En comunicado de prensa, el movimiento Defendamos la Paz, destacó que el pacto firmado por el Gobierno colombiano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) significa un respaldo al Acuerdo de Paz.
En su comunicado, el movimiento conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes políticos, expresó que, a cambio del cierre de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional – CPI – sobre Colombia, el Gobierno nacional se comprometió a salvaguardar el marco constitucional y legislativo establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – , preservar su estructura, asegurar el presupuesto necesario y prevenir cualquier interferencia en sus funciones.
El compromiso exigido por con la Fiscalía de la de la CPI y asumido por el presidente colombiano Iván Duque Márquez, en nombre del Estado colombiano, constituye un reconocimiento a la legalidad y a la legitimidad del Acuerdo de Paz. Este documento debería representar el fin de los ataques al Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición por parte del Gobierno y del Centro Democrático, partido de Gobierno.
De todos modos, hace algunos días cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, presentado por el Centro Democrático, para la derogación de la JEP. Por lo tanto, el movimiento Defendamos la Paz, exigió al Gobierno de Duque y a su partido que honre su palabra y solicite el retiro de esta iniciativa legislativa. Además de esto, el proyecto de Ley pretende crear al interior de la JEP unas salas especiales para el juzgamiento de los militares.
Recordó además el movimiento en su comunicado público, que la apertura de una nueva investigación podría resultar de un incumplimiento de los términos acordados. El examen preliminar permitió la acumulación de voluminosa información sobre los crímenes objeto del Estatuto de Roma perpetrados en Colombia, así como promover condiciones y estándares de exigencia de justicia y verdad para las víctimas. Ese valioso acervo no ha sido recopilado en vano y podría constituir la base de apertura de uno o varios casos en la CPI.
Finalmente, Defendamos la Paz agradeció a la Corte Penal Internacional su compromiso con el establecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Por lo tanto, envió su mensaje de solidaridad a las víctimas de Colombia y recalcó que no desfallecrán en la defensa de sus derechos, de la verdad y del Acuerdo de Paz. Esto debido a que organizaciones de víctimas del país, mostraron su rechazo a la medida de la CPI, por considerar que no se tiene en cuenta sus demandas de justicia, pues la impunidad frente a los delitos de lesa huamanidad en Colombia es el común denominador entre los casos.
La Corte Penal Internacional y su fiscal Karim Khan, ha dicho que se trata del establecimiento del principio de complemetariedad, es decir, que consideran que la Jurisdicción Especial para la Paz está ahora haciendo el trabajo de investigación para los crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, de garantizar que haya justicia. En caso tal de que este Gobierno o los subsiguientes incumplan el pacto, la CPI podría reabrir el caso.
