Fuente: Ernesto Cabral. Ojo Público.
A seis meses de asumir la presidencia, Pedro Castillo juramentó a un nuevo gabinete, luego de la renuncia de Mirtha Vásquez. En medio de una crisis política, el presidente nombró a la cabeza del Consejo de Ministros al actual congresista Héctor Valer, aproximándose así a un sector conservador y eligiendo en otros ministerios a políticos vinculados al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Con estos cambios, la izquierda de Verónika Mendoza pierde influencia en el gobierno.
a tarde del martes 1 de febrero, el congresista y vocero de la bancada Perú Democrático, Héctor Valer Pinto (62), juró como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez Chuquilín, quien presentó su renuncia a este cargo el lunes 31 de enero “ante la imposibilidad de lograr consensos” con el presidente Pedro Castillo Terrones. En los seis meses de Gobierno, Valer Pinto se convierte en el tercer premier del mandatario, luego de Vásquez Chuquilín y del congresista de Perú Libre, Guido Bellido Ugarte.
Valer Pinto es un abogado natural de Abancay, Apurímac, y congresista elegido, en un primer momento, como invitado del partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga. En julio del 2021, sin embargo, el funcionario fue separado. En la segunda vuelta, Valer Pinto apoyó la candidatura de Castillo y registró por lo menos una reunión con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Luego de un breve paso por Somos Perú, Valer Pinto formó la bancada Perú Democratico, que también integran Betsy Chávez y Guillermo Bermejo.
Como candidato y luego congresista, Valer Pinto ha realizado comentarios contra el enfoque de género y expresiones machistas. En setiembre del 2021, por ejemplo, el actual primer ministro le dijo al parlamentario José Ventura que “se ponga falda” si este último quería pronunciarse en defensa de las mujeres.
Además del premier, Pedro Castillo realizó cambios en nueve carteras: Cancillería, Defensa, Economía, Interior, Desarrollo Agrario, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente y Cultura. En el primer caso, el abogado y expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo, asumió el ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo del diplomático de carrera, Óscar Maúrtua. Este último se presentó en el Congreso, el martes, para esclarecer lo dicho por el presidente sobre una salida al mar de Bolivia.
En el ministerio de Defensa ingresó como titular el contralmirante en retiro y exinspector general de la Marina, José Gavidia Arrascue, en reemplazo de Juan Carrasco, quien se encontraba en una unidad de cuidados intensivos luego de contraer Covid-19. En 2012, la prensa nacional reveló los vínculos amicales de Gavidia Arrascue con el entorno del exasesor presidencial, y hoy acusado por los casos Lava Jato y La Centralita, Martín Belaunde Lossio. En diciembre del 2021, Gavidia Arrascue además registró visitas a Palacio de Gobierno.
Uno de los cambios más gravitantes en el actual contexto llegó en la cartera de Economía. La tarde del martes, el entonces ministro Pedro Francke Ballvé hizo pública su renuncia al cargo y resaltó la necesidad de fortalecer la lucha anticorrupción. En su reemplazo entró el economista Óscar Graham Yamahuchi. Entre 2017 y 2019, el funcionario fue asesor de la cartera de Economía y en el 2019 ejerció como viceministro de MYPE e Industria. Hasta hoy, Graham Yamahuchi laboraba como Director General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía.
En el cuarto caso, el oficial PNP (r) Alfonso Chávarry Estrada reemplazará a Avelino Guillén Jáuregui, quien renunció el pasado 30 de enero. Chávarry Estrada ha ejercido como Gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, entre los años 2011 y 2012. Además de laborar como asesor en el Congreso (2013 – 2014) y en la Sucamec (2021), Chávarry Estrada también fue designado como titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, por el entonces ministro Juan Carrasco Millones.
En Desarrollo Agrario y Energía y Minas, ingresaron Alberto Ramos Quilca y Alessandra Herrera Jara en reemplazo de Victor Maita Frisancho y Eduardo González Toro, de manera respectiva. El primero ha sido coordinador departamental de Agrorural; mientras que Herrera Jara es abogada por la Universidad San Martín de Porres. En su declaración jurada, Herrera Jara declaró ser accionista de AYM Desarrollo Grupo Consultor y haber ejercido diversos cargos públicos en el sector de Ambiente y Energía y Minas.
En la cartera de Cultura, el abogado Alejandro Salas Zegarra reemplaza a la ministra Gisela Ortiz Perea. De acuerdo al portal del Estado, Salas Zegarra ejercía desde noviembre del año pasado como secretario general de la Municipalidad Distrital de Breña. En las elecciones de 2006 y 2014, el hoy ministro fue elegido como regidor de Pueblo Libre como parte de Somos Perú y de Solidaridad Nacional, de manera respectiva. En las elecciones extraordinarias del 2020, Salas Zegarra intentó alcanzar un escaño en el Congreso con Somos Perú.
El retorno de Perú Libre
El octavo y noveno cambio en la PCM significaron el ingreso de dos funcionarios cercanos a Perú Libre, dirigido por Vladimir Cerrón. El primero es el nuevo ministro del Ambiente, el geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Wilber Supo Quisocala (31). El funcionario es natural de Puno y ha sido docente de academias preuniversitarias. En el mes de setiembre de 2020 ingresó a militar en Perú Libre y postuló al Congreso en 2020 como parte de las elecciones extraordinarias de dicho año, aunque sin éxito.
En julio del año pasado, OjoPúblico informó que Supo Quisocala ─junto con su antecesor en la cartera de Ambiente, Rubén Ramírez Mateo ─fueron parte del equipo de transparencia de Pedro Castillo cuando este último ganó las elecciones generales. De acuerdo al portal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Supo Quisocala enfatizó su preocupación por el cambio climático, la preservación del agua y la protección de los pueblos indígenas ante “el despojo territorial” por parte de terceros.
De la misma manera, la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte Mamani (50), forma parte del Consejo de Ministros en la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables. La funcionaria es natural de Cusco y docente por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de dicha región. En las últimas elecciones congresales, Ugarte Mamani postuló por el partido de Vladimir Cerrón y alcanzó un escaño. En octubre del 2021, OjoPúblico detectó que la legisladora era una de las pocas voces disidentes dentro de la banca de gobierno.
Los cambios en el Consejo de Ministros, además, supusieron la salida de cuadros vinculados a otros movimientos de izquierda. La exprimera ministra Mirtha Vásquez fue presidenta del Congreso, en 2020, como representante del Frente Amplio. De igual forma, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, es miembro del movimiento político Nuevo Perú, que es dirigido por la excandidata presidencial Verónika Mendoza Frisch.
Crisis de gobierno
La elección de Valer Pinto al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ocurre, además, ante una nueva crisis de Gobierno. El 30 de enero, el presidente aceptó la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui. En declaraciones a la prensa, dicho funcionario aseguró que no obtuvo el respaldo del mandatario frente a su solicitud de pase al retiro del comandante general de la Policía, Javier Gallardo. Esta última fue aceptada a la par que la renuncia de Guillén Jáuregui.
Tanto Guillén Jáuregui como el entonces comandante general tenían una disputa pública por la lista de ascensos a generales y cambios de puesto del personal policial. La última semana de enero, además, el subcomandante general PNP (r), Javier Bueno Victoriano, se reafirmó ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso que hubo pagos ilegales durante el proceso de ascensos a generales. En las coordinaciones irregulares, Bueno también involucró al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco.
“La crisis en el sector del Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción”, dijo Vásquez Chuquilín en su carta de renuncia, del 31 de enero. Horas antes de que esta fuera hecha pública, Castillo Terrones y la entonces presidenta de la PCM se reunieron en Palacio. “Estimo que a esta instancia mi rol se ha agotado y que es necesario para su gobierno una recomposición del gabinete”, culmina la misiva difundida por la propia Vásquez Chuquilín en Twitter.
En declaraciones a la prensa, Vásquez Chuquilín y Guillén Jáuregui han criticado al círculo de asesores del presidente Castillo. Este martes, el diario Gestión informó que el secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico Carranza, despidió a Biberto Castillo León, asesor a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público. El diario La República, por su parte, reveló la semana pasada que Jaico Carranza acusó a Castillo León de influir en la designación de Daniel Salaverry como titular de Perupetro.
El mismo lunes, sin embargo, Jaico Carranza hizo pública su carta de renuncia a la Secretaria General del Despacho Presidencial. “Advertí, tempranamente, la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete […] cual ‘gabinete en la sombra’ […] en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país”, escribió. El funcionario fue el reemplazo del secretario general, Bruno Pacheco, quien es investigado por tráfico de influencias, y a quien se le encontró US$20.000 en efectivo en un baño de Palacio.
Ante la renuncia de Vásquez Chuquilín a la PCM, la congresista María Acuña Peralta de la bancada de Alianza para el Progreso, y hermana del fundador de dicho partido, César Acuña Peralta, aseguró en su cuenta de Twitter que “si es el mismo presidente insiste en atacar la institucionalidad, no queda otra medida que utilizar los mecanismos Constitucionales”. En el mismo sentido se expresó el legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, quien pidió en dicha red social la renuncia de Castillo Terrones.
Días antes, el pasado 28 de enero, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, coincidió en la solicitud de renuncia del mandatario. Su colega de bancada, la legisladora Susel Paredes Piqué, por su parte, declaró a la prensa que “tenemos que buscar una manera jurídicamente adecuada para sacarlo [al mandatario]”. La mañana del martes, Paredes Piqué sustentó en el Congreso una modificación al artículo 117 de la Constitución, con el objetivo de que un presidente pueda ser acusado durante su mandato por delitos de corrupción.
En menos de un año de Gobierno, el presidente Castillo ya ha enfrentado un primer intento de retirarlo de su cargo. A fines del 2021, la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País, con el apoyo de su bancada y congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular, presentaron una moción de vacancia contra el mandatario. Con 46 votos a favor, 76 en contra y cuatro abstenciones, sin embargo, la admisión de la iniciativa fue rechazada por el Pleno. Chirinos ya ha anunciado que presentará una acusación constitucional contra Castillo.
Fuente foto: Monitoreamos,
