La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos.
Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.
Con la actual propuesta de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos.
Desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. La propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales (36.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.
La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma. Ni plantea eliminar el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual y las víctimas de trata se vean obligadas a ejercer la prostitución en lugares aislados, expuestas a mayores peligros de abusos. Ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.
Por supuesto que no nos vamos a quedar calladas y nos vamos a movilizar. Por ello estamos impulsando movilizaciones para el 13 de febrero en todo el Estado español. Poco después se llegará a un acuerdo y vamos a empujar para que el resultado de la reforma sea una nueva ley que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El reto es enorme, pero estamos convencidas de que si nos unimos, ¡podemos lograrlo!
Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades. Hagamos que el 13 de febrero seamos miles en las calles dejando claro que queremos acabar de una vez por todas con las mordazas.
