El colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por campesinos y asambleas, cuestiona la profundización del modelo extractivo y sus impactos en territorios y cuerpos. Denuncian que el Gobierno haya dejado de lado la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para pequeños productores.

«Sequías, incendios, ola histórica de calor, trigo transgénico, mega granjas porcinas, petroleras en el mar, pandemia. Parece el guion de una película apocalíptica pero no lo es. Lamentablemente es la radiografía de la Argentina de 2022», así comienza el documento del colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Coordinadora por un Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), la Asamblea Tandil Sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos y el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, entre otras, conformaron la Plataforma Socioambiental en agosto de 2021 con la premisa de «resistir al mal-desarrollo y construir la justicia social y ambiental».

Su primera actividad fue un «panazo» en Plaza de Mayo, contra el trigo transgénico de la empresa Bioceres-Indear (donde confluyen empresarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al inicio del 2022 emitieron un comunicado titulado «Basta de Ecocidio» que puntualiza los ejes de la crisis climática y los impactos sociales que acarrea. «Las comunidades y trabajadores de la tierra de muchas provincias reclaman porque se mueren sus animales y no pueden seguir produciendo debido a la falta de agua en un contexto de sequías alarmante», explican.

Puntualizan la seguidilla de incendios en la Patagonia, Litoral, Buenos Aires, San Luis y Salta, entre otros lugares. Recuerdan que, desde 2019, se declaró en la Argentina la «emergencia climática y ecológica», pero cuestionan que «son muy pocas» las medidas que se tomaron en materia ambiental para evitar o reducir estos desastres socioambientales. «El agronegocio, las petroleras, la deforestación, las mineras, el fracking, el negocio inmobiliario, son algunas de las caras más destructoras y contaminantes del modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la vida humana, la naturaleza y los bienes comunes», denuncian.

Jeremías Chauque es mapuche y es integrante de la experiencia agroecológica Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe). «En nuestro linaje antiguo está marcado a fuego la circularidad, la semilla vuelve a nacer y nada es casual. Y así llega el tiempo donde es necesario dejar en claro qué urgencias y prioridades estamos labrando y poniendo en agenda los pueblos. La producción debe ser sinónimo de sociedad, de ambiente, de cultura. Tenemos claro que si una actividad contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo», afirma.

El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional confirmó que se tratará el proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (sector que nuclea a todas las grandes empresas del agronegocio) y se dejó afuera los proyectos de Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para los pequeños productores, impulsada por la UTT desde hace años. «Queda en evidencia que la agenda del Gobierno tiene más que ver más con extractivismo, con los grupos concentrados, que en dar respuesta a nuestro sector. Seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI y deja en evidencia que nunca le interesó el proyecto de Acceso a la Tierra para los que producimos alimentos para el pueblo», cuestionó Agustín Suárez, de la UTT.

El comunicado de Plataforma Socioambiental recuerda que las y los vecinos se organizan para apagar los fuegos, para frenar la deforestación, para cuidar los mares y las montañas, para sembrar agroecología, para abastecerse de agua, pero también apunto al rol gubernamental: «La respuesta a un problema tan estructural no puede depender únicamente de la solidaridad y la autogestión de nuestros pueblos. Necesitamos políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan. Las emergencias ambientales no pueden quedar en una declaración de principios. Necesitamos políticas contundentes para hacerle frente a las consecuencias que el modelo extractivista nos deja».

Diciembre de 2021 dejó otra muestra de que la megaminería no tiene licencia social en Chubut. Al igual que Mendoza en 2019, las ciudades chubutenses salieron a la calle y lograron la derogación de la ley minera que había impulsado el gobernador Mariano Arcioni. A 1800 kilómetros de Rawson, en La Rioja, la población lleva catorce años en rechazo a la instalación de empresas mineras. En la actualidad se mantiene la movilización en el Departamento de Vinchina, al oeste provincial, con más de 90 permisos mineros y un yacimiento de la empresa Pathfinder al pie de las Sierras del Famatina que puede afectar al río Valle Hermoso, única cuenca hídrica que alimenta al pueblo.

María Pía Silva, asambleísta de La Rioja, precisa que existen más de 40 proyectos dentro de la reserva provincial Laguna Brava, Corona del Inca y otros sitios de alto valor biológico y arqueológico que conservan humedales andinos. «El glaciar El Potro, el más grande de nuestra cordillera riojana, está rodeado de proyectos mineros y a tan sólo dos kilómetros de allí pretende ponerse en marcha el mega yacimiento Josemaria –en San Juan–. Por eso, los vecinos y vecinas iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras que están explorando la cordillera riojana y ya están impactando las fuentes de agua. Las asambleas riojanas exigimos anulación de los permisos mineros», explicó Silva.