalizar la jornada electoral por la curul de paz en esta región, los candidatos que tuvieron que asumir el pago de las pólizas con recursos propios, denunciaron que el precio no sólo fue exagerado, sino que no les han regresado el dinero. “La póliza tuvo un valor de 4 millones 128 mil pesos y aún no han hecho efectivo los recursos que el CNE desembolsó. Supuestamente, era el viernes 11 a las 6:00 pm y aún no hemos recibido absolutamente nada.”, se quejó Valle.
Actualmente, las víctimas que se disputaron esa circunscripción le exigen al Estado colombiano que convoque a una nueva jornada electoral con igualdad de condiciones y que, previo a su realización, seleccionen a las personas que realmente estén acreditadas como víctimas. En caso contrario, acudirán a organismos internacionales.
“Nosotros lo que no perdonamos y no aceptamos es que está en una curul de paz y que con la votación que consiguió Jorge Tovar, hubiera podido aspirar a otro cargo de elección popular porque esta curul es para las verdaderas víctimas del conflicto, no para los victimarios”, afirmó Ramírez.
Cabe recordar que, a comienzos del dos mil, alias ‘Jorge 40’ creó los llamados “distritos electorales”, una estrategia política mediante la cual logró dominar los procesos políticos en el Magdalena y Cesar, y llevar al Congreso de la República varios Senadores y Representantes a la Cámara afines a su proyecto paramilitar, con los cuales concertó la distribución territorial para obtener los votos suficientes. El triunfo de su hijo parece refrendar esas componendas del pasado.
Urabá, sin garantías
Así quedó el vehículo en el que se movilizaba una de los candidatas al sufrir un atentado sicarial del que salió ilesa Foto: cortesía.
En el Urabá antioqueño las comunidades creen que Karen Juliana López Salazar se prestó para revictimizar a las víctimas a través de la compra de votos, incluyendo a partidos políticos tradicionales con sus maquinarias, para engañarlas. López obtuvo 5.518 votos con el movimiento Yo soy Urabá.
Según voces de aquella región agroindustrial, López estaría acompañada de políticos representativos de la región de Urabá, entre ellos Ariel Angulo Palacios, de una larga trayectoria en la Alcaldía del municipio de Turbo; el exalcalde de San Pedro de Urabá, Neder Luis Díaz; y la actual alcaldesa de San Pedro de Urabá, Leyda Ortega Almario.
“La alcaldesa de San Pedro de Urabá dispuso contratistas para que trabajaran a favor de Karen López. Nos reportaron también que el Secretario de Planeación hacía parte de la logística de la señora Karen López, entregaba refrigerios, ayudaba con la logística, en ese municipio San Pedro de Urabá, en donde no todos los candidatos podíamos ingresar con facilidad a la zona rural, pero ellos sí…”, explicó una víctima que participó en la contienda electoral.
“En la mayoría de los municipios de Urabá les pedían a nuestros líderes que no hicieran campaña ni hicieran pedagogía porque no nos iban a dejar llegar”, narró Menderson Mosquera Quinto, quien se disputó ese escaño desde la Corporación Creamos Urabá (CORPOCREAMOS), ilustrando la dificultad de hacer política en una región con presencia de actores armado ilegales y grandes poderes políticos arraigados.
Voceros de las comunidades la aseguraron a VerdadAbierta.com que en esta región no les entregaron los tarjetones de víctimas cuando los solicitaron en puestos de votación de los municipios de Chigorodó, San José de Apartadó, Dabeiba, San Pedro de Urabá, Necoclí, entre otros.
Otras fuentes denunciaron que, en algunos casos, actores paramilitares que intimidaron a las comunidades rurales incidieron sobre la libertad del voto. Vale destacar que, desde hace más de una década, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), tienen la hegemonía armada ilegal.
“Es triste que ni la Defensoría del Pueblo ni las otras instituciones que debían blindar el proceso, no lo hicieron. San José de Apartadó fue uno de los municipios en los que hicieron lo que quisieron hacer allá: compraron votos para la señora Karen, a través de otros actores políticos que de una u otra forma apoyaban a la señora Karen… los millones de pesos que invirtieron para quedarse con la curul de paz”, sostuvo un vocero de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Mosquera Quinto teme que, con el triunfo de Karen López, esa circunscripción quede sin representación política en el Congreso. “La campaña de la señora Karen López ha sido demandada por la exagerada y notoria financiación desigual con la que los líderes y organizaciones defensoras de derechos de las víctimas he realizado con transparencia y honestidad”, reprochó este líder, a quien un día antes de las elecciones intentaron asesinar.
El pasado sábado, un día antes de las elecciones, Mosquera retornaba a San José de Apartadó después de una reunión política, cuando una bala impactó el parabrisas. “La reacción inmediata fue gritar, agacharnos y decirle al escolta que acelerará porque porque nos van a matar”, recordó. Un segundo disparo atravesó la ventana derecha de la parte trasera del vehículo e impactó en el chaleco antibalas de su acompañante.
Monsquera resaltó que en varios municipios de Urabá hubo una cantidad considerable de movimiento de personas que viven en zonas urbanas para que votaran en las zonas rurales y que “algunos sujetos pertenecientes a grupos armados entregaban tarjetón junto con un billete a los campesinos. Es decir, invitaban como una orden estricta a votar por la candidata Karen Juliana López”.
Córdoba le pisó los talones a las maquinarias
Foto: cortesía.
Faltando menos del cuatro por ciento de la información del escrutinio de mesas, Leonor María Palencia Vega, de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas De Jericó (ASOMUVIJ), se posiciona como legisladora por la curul de paz del sur de Córdoba.
“Leonor Palancia representa, precisamente, a la clase política tradicional. Es prima del gobernador de Córdoba (Orlando Benítez), quien le puso toda la maquinaria política a su servicio para que saliera elegida. Para las víctimas no representa nada positivo porque ella, a pesar de que fue víctima en algún tiempo, no tiene ningún liderazgo en el territorio”, señaló Arnobis Zapata, reconocido líder de la región, quien le estaba pisando los talones a la maquinaria del gobernador con su candidatura desde la Asociación de Campesinos Del Sur De Córdoba (ASCSUCOR).
Este líder, que obtuvo 4.857 sufragios, denunció que por varios años Palencia estuvo viviendo fuera del país y que hasta el 31 de diciembre del año pasado trabajaba en la gobernación de Benítez y desconoce la realidad de las comunidades por las que se hizo elegir “comprando los votos”.
Este candidato, que ha trabajado de la mano de las comunidades campesinas, específicamente las cocaleras, aseguró que el único logro de Palencia es ser familiar del Gobernador de Córdoba y que contara con sus recursos para inyectarle a su campaña.
“La curul, definitivamente, la pelearon por ese lado para que las casas políticas, en este caso la casa política del gobernador de Córdoba, que integran varios partidos, el Liberal y el Conservador, se quedaran con la curul”, lamentó el líder social.
Las comunidades resaltaron que en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano, miembros del Partido de La U también la apoyaron, pero especialmente, el Partido Liberal en Montelíbano, con la familia Calle; y por Tierralta y Puerto Libertador, el Partido Conservador.
A comienzos de los años dos mil, este departamento vivió uno de los momentos más oscuros de la parapolítica, cuando diversos partidos y movimientos se aliaron con las Auc para llegar al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a la Gobernación, relaciones ilegales que también ocasionaron cientos de víctimas.
Esperanza en Meta-Guaviare y Pacífico Medio
Comunidades de El Naya. Foto: cortesía
En ambas regiones, las víctimas tuvieron que afinar la mirada entre intereses de políticos y compra de votos. Aún así, líderes comunitarios ajenos a las dinámicas electorales coincidieron en que quienes ganaron en esas dos circunscripciones van a proteger los intereses de las comunidades y lograron derrotar a las maquinarias políticas.
En el caso del sur de Meta y Guaviare, dos de los candidatos sobre los que líderes de la región identificaron que tenían maquinarias apoyándolos eran Jorge Iván Duque Lenis, de la Corporación de Desplazados mi Consuelo Campesino (MICONCAMP); y Geiner Franco Cubides, por la Asociación Víctimas, ambos estuvieron cerca de ganar de la curul, pero un líder campesino los derrotó con más de 400 votos.
Se trata de William Ferney Aljure Martínez, de ASOCAMPROARIARI, quien obtuvo 2.104 sufragios, que representan casi el 15 por ciento de la votación de la región. Aljure aportó en la construcción del Acuerdo de Paz y su trayectoria como líder e identidad campesina lo convirtieron rápidamente en uno de los candidatos más fuertes de la región.
Con el triunfo de Aljure, varios campesinos de Meta y Guaviare volvieron a creer que era posible un cambio, entre ellas Yermin Paola Guerrero Bernal, quien lo acompañó en su campaña. Ambos se alistan para cumplir una agenda que represente a las víctimas del llano amazónico y buscarán trabajar por medidas de reparación para las víctimas, desarrollo de ecoturismo en una región con grandes recursos forestales, incentivar el cuidado del agua y fortalecer la soberanía alimentaria y generación de ingresos.
“Es involucrar a los territorios para que ellos mismos, sabiendo las necesidades que tienen, sean los que propongan. No llevarles soluciones que ellos no quieren ni necesitan”, indicó Guerrero.
El caso de la región del río Naya, en el Pacífico, se trata de un territorio extenso que tiene un sólo consejo comunitario, lo cuál fue determinante para garantizar la unidad y el nivel de conciencia a la hora de sufragar por la curul para esta comunidad y el Pacífico Medio. Con el 72,5 por ciento de las mesas escrutadas, Orlando Castillo Advíncula se alza como el primer representante de las víctimas de esa región.
El nivel de compromiso fue tal, que ante la poca ayuda del Estado, la comunidad cooperó para sacar adelante la campaña de Castillo: algunos pusieron la gasolina, otros la lancha, otros comida y voluntarios ayudaron con la difusión. De ese modo, alcanzó una votación de 4.950 votos (el 28,48 por ciento del total) para el Consejo Comunitario del Río Naya.
La agenda de Castillo la encabeza la implementación del Acuerdo de Paz y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y el fortalecimiento de la Ley 70 de 1993, que abrió la posibilidad para el autogobierno y la tenencia colectiva de la tierra para comunidades negras.
“Magnífico que las víctimas nos hayan apoyado —concluyó Guerrero—, pero acá no se ha ganado nada, hasta ahora este es el primer paso… hay todo por hacer. Queremos rodearnos de personas del territorio que nos ayuden a hacer realidad la paz”.
Este primer ejercicio democrático enfocado en las víctimas del conflicto armado, que llegó con un retraso de cuatro años porque sectores políticos opositores del Acuerdo de Paz obstaculizaron su aprobación en el Congreso de la República, la cual fue destrabada por la Corte Constitucional en mayo del año pasado, refleja las dificultades que han tenido quienes sufrieron los rigores de la guerra para ser reparadas integralmente y que sus derechos sean cumplidos a cabalidad.
