Honduras en la encrucijada más importante de su historia reciente.
El 28 de noviembre, más de 5 millones de hondureños serán llamados a elegir al Presidente de la República, a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y más de 2 mil regidores.
A medida que se acerca la fecha electoral, se polariza el ambiente político, se agudiza el conflicto y crece la tensión social.
Nadie olvida la violenta represión de 2017 contra quienes protestaban por el burdo fraude electoral que prolongó la agonía del actual régimen. En aquella ocasión, más de treinta personas perdieron la vida de forma violenta y estos crímenes quedaron en total impunidad.
Los hechos sangrientos de los últimos días vuelven a despertar los fantasmas de la violencia y la represión.
El 11 de noviembre, el candidato a regidor por el Partido Liberal, Óscar Moya, fue ultimado de varios balazos en Santiago de Puringla (La Paz). Dos días después fue asesinado el alcalde de Cantarranas (Francisco Morazán) y aspirante a la reelección, siempre por el Partido Liberal, Francisco Gaitán.
Al día siguiente perdieron la vida de forma violenta el dirigente del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Elvir Casaña, y un activista del Partido Liberal, Luis Gustavo Castellanos, respectivamente en San Luis (Santa Bárbara) y San Jerónimo (Copán). En el ataque mortal contra Castellanos fueron heridos otros dos activistas.
El 15 de noviembre, otro ataque acabó con la vida de Darío Juárez, aspirante a vicealcalde por el Partido Liberal del municipio de Concordia (Olancho). Dos días después, desconocidos atentaron contra la vida de Héctor Estrada, candidato independiente a la alcaldía de Campamento (Olancho) y Juan Carlos Carbajal, candidato a alcalde de El Progreso por el Partido Salvador de Honduras.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) son más de 30 las muertes violentas registradas en el marco del actual proceso electoral, que se perfila como hasta más violento que el del año 2017.
El Observatorio reportó hasta el 25 de octubre al menos 64 casos de violencia electoral, entre ellos 27 homicidios y 11 atentados. A estos hay que sumarles los más recientes ataques que segaron la vida de cinco personas en cinco días (como se detalla más arriba) y otros ataques no mortales.
La Oacnudh condenó los actos de violencia electoral “que afectan el derecho a la participación política” e instó a las autoridades a llevar cabo “investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales”.
Una herencia de impunidad
“Estos asesinatos de liderazgos locales son el preludio de lo que podría suceder durante y después de las elecciones. Recordemos que todo esto ocurre luego de la aprobación en el Congreso de reformas y leyes que profundizan la criminalización de la protesta social y la movilización ciudadana”, advirtió Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“Prácticamente han venido legalizando la represión contra quienes manifiestan su descontento y defienden los derechos humanos. Estos son los resultados”, agregó.
En el 2017, la represión contra quienes protestaban por el fraude electoral orquestado por el oficialista Partido Nacional cobró la vida de 37 víctimas inocentes (Cofadeh 2018). De todos estos casos solamente uno se logró judicializar y el agente acusado de disparar y asesinar fue sobreseído.
“Nunca se investigó a la cadena de mando, ni el contexto en que se ocasionaron estas muertes. La dictadura le dio a la policía militar garantías de impunidad para capturar, torturar y ejecutar a opositores en las calles. Esto no hace más que generar las condiciones para que eventos similares y hasta más violentos se repitan”, vaticinó la defensora de derechos humanos.
En este sentido, Cofadeh estará monitoreando y denunciando tanto los delitos electorales que se cometan antes y durante la jornada electoral, como las violaciones contra las personas que ejerzan su derecho al voto.
Tres para una silla
De los 16 aspirantes a la presidencia, solamente tres tienen posibilidades reales de alcanzar la victoria: Xiomara Castro del opositor Partido Libre, quien puntea las principales encuestas; Nasry “Tito” Asfura Zablah del Partido Nacional, principal contrincante de la ex primera dama e Yani Rosenthal del Partido Liberal, representando al otro partido tradicional de Honduras y con escasas posibilidades de victoria.
Para Xiomara Castro se trata de su segundo intento de llegar a la presidencia del país, tras las denuncias de fraude y la cuestionada derrota sufrida en 2013 a manos de Juan Orlando Hernández.
Después de la presentación pública de su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”, Castro y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras) conformaron una alianza, a la que se sumó el Partido de Innovación y Unidad (Pinu), sectores del Partido Liberal y una candidatura independiente. En aras de sumar esfuerzos y votos potenciales, Nasralla renunció a su candidatura presidencial y apoyó a la de Libre.
Nasralla, un excéntrico y reconocido conductor de programas deportivos, fue candidato presidencial en 2017 de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que también integraron Libre y el Pinu y que recibió el apoyo de un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales.
En aquella ocasión, la Alianza denunció la inconstitucionalidad de una nueva candidatura de Juan Orlando Hernández, ya que en Honduras la Carta Magna prohíbe la reelección presidencial. Asimismo, se movilizó durante semanas contra el fraude electoral que privó Nasralla de la silla presidencial, con el consenso tácito de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA.
“Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la orden”, ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos (2014-2022) por el partido de gobierno. Empresario con más de 30 años ocupando puestos gubernamentales y legislativos, fue accionista de una sociedad offshore en Panamá mientras era funcionario público. Al final, dicha sociedad terminó bajo el control de Banco Ficohsa, propiedad de la poderosa familia Atala Faraj.
En junio de este año, la Corte de Apelaciones declaró “en suspenso” un antejuicio en contra del candidato oficialista por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Para poder avanzar, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá que llevar a cabo una auditoría especial sobre los fondos cuestionados por el Ministerio Público.
De acuerdo con informaciones publicadas en los últimos días, el nombre del ex alcalde de Tegucigalpa ha sido relacionado con el sonado caso de corrupción “Diamante”, que involucra al alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya, quien está siendo investigado por las autoridades costarricenses por supuestos sobornos a cambio de obras públicas.
El tercer candidato es el ex diputado y banquero Yani Rosenthal, quien en 2017 fue acusado y sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita (lavado de dinero del narcotráfico). Se entregó voluntariamente y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Regresó a Honduras a mediados de 2020.
Tanto las investigaciones realizadas por los fiscales estadounidenses como los Pandora Papers revelaron la conexión que existía entre la familia Rosenthal, una de las más ricas de la región, y varias sociedades offshore que habrían sido usadas para lavar dinero.
Programas y propuestas
Si en su plan de gobierno, Xiomara Castro señala la necesidad de reconstruir la democracia quebrantada por el golpe de 2009 y refundar el país a través de una Asamblea Constituyente que “reúna a todos los sectores para convenir las bases legales de su convivencia futura en un nuevo orden consensuado”, enrumbando la nación hacia la construcción de un estado socialista democrático, tanto Asfura como Rosenthal proponen las mismas desgastadas recetas neoliberales que han llevado Honduras a ubicarse entre los países más pobres y desiguales del continente.
“Xiomara propone un gobierno de reconciliación nacional que agregue a todos los sectores de la oposición. Un gobierno que tiene el objetivo de superar estos años tan nefastos que han profundizado el modelo neoliberal, privatizando servicios, concesionando territorios, entregando bienes comunes, expandiendo el extractivismo, poniendo en venta la soberanía nacional”, dijo Gilberto Ríos, candidato a diputado por Libre.
El dirigente social explicó que el plan de gobierno de Libre propone pasar de un Estado profundamente oligárquico a uno socialista democrático. Entre muchos otros puntos se pretende derogar todas aquellas leyes y reformas aprobadas por la dictadura, que perjudican profundamente los intereses y derechos de la inmensa mayoría de la población hondureña.
Estamos hablando, entre otras, de la Ley de Empleo por Hora que profundiza la precarización laboral y anula los derechos de las y los trabajadores, la Ley de Secretos que no permite la auditoría pública a los fondos del Estado, así como la Ley de Escuchas que permite espiar a la oposición política y la Ley Orgánica de las ZEDE que violenta la soberanía nacional. También se espera revertir las reformas aportadas al Código Penal que criminalizan la protesta y movilización social.
“Va a ser un gobierno más redistributivo, de obras y proyectos sociales, que defiende los derechos humanos, consecuente con las necesidades y la seguridad de la población. En este sentido – aclaró Ríos – nos diferenciamos de los demás candidatos y partidos políticos porque son abiertamente neoliberales y representan los intereses de la oligarquía hondureña, del capital transnacional y el viejo bipartidismo. De eso se trata: derrotar al bipartidismo tradicional y al neoliberalismo”.
¿Cómo está Honduras?
El país centroamericano llega a estas elecciones en condiciones difíciles, para usar un eufemismo.
Actualmente Honduras se ubica entre los países más desiguales de América Latina, con un 62 por ciento de la población hundida en la pobreza y casi el 40 por ciento en la pobreza extrema (EPHPM 2020). Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE 2021), retirado de la página web de la institución doce horas después de su publicación, en julio de 2021 la pobreza había alcanzado el 73.6% de la población.
Un aumento que también es el resultado de la decepcionante gestión gubernamental ante los impactos de la pandemia de Covid-19 y los dos huracanes que embistieron al país el año pasado.
Según cifras de la Unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional (Utsan), son 1.3 millones las y los hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350 mil las personas en “situación crítica”. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha alcanzado el 10% de la población económicamente activa (PEA), quizás la más alta de la región latinoamericana. Son al menos 4 millones los hondureños con problemas de empleo y más de 700 mil los trabajadores desahuciados.
Ante este escenario, hay miles de familias que han encontrado como única opción la migración irregular, la inmensa mayoría de las cuales están siendo retenidas en las fronteras. Es el retrato de una de las tragedias más profundas de los últimos 40 años.
“En los últimos diez años Honduras ha tenido un franco deterioro, no sólo en el estado de derecho en general, en la institucionalidad democrática, en el acceso de la población a los servicios básicos y en la lucha contra la pobreza, sino también en lo socio-económico. Cuando uno mira todos estos indicadores, se da cuenta que más que de Estado fallido debemos hablar de Estado fallecido”, dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Actualmente la deuda pública de Honduras ha superado el 70% del PIB: El crecimiento económico del país se concentra fundamentalmente en tres sectores: financiero, energía y telecomunicaciones.
“Son sectores que no producen desarrollo, ni generan redistribución, más bien producen más acaparamiento. Además, tenemos a un ejército de más de 250 mil empleados públicos que absorben casi el 50% del presupuesto, mientras hay una preocupante caída de las recaudaciones. La situación es insostenible y va a representar una carga muy pesada para quien gane las elecciones”, explicó Zepeda.
Durante años, el Partido Nacional ha mantenido a un personal supernumerario, integrado principalmente por activistas partidarios. Prácticamente se ha utilizado al Estado como un gran botín para emplear a sus dirigentes políticos y crear sus redes clientelares para mantenerse en el poder.
Reingeniería estatal
Para el economista del Fosdeh es necesaria una reingeniería inmediata del gobierno, una reconversión del sistema productivo, un pacto fiscal para dinamizar la economía y la búsqueda de una progresividad en los impuestos. Asimismo, es imperioso garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, impulsando a la par una estrategia de desendeudamiento interno y externo.
Finalmente, la generación de empleos dignos, la creación de programas que eviten la profundización de la pobreza, una gestión más equitativa y políticas redistributivas para reducir la desigualdad social, son otros de los elementos torales que el nuevo gobierno deberá implementar.
“Cuando un país está sumido en una multicrisis y está fuertemente deteriorado es fácil, por así decirlo, para un candidato hacer promesas. Lo más importante, entonces, no es tanto lo que se ofrece, sino el modo en que se van haciendo las cosas”, concluyó Zepeda.
Precarización laboral
El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.
Para Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los impactos de estas políticas sobre los derechos laborales y sindicales han sido devastadores para la inmensa mayoría de la población.
“Ha habido una creciente desregularización del trabajo, unido a la profundización de la flexibilización y precarización laboral. Una de las leyes más nefastas ha sido sin duda la Ley de Empleo por Hora: se han perdido derechos y se han precarizado empleos permanentes”, dijo Almendares.
“También hubo empresas o instituciones que simplemente cambiaron de denominación o razón social y acabaron con los sindicatos. Otras crearon sindicatos paralelos para contrarrestar un verdadero proceso de organización”, añadió.
Retrocesos
Todas estas medidas anti obreras han impactado negativamente en la salvaguarda de derechos.
“Hay claros retrocesos en el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva. Los programas para generar empleo han sido una burla y se hicieron a la medida de los intereses de las grandes transnacionales. Definitivamente Juan Orlando Hernández ha sido un verdadero caos para el sector laboral y sindical”, sentenció el secretario general de la CUTH.
Otro factor que contribuyó a profundizar la crisis ha sido el comportamiento de las autoridades del trabajo.
“Escudándose en la necesidad de generar empleo y un supuesto desarrollo, se han parcializado y han venido protegiendo de manera sistemática los intereses del gran capital nacional y transnacional. Lo han hecho a costa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, abandonándolos y permitiendo la violación de sus derechos. No los han tutelado, más bien han sido sus verdugos”, lamentó.
Ante esta situación, la CUTH hizo entrega a la candidata de Libre de la propuesta política del sector sindical donde, entre otros puntos, se pide la derogación inmediata de las leyes ya mencionadas más arriba, poner un alto a la tercerización y precarización laboral, garantizar el respeto del Estatuto del Docente y de los convenios de la OIT[1].
El cáncer de la corrupción
El pasado 17 de noviembre, se estrenó en una sala de cine en Tegucigalpa el largometraje “Al borde de las sombras” (pueden verlo aquí), un documental que refleja entramados de corrupción, impunidad, despojo territorial y violencia que vive el pueblo hondureño, obligado a enfrentarse a planes perversos que operan desde las sombras.
Luís Méndez, miembro del colectivo ‘La Cofradía’ que realizó el documental, explicó que el objetivo de la obra es justamente mostrar a la ciudadanía como están conformadas y como se articulan las redes de corrupción, que involucran de manera transversal políticos, funcionarios públicos, grupos económicos nacionales y transnacionales.
El documental aborda cuatro ámbitos que son cruciales: el saqueo al Seguro Social y la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el despojo de territorios y bienes comunes, la cooptación del sistema de justicia y su colusión con la corrupción, el crimen organizado y la criminalización de la protesta. El cuarto ámbito tiene que ver con el concepto de democracia en un contexto colapsado como es el hondureño.
A través de personajes claves y expertos, y con la participación del actual titular de la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, para atar cabos, la obra le mueve el piso y sacude la conciencia de la gente, evidenciando como Honduras está controlada por una red criminal que ha gobernado desde el golpe de 2009, y se ha enquistado en el aparato estatal.
“El documental provoca decepción, enojo y rabia, pero también deja la sensación de que no estamos vencidos, de que es posible luchar, como lo hacen muchas organizaciones y personas desde los territorios y las ciudades.
En medio de tanta violencia de Estado, en medio de un Estado capturado – continuó Méndez – hay resistencia y lucha. Como decía Berta, los pueblos saben hacer justicia y lo hacen a partir de su trayectoria, de su resistencia, de su lucha para emanciparse”.
¡Basta ya!
Faltando pocos días a la cita electoral, la Convergencia contra el Continuismo, espacio que integran varias organizaciones y personalidades, se pronunció públicamente y recordó que estas elecciones “se realizan en un contexto de narco-dictadura, cuyos constructores llegaron al control del Estado por la vía violenta e inconstitucional y no están en la disposición de entregar el poder por la vía política democrática”.
En tal sentido, la Convergencia ratificó su repudio “a la mafia que lidera Juan Orlando Hernández” y alertó ante la posibilidad que, ante una inminente derrota, “orqueste un nuevo y violento fraude electoral a partir de la manipulación del proceso de votaciones y conteo de los votos”.
Finalmente, hizo un vehemente llamado al pueblo hondureño para que “se movilice masivamente a las urnas” y defienda su voto “de esas maquinaciones antidemocráticas”.
Asimismo, lo instó a castigar con el voto “al grupo delincuencial que ha secuestrado al Estado” y a votar por aquellas candidaturas “que han dado firmes muestras de estar en contra de la narco-dictadura, de luchar contra la corrupción y por la defensa de la soberanía nacional”.
Violencia contra personas defensoras
Diferentes informes a nivel internacional, entre otros «Última línea de defensa» publicado este año por la organización británica Global Witness, señalan a Honduras como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Los casos emblemáticos del asesinato de Berta Cáceres, la desaparición de los activistas garífunas de Triunfo de la Cruz y el encarcelamiento ilegal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, son un claro ejemplo de lo que está pasando en el país.
El uso y abuso del sistema de justicia y la colusión del Estado con empresas extractivistas son dos de los elementos que caracterizan la violación sistemática de derechos humanos en Honduras.
Según Global Witness, en 2020 al menos 129 personas garífunas e indígenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos y son 153 las y los defensores asesinados en la última década. Además, el Centro de información sobre empresas y derechos humanos (Ciedh) señala a Honduras como el país con más acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Dramática también es la situación de las mujeres y las personas LGBTI.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, en los primeros cinco meses del año, el Ministerio Público registró un total de 1.423 denuncias por delitos sexuales (9,5 al día). De estas, 1.238 fueron agresiones contra mujeres (8,1 al día) y el 63,4 por ciento (785) fueron contra menores de edad. Estos datos ratifican que en Honduras cada 3 horas agreden sexualmente a una mujer o una niña.
En los últimos diez años, en Honduras han sido asesinadas 4.707 mujeres. Son 710 las que perdieron la vida en los últimos dos años (2019-2020) y 301 las víctimas de femicidio hasta el 15 de noviembre de este año. La impunidad es prácticamente absoluta.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, en poco más de 12 años han sido asesinadas 390 personas LGBTI, 17 en lo que va del año. El 91 por ciento de los casos queda en total olvido e impunidad. Solamente el 9 por ciento logra una sentencia condenatoria.
En meses pasados, un nutrido y representativo grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizó un conversatorio con Xiomara Castro, para exponer sus demandas y propuestas. La actividad desembocó en la firma de un ‘pacto de Estado’, cuyo contenido se iniciará a implementar en caso de ser electa primera presidenta de Honduras.
De igual manera, en su plan de gobierno, la candidata de la alianza opositora se comprometió a implementar políticas públicas que salvaguarden la existencia y garanticen el acceso a los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI (p.64).
Votar en contra de la dictadura
El Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh) sumó su voz “en momentos de la batalla por la sobrevivencia frente a la máxima expresión de despojo, miedo y violencia de la historia de nuestro país dados por la instauración de un gobierno de facto y autoritario”.
Si bien en las urnas no cambiará Honduras – explica el comunicado del Copinh – votar en contra de la dictadura que nos gobierna será un paso. El pueblo hondureño, en su mayoría, dará un voto de rechazo frente a los padeceres acumulados.
La organización cofundada por Berta Cáceres alertó a la población que “las condiciones del fraude están instaladas” y expresó que como ciudadanía “nos preparamos para rechazar el fraude electoral desde las expresiones populares”.
Finalmente, el Copinh urgió la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular y Democrática “que dé pie a la reconstrucción de nuestro país asumiendo las demandas históricas de las comunidades indígenas, negras, campesinas, de las mujeres, las comunidades migrantes, a los trabajadores y trabajadoras, comunidad LGBTI, sectores eclesiales de base, entre otros, para derogar toda legislación que exponga a los pueblos a la entrega de sus territorios y a la violación de derechos”.
“Llamamos a los pueblos – concluye el comunicado – a activar los procesos organizativos, de articulación y debate para lograr el sueño urgente de Berta Cáceres de refundar Honduras. El pueblo de Honduras necesita de un gobierno de interés popular que haga frente a los sectores económicos que se han enriquecido indebidamente en estos 12 años de golpes a los pueblos indígenas, negros y campesinos y a la mayor parte de la población”.
El reto de acabar con el neoliberalismo
Sin lugar a duda, las elecciones del próximo domingo representan una pieza muy importante en el tablero político y social hondureño.
“La ciudadanía tiene un enorme deseo de cambio. Quiere tener una alternativa a lo que le ha tocado vivir en estos años. Tiene la expectativa de que se empiece un proceso de recuperación de derechos perdidos. Quiere tener oportunidades, que se respeten los territorios, la soberanía nacional”, explicó el sociólogo y analista político Eugenio Sosa.
“Honduras se encuentra entonces en una encrucijada. Debe escoger entre el continuismo de un régimen y un modelo fracasado y el inicio de un proceso de apertura y cambio”, añadió el analista.
¿Respetará el régimen una eventual derrota o buscará, como en el 2017, una manera ilegal para retener el poder?, se pregunta Sosa.
“La gente no ha olvidado lo que pasó hace cuatro años. Hay mucha incertidumbre alrededor de lo que será el desempeño de las autoridades electorales, el conteo de votos, la transmisión de resultados, la identificación del personal de mesa para evitar la compra de credenciales.
Al mismo tiempo hay una determinación nunca antes vista y Xiomara (Castro) ha sabido rescatar y arrastrar el consenso de amplios y diversos sectores de la sociedad hondureña”, concluyó.
Notas
[1] Convenios sobre libertad sindical, negociación colectiva, relaciones de trabajo en la administración pública, trabajadoras y los trabajadores domésticos, violencia y acoso en el mundo del trabajo, consulta previa, libre e informada
Fuente: LINyM
