Por Daniel Raventós y Miguel Salas
“Hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños si hablan castellano”, decía el secretario general del Partido Popular el pasado día 17. Y añadía entre otras necedades que hay niños que por hablar castellano en Cataluña “se les pone piedras en la mochila”. Hay la tentación de pensar que semejantes tonterías así serán inmediatamente percibidas por la ciudadanía. Pero ¡no! Puesto que muchas personas en el reino de España están dispuestas a creérselas. Como podíamos leer hace unos días en un artículo: “El temible peligro que supone el catalán para una lengua que comparten seiscientos millones de hablantes puede parecer cosa baladí, disparatada, pero la gente aquí en España se la cree, es un discurso aceptado a pesar de los estudios y estadísticas, y los periódicos lo pueden dar con impudor cada vez que no se les ocurre otra cosa”. Efectivamente, hay una parte de la población que está predispuesta a creerse todas estas fábulas. La extrema derecha española (¿hay una derecha no extrema en este reino?) utiliza este tipo de demagogia para fomentar el odio hacia todo lo que huela a catalán. Y alguna izquierda lo tolera de forma vergonzosa, a veces mirando a otro lado. Y la política catalanófobica de la derecha es claramente una política pensada, diseñada y de consecuencias devastadoras para todo lo que vagamente tenga que ver con democracia.
Las declaraciones del dirigente del PP, que al fin y al cabo eran quizás un poco más descerebradas de lo habitual pero en ningún caso aisladas, se producían pocas horas antes de una manifestación convocada por Som Escola en defensa de la lengua catalana y contra las sentencias judiciales cada vez más agresivas contra un modelo lingüístico que ha tenido el consenso de la sociedad catalana desde hace décadas, con la excepción de la extrema derecha. El llamado sistema de inmersión lingüística. La inmersión lingüística es una metodología de aprendizaje que consiste en la exposición total o parcial a la lengua, y lo hace en todas las etapas del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, desde que son pequeños hasta que llegan a la etapa adolescente. Es una de las estrategias de aprendizaje que más suele llevarse a cabo en la etapa escolar en cualquiera estado del mundo. Pero para la derecha extrema española lo que se practica en Cataluña no es eso sino algo así como una discriminación permanente del castellano. Debe recordarse que el modelo de inmersión lingüística fue una propuesta de la izquierda catalana hace ya muchos años. Concretamente fue una propuesta inicialmente del PSUC, el principal partido antifranquista de Cataluña, que defendió, a diferencia de la derecha autonomista catalana, que la lengua catalana fuera la lengua vehicular. La RAE define como “Lengua usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros”. Es un modelo que ha tenido la aceptación de partidos que van desde el Partido Socialista de Catalunya, pasando por los Comunes hasta la CUP. Como explicaba en un artículo en Sin Permiso Daniel Escribano:
La Ley del Parlament 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística, estableció que “[l]os centros de enseñanza deben hacer de la lengua catalana vehículo de expresión normal” (art. 20) y, para las poblaciones con más de un 70% de alumnado no catalanohablante, a partir del curso 1983-84 el gobierno catalán empezó a aplicar el programa de la denominada inmersión lingüística, consistente en la impartición de la enseñanza entre los 3 y 7 años íntegramente en catalán, con el español como asignatura. La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, declaró el catalán lengua vehicular de toda la enseñanza no universitaria (art. 21.1). El sistema de conjunción lingüística en catalán adquirió rango estatutario con la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, que recogió el precepto según el cual la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (art. 6.1), tanto universitaria como no universitaria (art. 35.1). Asimismo, el sistema también prevé atención individualizada en castellano para el alumnado de primera enseñanza cuyos progenitores o tutores lo soliciten (Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, art. 11.4). En lo tocante al occitano en Arán, es de aplicación el mismo régimen que el establecido respecto al catalán en la Cataluña estricta (Ley 12/2009, art. 17; Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés, en Arán, arts. 13-14; Ley 1/2015, de 5 de febrero, de régimen especial de Arán, art. 8.1.c).
No se trata de arrinconar al castellano, no se trata de discriminar a los castellanoparlantes. ¿Es necesario volver a recordar que, según informes del propio Ministerio de Educación español, la competencia lingüística en castellano del alumnado catalán es algo superior a la media de comunidades donde el castellano es la única lengua vehicular, como Andalucía, Murcia, Extremadura o Canarias?
No es “nacionalismo lingüista catalán” porque como el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, señalaba no hace muchos años: “el único nacionalismo lingüístico que existe hoy es el español”. Pero tal afirmación debe considerarse increíble en muchas partes del reino de España.
La movilización en defensa de un modelo lingüístico de convivencia que la derecha extrema quiere destruir
El sábado 18 de diciembre miles de personas se manifestaron en Barcelona en contra de la inaceptable intromisión de los jueces del Tribunal Supremo de imponer como obligatoria un 25% de enseñanza en castellano en las escuelas de Catalunya. Todas las fuerzas políticas, sindicales y asociativas, con la evidente excepción de C,s, PP y Vox, han protestado contra este ataque a la lengua. También el PSC, aunque no participó en la manifestación. La protesta fue convocada por Som Escola y ha sido una muestra de determinación, de protesta y de compromiso en defensa de la lengua. La defensa del catalán ha unificado a las escuelas, entidades, sindicatos y partidos frente a todos los obstáculos y represiones.
La alianza no disimulada entre las derechas y la judicatura está imponiendo una regresión democrática en toda regla. Cuando la derecha está en el poder impone leyes como la llamada Ley Mordaza, una evidente serie de medidas de recorte de derechos, o la Reforma Laboral, una limitación enorme de la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios. Y si las mayorías parlamentarias no son suficientes, siempre está detrás y lista para la acción la judicatura.
En el caso del catalán, la intromisión judicial en las decisiones políticas viene de mucho tiempo atrás. En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya estableció “como principio que el castellano debía ser lengua vehicular en la enseñanza”, reinterpretando y legislando (cosa que formalmente no puede hacer) por encima de lo que dice la Constitución. En el artículo 3 de la Constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. O sea, el TC le da una vuelta a la Constitución y acaba decidiendo lo que no dice: que el castellano tenga que ser lengua vehicular. Y si ahora se obliga a impartir un 25% es otra vuelta de tuerca más. Por encima del Parlament de Catalunya, del Estatut de Catalunya, sin ninguna decisión del legislativo… solo porque los jueces son la avanzadilla contra los derechos y libertades, y particularmente en lo que se refiere a Cataluña.
Es una larga historia de oprobios contra los idiomas de otras naciones en el reino de España. Recordemos que el actual rey huido declaró en el 2001: “Nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano…”. Una tergiversación olímpica del Borbón. Solo hay que recordar que el franquismo prohibió y persiguió las otras lenguas del Estado, como se hizo con el catalán en el siglo XVIII y durante la dictadura de Primo de Rivera. Esas mismas políticas que ahora claman por la imposición de un nuevo 155. No es solo la imposición del 25%, ya que esa decisión forma parte del plan para intentar doblegar al movimiento soberanista e independentista catalán.
No existe un problema lingüístico en Cataluña. Ni en la escuela ni en la sociedad catalana se ataca al castellano, los que tienen que defender una lengua minoritaria saben del valor que significa una lengua como para atacar otras. Son los jueces y las derechas quienes quieren crear un enfrentamiento por la lengua. La realidad es que los niños y jóvenes acaban la escuela dominando ambos idiomas, como lo demuestran todos los estudios y encuestas. Pero también es una realidad la pérdida social del catalán, evidenciado en los últimos años.
El ejemplo de Suiza
Existe una relación directa entre las libertades democráticas y como un país trata a sus lenguas. Suiza es un ejemplo. Son muy discutibles muchos aspectos de la vida política y social suiza, pero es de admirar la manera en que conviven sus diferentes lenguas.
Suiza es una confederación, resultado de un libre acuerdo entre iguales de sus diferentes componentes. La Constitución suiza (art. 4) reconoce 4 idiomas nacionales y oficiales: alemán, francés, italiano y romanche (un idioma de origen románico). Este último, a pesar de que lo hablan menos de 100.000 personas, es oficial solo en “las relaciones [de la Confederación] con las personas de lengua romanche”. Por ley, todos los documentos oficiales tienen que estar disponibles en los tres idiomas y la Administración está obligada a responder en el idioma en que se le dirija un ciudadano/a.
En cada cantón se imparte la enseñanza en su idioma correspondiente (alemán, francés, italiano o romanche) existe la obligación de estudiar un segundo idioma de la nación y se puede elegir un tercer idioma. Es fácil imaginarse lo que eso significaría en el reino de España. La enseñanza sería en el idioma de cada nación, español, catalán, vasco y gallego, y los alumnos estarían obligados a aprender otro idioma de entre esos cuatro. Por ejemplo, un niño vasco podría elegir como segundo idioma entre el español, el gallego o el catalán; y lo mismo un español respecto a las otras tres lenguas. La Administración, la judicatura, la policía, estaría obligada a responder en el idioma en el que un ciudadano o ciudadana se dirigiera a ella. Y, evidentemente, en las Cortes se podría hablar en cualquiera de las cuatro lenguas. ¿Puede haber un ejemplo mayor de desprecio hacia las lenguas minoritarias en el reino de España que los diputados no puedan hablar en catalán, vasco o gallego? Para algunos esto no es nacionalismo español, simplemente debe tratarse de cosmopolitismo abierto de miras.
En Suiza, el alemán es la lengua principal para más del 60% de la población. El francés lo es para el 20% de los suizos y el italiano para el 6,5%. Alrededor del 10% habla lenguas no nacionales (inglés, portugués, español, serbio, etc.). Cuatro cantones (Berna, Friburgo, el Valais y los Grisones) y una ciudad (Biena) son oficialmente bilingües o trilingües. Todo un mosaico de lenguas que conviven razonablemente bien en la medida en que son tratadas como iguales. Seguramente eso no evita roces ni dificultades. El alemán es el idioma vehicular más utilizado en las relaciones económicas y por el peso en la economía y las relaciones internacionales, el inglés tiene también mucho peso. Más de dos tercios de la población a partir de los 15 años utiliza habitualmente más de un idioma. Necesitan ese conocimiento para comunicarse entre sí, ya sea en el lugar de trabajo o en las cuatro diferentes regiones lingüísticas. Esa variedad idiomática es un riqueza intelectual y cultural para el conjunto de la población.
Ejemplos parecidos pueden encontrarse en Bélgica, en Quebec o en la antigua Yugoslavia y un caso particular es Estados Unidos en donde no hay un idioma oficial reconocido por la Constitución. El inglés es el idioma más utilizado y el español el segundo. Solo en algunos estados el inglés es idioma oficial.
La lengua y los derechos democráticos
Hay que preguntarse (retóricamente, claro está porque la evidencia responde constantemente a la pregunta de forma negativa) si un régimen como el monárquico puede garantizar la convivencia entre las diferentes lenguas del Estado y que solo es capaz de vivir mediante la imposición y la coerción.
La democracia es la relación entre iguales, que no haya una lengua que se imponga sobre las otras, que ninguna tenga privilegios. El idioma castellano, que es el preponderante, que tiene muchos más medios que el resto, no puede ni debe imponerse porque cuando hay coerción se crean fricciones, desconfianza, incomprensión y quien pierde es la democracia. La complejidad actual de las poblaciones aún da más importancia a este problema, más se necesita una visión democrática respecto a las muchas otras lenguas (árabe, chino, urdu, etc.) que incorpora la inmigración. Las derechas también pretenden ignorarlas u ocultarlas, cuando habría que dedicar medios para atenderlas y respetarlas.
La igualdad práctica respecto a las lenguas es un derecho democrático, como lo es aceptar que los pueblos puedan ejercer su autodeterminación. El régimen borbónico es incapaz de aceptar estos derechos y para la salud democrática bueno sería una salida republicana.
El conjunto de las lenguas que se hablan y conocen es un acervo cultural para el conjunto de la ciudadanía, una riqueza que las derechas pretenden limitar a su propia lengua, la que menosprecia a las otras. Sin coerción es fácil aceptar el conocimiento de la lengua de Cervantes, y el Estado debe poner los medios para que en plan de igualdad se pueda conocer la lengua de Rosalía de Castro, de Miquel Martí i Pol o Xabier de Lizardi. Pero quizás esto forme parte de la fantasía en un régimen monárquico como el español actual.
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y miembro del grupo de investigación GREECS. Su último libro es «La renta básica: ¿Por qué y para qué?» (Catarata, 2021).
Miguel Salas es miembro del comité de redacción de Sin Permiso
