A los 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las contradicciones esenciales con el paradigma de mercado requieren de la implementación urgente de una Renta Básica y la internalización de una cultura de los Derechos Humanos

El 10 de Diciembre de 1948 se aprobó en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su enfoque y propuestas nos hizo vibrar con un mundo humanizado, en la que la persona individual, por el sólo hecho de nacer, tiene garantizados un amplio abanico de dimensiones de su existencia. Habíamos llegado, luego de milenios de alternativas de formas de organización social, a una etapa histórica en la que lo social garantizaba a cada una de sus partes una existencia digna, independientemente de sus condiciones, potenciales y habilidades. Desde otro ángulo, se planteó  la total ruptura, en la dimensión de lo humano, de la ley natural de la supremacía del más fuerte.  Como si mañana finalmente supiéramos cómo ir más rápido que la velocidad de la luz. Tal es el contenido revolucionario del paradigma de los Derechos Humanos para la historia de nuestra especie.

El corpus de DDHH es como una doctrina abierta, en el sentido que los datos de la realidad modifican su contenido. Sus teóricos y militantes abogan permanentemente por la ampliación de los contenidos de derechos ya consagrados.

La mecánica de inclusión en los Estados implica que una gran mayoría de los países actualmente existentes ratificaron e incluyen a nivel de sus constituciones los instrumentos jurídicos planteados en los tratados de Derechos Humanos. Esto implica que toda ley existente a nivel de un país debe ajustarse a la jurisprudencia internacional, al tiempo que no puede consagrarse ninguna ley nueva cuyo contenido se contraponga a los derechos ya reconocidos.

 

DDHH, Estados y Mercado: confrontación de paradigmas

Derechos Humanos y Universalidad son términos equivalentes en este enfoque.

Es evidente que 73 años no han alcanzado para que los Estados desarrollen sus acciones, sus políticas públicas, en dirección propuesta en el paradigma de los DDHH. Millones de personas son vulnerados en sus derechos básicos al no contar con condiciones de existencia dignas. No se han hecho los arreglos sociales necesarios para que los individuos ejerzan cotidianamente su derecho a la vivienda, alimentación, educación, salud, agua potable, etc.

Es que como trasfondo de época aún persiste otro paradigma que entra en franca contradicción con el enfoque de Derechos. Este paradigma plantea, opuestamente, que cada quien tiene que transitar por un espacio social concebido como un mercado libre de condicionamientos y resolver sus necesidades de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Este enfoque propone que el Estado, como lo social organizado, sea reducido a un mínimo y no interfiera con los arreglos libres que puedan hacer sus componentes.

Esta contradicción no resuelta  impide la implementación y el avance hacia un orden constituido bajo el paraguas del enfoque de Derechos Humanos, en el que lo social garantiza los derechos de todos los individuos. La gravedad de las condiciones de existencia de millones de seres humanos en todo el mundo nos empuja a la resolución de la contradicción mencionada.

 

Urgencias en el avance del paradigma de Derechos Humanos

Si la dirección que vamos a elegir se orienta hacia la humanización de lo social, el primer arreglo que como conjunto debemos hacer es poner un piso mínimo a las condiciones de existencia individuales. En un momento histórico en que el acceso a bienes y servicios se concreta todavía en ese mercado como intercambio monetario, la política pública más urgente es la implementación inmediata de una Renta Básica universal, incondicional, suficiente y permanente. Esta medida implica la entrega de un monto de dinero a cada uno de los seres humanos para hacer frente a sus necesidades cotidianas de forma de poder ejercer sus derechos básicos.

El otro aspecto es la adopción de medidas en dirección de la internalización de la cultura de los Derechos Humanos en cada uno de nosotros. ¿Quién se hace cargo en el conjunto de lo social de la tarea de enseñar y promover una cultura de registro de uno mismo y de los demás como “sujetos de derecho”? Si uno no conoce ni aprende ni internaliza sentirse a sí mismo como sujeto de derechos, difícilmente pueda concebir, promover y defender un mundo organizado bajo este paradigma.

El sistema educativo podría constituirse en el actor social que asuma esta terea, comenzando por la modificación de los contenidos de enseñanza y por la “transformación” de aquellos que asumen el desafío de enseñar a las nuevas generaciones acerca del mundo en el que estamos.

En síntesis, o bien se profundiza la línea naturalista y el campo humano será el de la batalla por la primacía del más fuerte, o bien consolidamos una dirección humanizadora en la que todos los individuos tengamos garantizada nuestra existencia por el conjunto.