Fuente: Servindi.
Parlamento aprobó normas que representan un retroceso en la calidad educativa y educación sexual, y bloqueó otras iniciativas para avanzar en materia ambiental.
Mientras el país se sumía en una nueva crisis política, el Congreso de la República aprovechó para continuar aprobando normas que representan un retroceso en temas claves.
Las iniciativas aprobadas van desde una que atenta contra la educación sexual integral hasta el más reciente golpe a la reforma universitaria y la Sunedu.
También rechazaron debatir, en medio del actual desastre ecológico, la aprobación del Acuerdo de Escazú y más antes elevar el impuesto a las grandes mineras. Aquí un recuento.
Golpe a la reforma
El golpe más reciente fue el perpetrado el 1 de febrero contra la reforma universitaria iniciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Ese día, el pleno del Congreso aprobó tres proyectos de ley que vulneran la autonomía de la Sunedu e incorporan en su consejo directivo a representantes elegidos por las propias universidades.
Los proyectos 697, 862 y 908, aprobados por mayoría parlamentaria en primera votación, también establecen que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes.
Los nuevos miembros serían dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas y uno del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (Concytec).
Así como uno del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), uno del Ministerio de Educación (Minedu) y otro del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
Esto, para los especialistas, representa un retroceso porque le resta autonomía a la Sunedu, el ente regulador de las condiciones mínimas de calidad de las universidades.
Lo hace al permitir que sean las propias universidades las que elijan quienes los van a supervisar, un modelo precario similar al aplicado durante la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
“[…] están sometido a la persona elegida a dar cuenta a quienes lo han elegido y por lo tanto pierden autonomía”, señaló la Sunedu que también se ha manifestado en contra de la iniciativa.
Hasta el momento, el consejo directivo de la Sunedu venía siendo integrado por dos representantes del Estado y cinco ciudadanos independientes elegidos por concurso público.
Los cuestionamientos a lo aprobado se amplían porque lo que en verdad se buscaría es dar un salvavidas a las universidades cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu.
De hecho, en la Comisión de Educación que aprobó la iniciativa para que llegara al pleno, hay 12 miembros que han pasado por universidades no licenciadas, un claro conflicto de interés.
Uno de ellos es el propio presidente del grupo, Esdras Medina Minaya, parlamentario de Renovación Popular que estudió una maestría en la universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno.
Para el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, es claro que la iniciativa “esconde un propósito oscuro plagado de intereses” con el que “las universidades actuaban sin supervisión ni fiscalización”.
Ahora el proyecto deberá pasar por una segunda votación antes de llegar al Ejecutivo, que finalmente tendrá la posibilidad de observar la norma y evitar la consumación de este golpe.
Contra la educación sexual
Otra iniciativa que también ha sido duramente criticada en la última semana es el Proyecto de Ley 904/2021, presentada precisamente por el parlamentario Esdras Medina Minaya.
La propuesta faculta a un grupo de padres de familia de aprobar o desaprobar contenidos sobre Educación Sexual Integral (ESI), contraviniendo el cumplimiento del rol constitucional del Ministerio de Educación (Minedu).
Asimismo, señala plazos de revisión que no permitirían que madres y padres reciban otras opiniones o hagan consultas acerca de los contenidos o materiales educativos que observen.
La iniciativa también plantea retirar materiales y currículos educativos, aprobados anteriormente, que no cumplan con lo dispuesto con esta norma, lo cual sería una forma de censura.
Por todo ello, la propuesta es cuestionada por entidades nacionales, organizaciones indígenas y organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
La organización Amnistía Internacional también se pronunció y recordó que la ESI “enseña a decidir responsablemente sobre nuestro cuerpo” y a “establecer relaciones respetuosas”.
Cabe mencionar que, en 2021, ocurrieron 147 asesinatos a mujeres y se reportaron 5000 mujeres desaparecidas, según investigaciones de la organización no gubernamental Manuela Ramos.
Además, en 2021 se registraron más de 12 mil denuncias de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, donde más de 5 mil de ellas son violencias a menores, según el Ministerio de la Mujer.
En rechazo a estas dos propuestas en materia educativa, el sábado 5 de febrero se realizó un movilización encabezada por sectores juveniles y estudiantiles.
Estudiantes de la universidad San Marcos, la UNI, La Cantuta, la del Callao, la Agraria, la Antonio Ruiz de Montoya y la Católica asistieron a la jornada de protesta.
Bloqueos en ambiente
Pero los congresistas no solo se han esmerado en generar retrocesos en materia educativa, sino también en imponerse ante propuestas que representarían avances en asuntos ambientales.
El 31 de febrero la Junta de Portavoces rechazó ampliar la agenda del Pleno para debatir la aprobación del Acuerdo Escazú, un tratado internacional que promueve derechos ambientales.
La decisión fue adoptada con los votos de congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Perú Democrático.
Este hecho ocurre cuando el Perú vive un desastre ecológico causado por el derrame de 11.900 barriles de petróleo, a cargo de una refinería de Repsol, sobre el mar de Ventanilla.
Diversos líderes políticos con representación en el Congreso se habían mostrado indignados por esta tragedia, pero parece que la indignación les dura poco cuando de aprobar avances se trata.
Un hecho similar ocurrió a fines de diciembre de 2021 cuando el Congreso de la República rechazó que se eleven los impuestos a las grandes mineras.
El Ejecutivo había solicitado facultades en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica para llevar adelante una reforma que incluía dicha propuesta.
Con el incremento de impuestos a las grandes mineras, buscaban generar una recaudación adicional de 12.000 millones de soles, aproximadamente unos 2.650 millones de euros.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado que el Perú tenía espacio para elevar la carga tributaria minera sin afectar la competitividad.
Sin embargo, el Congreso solo le otorgó al Ejecutivo facultades parciales para su reforma, excluyendo esta propuesta y reduciendo el alcance de la recaudación por menos de S/ 1.000 millones.
A detalle, se le impidió al Ejecutivo realizar cambios al régimen fiscal minero a pesar de que el precio de los metales alcanzó su pico y generará sobreganancias a las empresas del sector.
Esta decisión fue apoyada por los congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú. Así estamos.
