Los distintos programas presidenciales nos hacen ver la magnitud de la tarea que deberá cumplir quien resulte elegido. Difícilmente otro gobierno hasta aquí haya asumido tantos compromisos de cambio y en tan diferentes aspectos. Una tarea que resultará muy difícil y compleja si consideramos que ahora, por la pandemia, el país tiene menos recursos que antes y todas las demandas parecen tener la misma urgencia.

Desde luego habrá que ponerle fin al sistema previsional manejado por las AFPs, junto a la necesidad de implementar otro y hacerse cargo rápidamente del pago de pensiones dignas. Ello significaría varios puntos del PIB que necesariamente deben contemplar un rápido reajuste de las remuneraciones y el imperativo de crear cientos de miles de nuevos empleos conjurando, además, el fantasma de la inflación. Un fenómeno que los chilenos confiaban tener bajo control.

Se habla de reducir el gasto fiscal, pero de verdad son muy pocos los candidatos dispuestos sinceramente a ello, cuando lo que se busca es fortalecer el papel del Estado, devolverle iniciativa empresarial y hacer más eficiente su labor fiscalizadora para rebajar drásticamente los niveles elusión y evasión tributaria. Junto con reforzar el gasto en más policías y recursos disuasivos para hacer frente a la criminalidad, el narco tráfico y otras lacras que todos los postulantes a La Moneda se proponen acabar.

En la salud, las metas de todos parecen muy ambiciosas con la propuesta de garantizarle a todos los habitantes el acceso a la atención médica y a los onerosos tratamientos, moderando también los precios de los medicamentos, formar a miles de nuevos especialistas y ponerle coto a la corrupción que en esta y otras áreas está tan entronizada.

Solo a los objetivos educacionales habría que dedicarle otros varios puntos del PIB, si se llegara a concretar el pago a la deuda histórica con el magisterio, financiar el acceso a los establecimientos de miles de niños y jóvenes que se han ido quedando fuera del sistema, aunque se supone como obligación impartir al menos ocho niveles de colegiatura. Más nos vale no considerar en este balance las demandas de la educación superior, las millonarias deudas del Crédito con Aval del Estado que casi todos los candidatos de proponen condonar a fin de aliviarle el bolsillo de cientos de miles de familias. Una mala política pública que en su época muchos aplaudieron y ahora repudian.

A lo anterior, debemos suponer las dificultades del próximo gobierno si es que este se propone recuperar para Chile la soberanía, la explotación y beneficios de la gran minería del cobre y del litio, entre otras empresas estratégicas. Ya hay algunos observadores foráneos que muestran preocupación por las atrevidas propuestas de algunos candidatos, cuando además se les recuerda las acometidas que las transnacionales acostumbra ejercer cuando sienten amagados sus abusivos negocios.

Sabemos, además, que hay un sinnúmero de pendientes en materia de obras públicas, centrales energéticas, puentes, caminos y otras que deberán implementarse con recursos propios y no con el tan cuestionado sistema de concesiones puesto en práctica por los gobiernos anteriores y que significan una dura carga para los usuarios de las carreteras. Tal como el cobro de luz, agua y gas de manos también de empresas extranjeras. La futura administración no podrá soslayar las protestas de los transportistas y particulares destinadas a que se supriman los cobros de TAG en el tránsito de una región a otra. Con lo que el derecho a circular libremente por el país ha quedado seriamente en entredicho.

Debemos suponer que, en materia de reformas valóricas, como la aprobación del aborto libre vamos a tener que experimentar toda suerte de conflictos, así como respecto de los emigrantes que actualmente que siguen llegando por miles e, incluso, hasta son maltratados por quienes sienten amagados sus derechos laborales y otros. Con lo que habrá que asumir que en el pueblo chilenos prevalecen altas dosis de racismo y xenofobia.

El rezago en cuanto a las aspiraciones por una vivienda propia y digna, como el encarecimiento del crédito inmobiliario, auguran que se intensifiquen las presiones ante las próximas autoridades. A lo anterior, sumemos la crisis hídrica, el imperativo de construir nuevos embalses para el consumo humano, animal y la agricultura, como emprender en serio la desalinización del agua del mar. Todo esto y lo anterior dando cumplimiento, por supuesto, al desarrollo sustentable, lo que es impostergable, pero indiscutiblemente oneroso.

Debeos considerar, asimismo, que Chile debe implementar una nueva institucionalidad y definir cuestiones tan importantes como las atribuciones del Presidente dela República, los parlamentarios y toda suerte de representantes políticos. Sin omitir decisiones importantes sobre el rol de nuestras Fuerzas Armadas y el acotamiento de sus efectivos y presupuestos multimillonarios. Se conoce, también, el temor generalizado de la clase política ante las oficialidades castrenses que, cada vez que lo han querido en nuestra historia, conspiran, dan golpes de estado y agreden brutalmente a la propia población nacional. Porque también sabemos que, en ellos, la vocación democrática y el respeto a los Derechos Humanos parecen muy ausentes.

Es propio que durante las contiendas electorales los ánimos políticos se agiten, pero, más que en otras oportunidades, esta vez la pasión se ha desbordado y provocado constantes víctimas, desordenes y daño a la propiedad fiscal y privada. Asimismo, la propia lucha por los derechos de nuestras etnias está lejos de vislumbrar una solución, por lo que el escenario de confrontación en la Araucanía tenderá a agudizarse y extenderse, como poner en riesgo, además, a todas las otras demandas de nuestra población.

Quien se cruce la Banda Presidencial tendrá un enorme desafío y los perdedores podrán rápidamente olvidar sus respectivas derrotas.