Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell

Desde Augusto Pinochet en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta, todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por los tribunales de justicia por causas relacionadas con torturas, homicidios, blanqueamiento de dinero, fraudes, etcétera, dando cuenta, por ende, al resto de la sociedad, que este cuerpo armado se ha transformado, qué duda cabe, en una colosal e impenitente máquina de ilícitos. Pasemos revista, entonces, al indecoroso palmarés de algunos generales en jefe de esta institución, para luego bucear en el mayor escándalo del último tiempo: el tristemente célebre “Milicogate”.

Juan Emilio Cheyre

“¿Excusa el escenario de conflicto global  ya descrito (Guerra Fría y Golpe de Estado) las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”. Con esas palabras, en 2004, Cheyre se encumbró como el general del nunca más, por medio de una columna en La Tercera, titulada Ejército de Chile: el fin de una visión. Esa imagen cambió radicalmente en noviembre de 2018, cuando el ministro en visita, Mario Carroza, sentenció al excomandante en jefe del Ejército a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. A ello se sumó una nueva causa conducida por el ministro en visita Vicente Hormazábal, que lo procesaría -junto a otros dos generales- como presunto coautor de la “aplicación de tormentos” a 24 presos políticos de La Serena, tras el golpe milita

Óscar Izurieta

En total, 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en una indagatoria que poco a poco comenzó a tomar fuerza durante 2018, denominada Caso FAM. Aunque tuvo un inicio incipiente: las sospechas de fraude en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) comenzaron gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ejército en Coyhaique. Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra. los antecedentes apuntan al general en retiro Óscar Izurieta, que cuando se enteró en 2006, al asumir el mando, comenzó a buscar una solución. Así, en 2008, según admitió en su declaración como testigo a la Fiscalía (2018), inició el desvío de recursos presupuestarios -cuyo modelo se mantuvo vigente hasta 2016- y decidió devolver parte de la plata a través de viáticos y trabajos que nunca se realizaron: enviando a los afectados a la Misión de Paz en Haití, extendiendo el cese de sueldos tras el retiro o manteniendo a los suboficiales hasta el máximo permitido, entre otros métodos.

Por otro lado, la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga de forma exclusiva las aristas asociadas al fraude en el Ejército, lo sometió este lunes a proceso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución.

En esta etapa procesal, la magistrada responsabilizó a Izurieta del mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total 6.374.996.162 pesos, que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y que fueron actualizados a la fecha.

Rutherford ordenó también el embargo de bienes por un monto total de 6.500 millones de pesos al general en retiro, y su ingreso en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

En tanto, sobre su responsabilidad en la falsedad de documento público, la resolución indicó que el excomandante en jefe mintió en «las rendiciones de cuenta, declaraciones juradas y sus anexos, respecto de los gastos reservados correspondientes a los ejercicios presupuestarios de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 que fueron remitidas al Contralor General de la República de la época».

Esta era la única exautoridad castrense que no había sido procesada en el marco de las aristas del caso, que ya mantiene procesados a altos mandos de la institución por el presunto desvío de dinero, proveniente de gastos reservados.

Izurieta entró al foco de Rutherford luego de que dos testigos claves que manejaban las remesas de gastos reservados -que lideró el imputado entre el 2006 y el 2010- lo nombraran en sus declaraciones: ellos son el coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés.

Además, aparece mencionado en la declaración del general en retiro Fuente-Alba, quien confirmó el pago de 800 mil pesos mensuales a excomandantes en jefe, donde uno de los receptores sería el propio Óscar Izurieta.

El Consejo de Defensa del Estado, mediante la consejera María Inés Horvitz, reveló que Izurieta «se despojó de todos sus bienes» en 2021, por un cáncer y melanoma que no justificó con documentos, según publica El Mercurio.

En detalle, realizó separación de bienes y repartió inmuebles con sus dos hijas, equivalentes a $ 400 millones a cada una, y con su cónyuge, debido a «razones de salud» no acreditadas. A raíz de esta situación, la fiscal regional Metropolitano Oriente, Lorena Parra, aceptó este viernes 18 de febrero la renuncia del fiscal Andrés Iturra a la jefatura de la Fiscalía Local de Las Condes, luego de que se abriera una investigación en su contra y la de su cónyuge, María Constanza Izurieta (también fiscal), yerno e hija de Óscar Izurieta, respectivamente, por un eventual lavado de activos.

La jueza detalló que Izurieta indicó ser parte del desvío de dineros que tenían como fin actividades de inteligencia, asegurando que eran ocupadas para costear actividades ajenas a la institución, entre ellas los requerimientos de la familia de Augusto Pinochet.

En su testimonio ante la jueza, Izurieta detalló que «en sus primeros años parte de los recursos de gastos reservados iban al general Pinochet y su familia», afirmando que el dictador «gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural».

El procesamiento plantea también que estos altos gastos se debían a que, por la intención de cuidar a Pinochet, había que «tener personal a su disposición, como médicos, enfermeros, escoltas».

El vínculo con esta familia fue a través de la Comandancia Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, donde «se encargaban de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet», indicó el relato del excomandante.

Según el investigado, se partió con «una cantidad gigantesca de personal», siendo disminuido con el pasar de los años, aunque aun así «con este fin se destinó una cantidad importante de recursos de gastos reservados». Pese a esto, le aseguró a Rutherford que todas estas medidas de seguridad y cuidado estaban «amparadas en el decreto supremo que avalaba custodiar a los excomandantes en jefe».

En este procedimiento también se incluyó la declaración del exsecretario general del Ejército Andrés Avendaño, quien aseguró que con el dinero de gastos reservados también se realizó el «pagó placas, arreglos y trabajos de la placa funeraria, todo relacionado con la muerte del general Pinochet», pese a que finalmente no se ocupó.

Otro punto que admitió Izurieta según Rutherford, es que «a veces la señora del general Pinochet (Lucía Hiriart) lo llamaba solicitando alguna ayuda económica y reconoce que le entregaba los recursos o se los enviaba con alguien», un hecho que se dio «quizás en dos ocasiones en que le entregó un millón de pesos cada vez».

En otra parte de sus declaraciones, Izurieta comentó que los gastos reservados fueron también utilizados para realizar actividades con editores, periodistas y columnistas, asegurando que tenían el fin de relacionarse de buena manera con los editores generales de los distintos medios de comunicación y anticipar informaciones que pudieran afectar la imagen del Ejército.

También le afirmó a Rutherford que el lideró una idea para crear un modelo de regalos para matrimonios de militares, un formato que clasificaba los regalos «con las letras ‘A’, ‘B’ y ‘C’, según la persona que se casaba o quien enviaba la invitación. El regalo ‘A’ era una cuchillería que costaba 90 mil pesos aproximadamente y de ahí hacia abajo».

Asimismo, el exuniformado explicó que recibía entre 70 y 72 millones en gastos reservados en un sobre con dinero en efectivo, mientras que él solicitaba seis millones de pesos más.

Finalmente, Izurieta reconoció haber recibido dineros de gastos reservados en su calidad de excomandante en jefe por un monto de 800 mil pesos mensuales desde abril del 2010 hasta julio de 2017.

Juan Miguel Fuente-Alba

En junio de 2007, en su calidad de juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago —por ser comandante en Jefe de la II División de Ejército—falló sobre la causa N° 975-87 sobre falsificación de documentos militares realizado por efectivos del Ejército, que emitieron boletas falsas a productores de manteca, carne, garbanzos, frijoles y membrillos, por lo cual el caso fue denominado «Membrillogate», con el objeto de obtener ingresos a costa del erario fiscal. Fuente-Alba dictó una polémica sentencia, condenando a presidio menor en su grado mínimo a los involucrados, lo cual ha sido criticado por considerarse una pena leve para el tipo de delito cometido.

Fuente-Alba Poblete fue comandante en jefe del Ejército de Chile entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014.​ Actualmente se encuentra en prisión, procesado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito durante su generalato, tras ser parte en una arista del “Milicogate”. En la formalización de junio del 2019, el fiscal José Morales precisó que durante el período en que estuvo al mando de la institución, realizó gastos por más de $7.324 millones y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los $2.980 millones al año 2014. También saltó a la palestra el nombre de la cónyuge del general (r), Anita Pinochet, imputada en la causa, y quien asoma como factor clave del esquema de blanqueo de dinero. Otro dato fue la relación del exjefe castrense con Ditec, empresa a la que adquirió autos de lujo, otra de las “dinámicas” de lavado de dinero empleadas por el exmilitar, según la Fiscalía. Por esta razón en noviembre del 2020 el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella a su esposa, conocida como la “Lucía chica”. Según relata el CDE, “de acuerdo con los antecedentes presentes en la indagación penal, consta indubitadamente que la imputada, junto con su cónyuge, habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”. Además, relata que realizó diversas operaciones -materiales, financieras y jurídicas-, con el objetivo de “disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”.

Asimismo, en agosto de 2016, CIPER informó que el general Juan Miguel Fuente-Alba compró en 22,8 millones de pesos su primer vehículo Audi, en Klassik Car. En la transacción el militar entregó otro Audi en parte de pago, tasado en $18 millones y propiedad de Germán KorffPfeiffer, dueño de una lavandería que funcionaba hace más de veinte años en la Escuela Militar. En la última década Korff facturó cerca de $2.260 millones al Ejército. A mediados de 1990, la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropa. Fue entonces cuando la sociedad de Korff ganó la licitación para proveer ese servicio a los militares.

Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que participó junto a otros en la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el Ejército en 1998, y que fue acusado de intentar extorsionar al exministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. La lavandería de Korff también ha obtenido licitaciones del Comando de Bienestar del ejército (COB) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén y al Centro Recreacional Farellones.

En otra arista, en agosto de 2016 se reveló una lujosa fiesta de matrimonio de uno de los hijos del general Fuente-Alba efectuada en el Museo Histórico Militar con los servicios del banquetero Paulo Russo, señalado entre los más caros de la plaza. La fiesta fue investigada por la Fiscalía Centro Norte, como parte una indagatoria de oficio por denuncias que apuntan al millonario patrimonio del general en retiro. El fiscal José Morales tomó declaraciones a Fuente-Alba y a su cónyuge en varias ocasiones. El matrimonio indagado se celebró el 31 de agosto de 2013 y asistieron unas 700 personas y costó cerca de $30 millones.

Humberto Oviedo

A raíz del mismo Caso FAM, Oviedo fue citado a declarar como testigo por la investigación por el presunto fraude del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército; según él, solo en el año 2017 tomó conocimiento de los pagos anómalos por servicios no prestados, una vez que la Contraloría requirió información y una auditoría a la Cuarta División con asiento en Coyhaique dieron luces respecto al caso.

Por otra parte, a fines de diciembre de 2018 respondió por el Caso Pasajes ante la ministra Romy Rutherford, quien lo inculpa por su presunta implicación en el uso de viáticos ilegales. Fue formalizado por permitir la comisión de estos delitos.

“Se somete a proceso a Humberto Patricio Oviedo Arriagada, en su condición de autor de nueve delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 del Código Penal, por un perjuicio (…) que considerado el valor de la época equivaldrían a una cantidad total de a $57.942.026”, dice la resolución.

Ricardo Martínez

En el marco del caso Pasajes, en el período en que Martínez se desempeñó como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registró 30 viajes a distintas regiones del país y al extranjero, con destino a Estados Unidos, África, Europa y América Central. El costo de estos viajes fue de $120 millones, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos.

En otro ámbito, en noviembre de 2018 se filtró el audio de una reunión privada que sostuvo con cerca de 900 oficiales, donde señaló que conocía información sobre nexos entre oficiales y el crimen organizado. En particular, apuntó a la compra legal de armas de miembros del Ejército para luego venderlas a narcotraficantes. Tras la divulgación de sus declaraciones, fue citado por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, a las comisiones de Defensa del Congreso; y ante el exfiscal Raúl Guzmán, para detallar los presuntos antecedentes sobre venta ilegal de armas.

Finalmente, encontramos el caso más bullado del último tiempo.

Milicogate

Es el fraude más grande conocido hasta hoy que ha cometido el Ejército, donde se desviaron fondos de $6.100 millones de la Ley Reservada del Cobre con otros fines. Fue dado a conocer en una serie de reportajes por el periodista Mauricio Weibel el año 2015.

Los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados con las finanzas del Ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del Ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto. El encargado de extraer los fondos era Cruz, que trabajaba en la contabilidad del Ejército, mientras Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

En marzo de 2014, mientras revisaba unas facturas, el Tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, detecta irregularidades y se da cuenta de que la firma y el puesto de uno de los oficiales que firmaba no correspondían. Al tomar contacto con uno de ellos, pudo comprobar que estaba frente a un fraude, informando de ello de forma inmediata. Al exigir explicaciones al coronel Montero, este se desliga del hecho, inculpando de todo al cabo Cruz.

El caso es investigado por la abogada Paola Jofré, de la VI Fiscalía Militar. En los llamados a declarar de los imputados, ninguno reconoce estar completamente involucrado en la malversación de fondos. Mientras se revisaban más facturas, otras en situación irregular aparecían, pasando de unas decenas de millones de pesos al nivel de miles de millones de pesos, los cuales en palabras del coronel Montero “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”. Entre los gastos más sonados, está el gasto de más de $2.000 millones en casinos. El nivel y alcance de las acusaciones llegaron a provocar la entrada de la justicia ordinaria con una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los responsables civiles.

En 2016, el general (R) Héctor Ureta junto con el por entonces diputado Jaime Pilowsky denunciaron un supuesto borrado de datos desde los servidores del Comando de Ayuda de la Fuerza, sospechando de una red más amplia de implicados. El diputado hizo hincapié en el nulo control de los asuntos militares por parte del poder político.

En abril de 2016, el ministro en visita Omar Astudillo citó al excomandante en jefe, General (r) Juan Miguel Fuente-Alba debido a que poseía más de 1000 millones de pesos en bienes, los cuales presuntamente no tienen justificación. Se presentaron pruebas como traspaso de automóviles de lujo, traspaso de bienes raíces y sociedades entre la familia del general. Debido a los costos de sus inversiones y compras comparadas con su sueldo de unos cuatro millones, se inició una causa por incremento patrimonial injustificado. En mayo de 2016 el proveedor del Ejército Patricio Reyes presentó una querella en contra de Virgilio Cartoni por irregularidades en la compra de uniformes militares, en cuya licitación no se pagaron impuestos por más de 1000 millones de pesos y hubo un sobreprecio de alrededor de 302 millones de pesos. Las compras realizadas por Cartoni (Comercializadora, Exportadora e Importador CyM S.A.) se realizaron por una empresa externa (Servicios de Abastecimiento y Mantención Limitada) de propiedad del empresario iquiqueño Jorge Neira Hernández. Además se presentó otra querella en contra del general (r) Antonio Cordero por autorizar la licitación. Sin embargo, esta acusación de parte del proveedor Reyes se consideró que carecía de sustento, por cuanto el sistema de adquisiciones del Ejército para los montos involucrados exige la aprobación a través del Comité Permanente de Adquisiciones, con una resolución del propio Comandante en Jefe. En agosto de 2016, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados (responsable de indagar las responsabilidades administrativas en el fraude), publicó en su página los resultados de la investigación. Entre las conclusiones, se destacan la falta de fiscalización de Contraloría General de la República, poco control legislativo por parte del Ministerio de Defensa y la responsabilidad del excomandante en jefe Fuente-Alba en el monitoreo de gastos. Además responsabilizó a los generales que ejercieron el mando de la Contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza, calificándolos de negligentes. La principal recomendación hecha fue la derogación de la Ley Reservada del Cobre.

Dos años más tarde, el 5 de octubre de 2018, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, zanjó la decisión de la persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, de no perseverar en la investigación por delitos tributarios que se seguía en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, lo que dejó sin sustento la acusación del proveedor Reyes.