El crédito que obtuvo Argentina en el año 2018 del Fondo Monetario Internacional es ilegal, tanto para la legislación de nuestro país como para los estatutos de ese organismo
internacional.

Desde el punto de vista argentino incumple tres normas de la Constitución Nacional el art. 75 inc.4 que se refiere al monto de los préstamos, el art. 75 inc. 7 que se refiere a las
formas de pago, ambos aspectos, deben ser aprobados por el Congreso y el art. 75 inc. 22 que establece que todo acuerdo con países u organismos internacionales (el FMI lo es) debe ser
aprobado por el congreso, es decir que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para realizar estos actos.

Por otro lado, el F.M.I. incumple el monto máximo que puede otorgar como préstamo a los países miembros, este puede ser hasta el 435% de la cuota que tiene el país en este.
Argentina tiene el 0,67% del capital que son 4.334 millones de dólares, lo que quiere decir que el préstamo puede ser hasta 18.852,90 millones de dólares, 55.000 millones de dólares excede largamente esa cifra.

El acuerdo que otorga el Directorio del F.M.I. obviamente se aparta largamente de lo establecido por este organismo.

Otra forma de advertir la desproporción del préstamo otorgado a Argentina, es que equivale a todo el financiamiento que el F.M.I. entregó al resto del mundo por la pandemia.
A esto se agrega también que los estatutos del Fondo prohíben expresamente otorgar préstamos para financiar fuga de capitales, cosa que ocurrió íntegramente con los fondos
ingresados por este instrumento, hay que tener en cuenta que la modalidad de estos préstamos es en tramos o cuotas, lo que pudo ser fácilmente advertido el destino de esos dólares, tal como el propio Macri lo reconoció que se fugaron, al ser entregados a bancos que ni siquiera eran acreedores del gobierno argentino.

Además, cuando se analiza la posibilidad de pago tanto el Fondo como Argentina, cuando acuerdan un plan de pago que tiene vencimientos por 18.000 millones de dólares en2023 y por 19.000 millones de dólares en el 2024, saben que es impagable ya que con los fondos seguros con que cuenta nuestro país es el saldo de la balanza comercial, ya que la de pagos incluye capitales golondrina sumamente volátiles. En los últimos 10 años el mejor superávit comercial argentino fue de 15.000 millones de dólares obviamente que no alcanzan para estos pagos.
Para el caso del F.M.I. se aparta de los ”Criterios de Sostenibilidad de la Deuda” redactados en 2005 y 2018, que justamente se refieren a la capacidad de pago.

La impagabilidad de la deuda muestra claramente que es una estafa extorsiva, ya que busca colocar a Argentina en una situación vulnerable, como ya sucedió otras veces que le
permitieron al FMI imponer condicionamientos que significaron grandes sacrificios, esto generalmente se llama ajuste, por que imponen una disminución del consumo para que exista
un excedente para afrontar los pagos de la deuda.

El camino que ha escogido el gobierno tiene una gran peligrosidad, ya que tratar de “mejorar las condiciones” firmadas por Macri, significan una aceptación de esta deuda ilegal, esto técnicamente se llama “novación de la deuda” y jurídicamente impide cuestionar la deuda original, esto sucedió con la firma del Plan Baker en agosto de 1987, el alargamiento de los
plazos de pago y la reducción de los intereses costó que no se pudo repudiar la legitimidad de la deuda contraída por un gobierno dictatorial, ya que la novación operada la realizó un
gobierno constitucional. Este es el camino que sigue el gobierno de Alberto Fernández, que como ya o expresó, el acuerdo con el F.M.I. va a pasar por el Congreso con lo que subsanaría la
ilegalidad de origen.

Para los Humanistas no se debe aceptar una deuda que es claramente ilegal, para las dos partes, por esa razón proponemos que el gobierno argentino debe recurrir al Tribunal Internacional de Naciones Unidas, mientras esto se dirime Argentina no cae en default, en caso de que le sea otorgada la razón generaría un problema interno en el F.M.I. ya que los
responsables deberán al menos dar explicaciones.

Por otro lado, a nivel nacional hay que iniciar las acciones penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa a todos los responsables de haber intentado
hipotecar Argentina.

Por todo lo expuesto los Humanistas decimos no al pago de la deuda externa, por ilegal, fraudulenta y extorsiva.