El año que se nos viene no será de continuidad. Chile va a iniciar un nuevo gobierno, un parlamento muy variopinto, así como una Constitución que supone una profunda reforma institucional. Las últimas elecciones lo que más consolidaron fue la irrupción de un cambio generacional, no solo expresado en la corta edad del nuevo Mandatario, sino muy probablemente en la renovación de muchos rostros de La Moneda y el conjunto de las dependencias del Estado.
El triunfo de Gabriel Boric es, también, la derrota de los referentes tradicionales. El desdén generalizado a las colectividades y figuras del pasado, la marginación ojalá definitiva de toda una casta o clase política que ya por tiempo carecía de credibilidad y había renunciado a ejercer liderazgo doctrinario y moral en la población. El servicio público se había convertido, como sabemos, en el gran medio para enriquecerse ilícitamente y desnaturalizar los cargos destinados a promover el desarrollo nacional y velar por la más justa connivencia social.
En La Moneda y el Parlamento por más treinta años se postergaron las más sentidas reformas demandadas por el país. Tal es así que la posdictadura ha culminado con un Presidente voraz e inescrupuloso, al tiempo que los legisladores eran cooptados mediante el cohecho y alentados por la descarada impunidad. Siete mandatos presidenciales se resistieron a derogar la Carta Fundamental legada por la Dictadura, mientras el país contemplaba, por ejemplo, la estafa inaudita de las AFPs e isapres a la gran mayoría de los trabajadores. Al tiempo que el dispendio militar y la corrupción de los institutos armados eran alimentados por las autoridades a objeto de garantizarse su protección. Por décadas se nos dijo que no había dinero para atender las necesidades más apremiantes del pueblo, hasta que la pandemia y el Estadillo Social milagrosamente abrieron las arcas fiscales, sin siquiera necesidad, todavía, de repatriar las enormes reservas depositadas a cobijo de la banca extranjera.
Pero de derecha a izquierda se reconoce ahora que la reforma previsional puede ser posible, que la educación pública puede contar con los recursos para ser gratuita y de calidad; que nuestro Estado perfectamente podría emprender actividades y empresas que generen empleo, salarios y pensiones justas. Tal como ocurre en aquellas democracias en que los intereses foráneos y privados no tienen sumisos a los gobernantes.
En el estallido social de octubre del 2018 encontramos la razón del cambio. Finalmente fue el miedo al pueblo lo que hizo a la política abrirse a una Convención Constituyente y obtener resultados electorales que consolidan el advenimiento de una generación nueva a la gestión del Estado. Un millón y medio más de ciudadanos decidieron concurrir a las urnas tras este propósito, aunque en las campañas de los miles de candidatos que se postularon tuvimos que constatar deserciones ideológicas o simulaciones electoralistas.
Así es como la derecha pinochetista se vio obligada a cubrir su tenebroso rostro y hasta la otrora poderosa viuda del Dictador tuvo que ser sepultada rápidamente y a espaldas de sus antiguos y abyectos partidarios. Pero también la izquierda mostró gran debilidad al transfigurarse en “social demócrata” y renegar de aquellas experiencias revolucionarias que hasta hace poco eran saludadas desde Chile con el puño en alto. De allí también que unos y otros convinieran en que las reformas prometidas tendrían que hacerse muy graduales, o en la “medida de lo posible”, para no provocar las iras de los llamados inversionistas nacionales y extranjeros, de la Casa Blanca y hasta de los mercados. Un temor que se nos expresa, ahora, no ya en la falta de recursos, sino el nuevo fantasma de la inflación.
Se nos dice que los bonos recibidos por los trabajadores o la posibilidad de que se implementen reajustes en serio a su sueldos y pensiones podrían desatar el poder adquisitivo, elevar los precios de los productos, así como afectar los niveles macroeconómicos. Y se agrega, por supuesto, aquella hipócrita sentencia en cuanto a que ello afectaría sobre todo a los más pobres… Observamos en estos días a conspicuos derechistas e izquierdistas del pasado e, incluso, recién electos, soslayando la imprescindible necesidad de restringir el consumo escandaloso de los más ricos, gravando con justos impuestos su abultado patrimonio. En definitiva, prohibiendo la extrema riqueza para favorecer la redención de los pobres sin los trastornos anunciados.
Con toda desfachatez, desde la prensa reaccionaria se le sugiere al Presidente Electo el perfil que debiera tener su nuevo ministro de Hacienda. Algo que parece fundamental para la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y del Comercio, entidades que ya comprobaron que, en los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y del propio Piñera, el verdadero mandamás era quien ocupaba este cargo. Al grado que todas las demás reparticiones del Estado tenían que mendigar sus presupuestos, renunciando sus propósitos y promesas electorales. Salvo, por supuesto, respecto de las gruesas partidas destinadas a la tan bien ponderada Defensa Nacional y el paulatino incremento y poder represivo de las policías.
Se nos advierte que será muy ardua la gestión del nuevo gobierno, cuando en realidad la derecha ha sido contundentemente derrotada y se ve como muy improbable que las fuerzas reaccionarias puedan recuperarse en breve tiempo. Sus divisiones, sin duda, son demasiado ostensibles.
Sin embargo, creemos que el mayor riesgo estriba en que los sectores considerados progresistas se dejen pautear por la prensa retardataria y las clásicas amenazas de la clase empresarial de emigrar sus recursos al extranjero. Incluso su falaz advertencia de que podrían hasta abandonar sus enclaves productivos y financieros del país. Cuando antes de eso, sabemos, prefieren conspirar y alentar el golpismo.
Terrible sería las escisiones que algunos ya temen dentro del nuevo oficialismo, como que los valores generacionales de quienes triunfaron, terminen cediéndole espacio en el gobierno a los que, después de su profunda derrota, ahora apelan a sus “años de experiencia” para instar al nuevo Presidente de renovarles cargos y prebendas. Con lo cual, “las amplias alamedas de Allende” sufrirían una nueva y peligrosa frustración.
