Fue un pedido de la asamblea de caciques al titular de la Unidad para la Ejecución de la sentencia, que visitó el lugar esta semana. Le plantearon la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios. Es la primera vez que las autoridades nacionales discuten con las comunidades la intervención que llevan adelante en el lugar.
Por CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales
Durante (la última semana de noviembre), funcionaries de la Unidad para la Ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitaron el territorio de las comunidades indígenas agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat, en Salta, y recibieron un pedido de la asamblea de caciques, que les reclamaron por la falta de avances en las medidas contempladas en el fallo. En el escrito que entregaron las autoridades comunitarias demandaron por las obras que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios y por un plan integral para que se cumpla con esa sentencia de la Corte, que reconoce la violación estatal de los derechos a la identidad cultural de la comunidad.
En abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia a favor de las comunidades indígenas asociadas en la Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra el Estado nacional. En su fallo dice que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral en ese territorio al norte de Salta y a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, en Rivadavia. El tribunal internacional dispuso que en un plazo máximo de seis años Argentina debe, además, trasladar a la población criolla fuera del territorio, quitar alambrados, garantizar el acceso al agua y a la alimentación y la seguridad jurídica sobre el derecho de propiedad comunitaria indígena. Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Estado crea una unidad especial para el cumplimiento de un fallo de la Corte IDH.
Desde el 29 de noviembre al 1º de diciembre, les miembres de la Unidad Ejecutora recorrieron los territorios en el Departamento de Rivadavia, en la segunda visita formal desde que se dictó la sentencia. También del viaje participaron funcionaries nacionales de los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat, Economía y Defensa y representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En cambio, la provincia de Salta sólo intervino en una reunión vinculada a la mesa de gestión institucional en Santa Victoria Este.
Durante la visita se recorrieron diferentes zonas del territorio en las que se pueden observar las consecuencias de trabajos inconclusos. En la zona de La Puntana, por ejemplo, se construyó un pozo de agua que funcionará con energía solar, pero aún no hay detalles ni información sobre la extensión de la red de agua para su utilización. Situaciones similares ocurren con otros 12 pozos de agua cercanos. También se recorrieron las zonas a las que se mudaron las familias criollas que estaban en el lugar. Esos traslados no tuvieron colaboración del Estado ni desarrollo de la infraestructura necesaria para llevar el ganado. En la parte sur del territorio, las comunidades indígenas expusieron a les funcionaries los efectos que les generó, respecto de la falta de alimentos, la pérdida de árboles de algarroba y chañar.
Es urgente que se avance con el cumplimiento de la sentencia de Lhaka Honhat. Después de 30 años de reclamos políticos y legales, las comunidades indígenas agrupadas lograron el reconocimiento de sus derechos al territorio tradicional. Pero para que eso se concrete el Estado tiene que avanzar de manera concreta con los plazos y medidas definidas en la sentencia internacional.
Desde 1984 estas comunidades que reúnen más de diez mil personas reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales. Durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres por el asentamiento de esas familias criollas. Las comunidades originarias son pescadoras, recolectoras y cazadoras. Recorren amplias extensiones de su tierra ancestral para encontrar alimentos y medicinas.
Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco de este caso, la Corte IDH también reclamó que Argentina discuta con las comunidades indígenas del país una ley de propiedad comunitaria, que asegure el derecho a sus territorios. Aún hoy parecen existir dudas en la Argentina sobre el alcance y contenido de este derecho para los pueblos originarios.
