por Jorge Marchini y Aram Aharonian
Sin mucha vergüenza, el gobierno difundió “Las 10 verdades del acuerdo con el Fondo”, donde da la sensación que el mismo fue redactado por los expertos comunicadores del mismo Fondo Monetario Internacional, con mucha experiencia en maquillar las consecuencias de sus “convenios” expoliatorios.
El decálogo pareciera reseñar una gesta heroica, que deja una enseñanza para todo el mundo: no hay otro camino que atenerse a las condiciones del FMI. O sea, “abandonad toda esperanza”. “Teníamos una deuda impagable y ahora tenemos un acuerdo razonable. Con este acuerdo podemos crecer, honrar nuestras obligaciones y hacer una Argentina más justa”, señala. Frases cortas, sin mayores explicaciones: desdén por la capacidad de los ciudadanos para comprender de qué se trata, destino impostergable.
Según el cronograma actual, Argentina debe pagar 19.000 millones de dólares en 2022, una cifra a la que no puede hacer frente. Por ese motivo, el programa de Facilidades Extendidas que pretende acordar el Gobierno con el FMI aplaza la devolución del préstamo hasta 2026, cuando otro sea presidente.
A los expertos les llama muy en particular la atención el punto seis del nuevo decálogo gubernamental de la defensa del acuerdo con el FMI que afirma que éste está basado » en la confianza del mundo en nuestras capacidades». Lo que resulta notable es que exactamente el mismo argumento fue utilizado por el FMI para justificar el crédito récord de 57.000 millones de dólares a la Argentina al gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno recurre a los mismos argumentos que en 2018 se plantearon desde el FMI para justificar el «apoyo a la Argentina». ¿Será entonces que el acuerdo del FMI de entonces no fue tan malo como lo pintaron tanto el presidente como la vicepresidenta en innumerables discursos?
O lo que muchos temen: que el actual gobierno se ha decidido a encaminarse en la misma ruta que la administración neoliberal de Macri, pero con mucha más dureza, como indicaron como crítica los auditores del FMI del crédito anterior.
Uno puede entender que a un gobierno que se autodefine como peronista, como progresista, le cuesta mucho encontrar 10 justificaciones para el este viraje. El primer punto, por ejemplo, “para pagar, primero hay que crecer. Por eso hoy cerramos un acuerdo que nos va a permitir sostener el crecimiento y el sendero del desarrollo con inclusión”. La realidad desdice lo expuesto: primero se paga y luego se verá si puede haber crecimiento y/o desarrollo.
Y sigue con las falacias y medias verdades: Es un acuerdo que hicimos preservando los intereses de las argentinas y los argentinos, que no restringe ni condiciona los derechos de nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Un acuerdo que cuida la inversión en obra pública, que es uno de los pilares de la recuperación económica y de la generación de empleo. El ministro de Economía Martín Guzmán añadió que no habrá “ninguna reforma laboral” ni “privatización de empresas públicas”.
“Negociamos de manera soberana, por eso este acuerdo no nos impone llegar al déficit cero ni nos obliga a una reforma laboral. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, señala el decálogo fondomonetarista firmado por el gobierno argentino.
Y es entonces que tira la pelota para afuera: “La deuda fue tomada de manera irresponsable por el gobierno de Macri y hoy nosotros, como hemos hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia, nos hacemos cargo de este problema y lo resolvemos. Acordar significa poder acceder a nuevos financiamientos para seguir creciendo y que esa recuperación llegue a cada casa y a cada familia”.
El diálogo del gobierno argentino con el FMI se había convertido en el detonante de numerosas peleas incluso en el seno de la coalición gobernante, el Frente de Todos. Según la prensa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaba el sector más reacio a aceptar cualquier condición del Fondo que implicara un ajuste.
“El presidente se comprometió a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso. Ojalá que en el pasado tamaño endeudamiento hubiese pasado por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Quizás fue la cobardía que no hayan mandado el proyecto acá”, dijo el diputado Máximo Kirchner.
Tras el pacto de un nuevo programa con el Fondo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso, donde el triunfo opositor en las legislativas del 14 de noviembre último dejó al gobierno sin el control que ostentaba en el Senado —pese a conservar la mayoría— y con solo dos legisladores más que el opositor Juntos por el Cambio en Diputados.
Hace casi un año, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, dijo que era “un momento muy importante” para que Argentina pusiera en práctica políticas para una reestructuración exitosa de su deuda, mientras que el Papa Francisco advertía que soluciones insensibles pueden dañar a las sociedades.
Apareciendo de improviso en la conferencia del Vaticano en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en la que participaban el economista estadounidense Joseph Stliglitz, el ministro de Economía argentino Martín Guzmán y la mandamás del FMI, el Papa y pidió “nuevas formas de solidaridad” para ayudar a los países endeudados, señalando que “no estamos condenados a la desigualdad universal”.
Francisco, agregó que la política de deuda de un país “puede convertirse en un factor que dañe el tejido social”. Hoy los analistas se preguntan cuál fue la influencia del Papa argentino en el acuerdo que finalmente se firmara con el FMI.
Stiglitz, mentor de Guzmán, dijo entonces que la actual crisis de deuda argentina le dio al mundo la oportunidad de “demostrar que existe un enfoque alternativo al que ha fallado repetidamente en el pasado” e hizo un llamado para impulsar “un marco que a la vez apele a las nociones de racionalidad económica y a nuestro sentido de solidaridad social, una humanidad común, que en este momento de la historia parece tan atacada”.
El sector del Frente de Todos que responde al presidente Alberto Fernández presenta el acuerdo como un logro y festeja porque «no incluye políticas de ajuste», tal como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán. Esta afirmación choca contra la realidad cuando en forma paralela se anticipa que habrá aumentos de tarifas de servicios públicos, una significativa nueva devaluación del peso e incremento de tasa de interés bancarias, medidas que golpearán sensiblemente a la población. ¿Cuál es la verdad?
Por lo pronto, hay quienes no están muy contentos dentro de la coalición oficialista. Alicia Castro, exembajadora en Reino Unido y Venezuela, advirtió que «solo alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto el presidente va a ser reelecto. Lo vivimos como un duelo, con una gran preocupación».
Lamentó profundamente que el Gobierno no haya querido recibir la propuesta de dar un ejemplo llevando al FMI a rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia, que era la oportunidad de decir ‘basta’, de obtener mejores condiciones en la negociación.
“Con el acuerdo se está forzando al pueblo argentino a pagar una estafa», sentenció Castro , quien calificó de «poco ética» la actitud de “decir que no va a haber ajuste, que el gasto cero será a partir de 2025″ porque «se están alegrando porque evidentemente eso ocurrirá durante la gestión de otro Gobierno», añadió la exdirigente sindical.
El origen
¿Porqué se originó la deuda y qué se hizo con ella? Todos saben que la Argentina es un país rico en recursos de todo tipo y cuenta con una mano de obra capacitada y numerosa, con un alto nivel de educación y formación, que puede capacitarse aún más.
La deuda externa del gobierno anterior se generó cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015, que era en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB, unos 216.000 millones de pesos. Y se tomaron dólares para ello, explica el economista Horacio Rovelli.
A ello se debe agregar el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales causados por la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.
Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos en pesos le dió la moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los cambió al valor oficial por pesos, que el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas.
Y como el gobierno neoliberal fue subiendo el monto máximo que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100 empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.El otro problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron.
Ninguna de esas 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compró, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de lavado de activos para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los 24.769 millones de dólares).
Paralelamente el gobierno macrista, que priorizó la negociación de la deuda externa por encima de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024. Eso sí, se le paga los intereses.
Pero con el Fondo Monetario Internacional, la deuda que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que, sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión.
Y el viernes 28 de enero 2022 se le pagaron intereses por 731 millones de dólares más y se arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación en marzo próximo.
El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7%, lo que es claramente imposible, señaló el economista Horacio Rovelli.
“Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil. Vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el Banco Central en los dos últimos años, durante este gobierno, añadió.
El préstamo a Macri no le sirvió al país, dice el FMI
El FMI admitió que el préstamo a Macri no logró restaurar la confianza del mercado ni reducir los desequilibrios fiscales. “La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero y una base exportadora reducida”, señala el informe de evaluación técnica sobre el programa Stand by .
El crédito de 57.000 millones de dólares que el FMI concedió al Gobierno argentino en 2018 —de los que se desembolsaron 44.000— no cumplió con sus principales objetivos. “La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero y una base exportadora reducida”, destaca el informe.
La entonces directora gerente del FMI, Christine Lagarde, felicitó a las autoridades argentinas por haber alcanzado el acuerdo e hizo énfasis en la necesidad de acelerar la reducción del déficit en el país. «El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020», señaló.
Asimismo, Lagarde agregó que el FMI respalda los «redoblados esfuerzos» por reducir la inflación que «carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad».
Hoy el FMI atribuye también al Ejecutivo de Macri parte de la responsabilidad: la ausencia de medidas respecto a las operaciones de deuda y de controles al movimiento de capitales fueron perjudiciales. El FMI critica también la existencia de problemas de comunicación y un exceso de optimismo en las expectativas económicas, entre ellas la inflación: el macrismo preveía un aumento de precios del 15% para 2018, pero ese año la inflación fue de 47,6%, la más alta de los últimos 27 años.
El organismo admite que el crédito no logró la disminución progresiva de las tensiones en la balanza de pagos de Argentina ni la protección de los sectores más vulnerables de la población. La crisis económica argentina que comenzó en 2018 y se agravó en los dos años posteriores castigó con especial dureza a aquellos con menos recursos. Entre 2018 y finales de 2020, la pobreza creció del 32 al 42 por ciento de la población.
De ser aprobado en el Congreso el acuerdo con el FMI, a libro cerrado, con la excusa de que “no hay nada más que hacer” se frustrará –con mayores golpes a las condiciones de vida de los ciudadanos- la sincera expectativa y la enorme esperanza original generada por el actual gobierno.
El “entendimiento sobre políticas clave” para un acuerdo con el FMI logró eludir el default hasta 2024, pero no reducir las sobretasas ni la tutoría permanente, omnipresente de los funcionarios del FMI. “Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento (…) Hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024», afirmó Claudio Lozano, director del Banco de la Nación.
Este gobierno, en la Plataforma Electoral 2019 del Frente de Todos, se comprometió a combatir prioritariamente “la creciente pobreza, destrucción y precarización del mercado de trabajo, marcada caída del poder de compra de los salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario, esquema tarifario que desconfiguró la economía, políticas de ajuste impuestas sobre el Estado, y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental”.
Ese compromiso, ¿fue solo un decir electoral publicitario sin tomar en consideración la real dimensión del desafío del brutal endeudamiento que dejaba el gobierno anterior? ¿Se pensó con una inocencia increíble durante más de dos años que el FMI «no es el mismo», aceptando llevar adelante negociaciones confidenciales mientras se lavaba su clara responsabilidad?.¿Por qué no se consultaron y escucharon otras voces y propuestas serias que no eran solo consignas o expresiones de deseo?
La sociedad argentina deberá enfrentar la realidad en forma activa contra los engaños y la desmoralización para defender sus condiciones de vida y su futuro. Podrá y deberá hacerlo.
*Marchini es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración, creador y fundador de Telesur. Ambos son analistas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
