por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

El derecho ha servido para crear civilizaciones y también para colonizar y someter a pueblos.

Asimismo, hay que tener presente, como esencial y fundamental, que el derecho básico que asiste a nuestro pueblo se nutre de los derechos humanos, que hacen a su dignidad y desde el cual hay que plantear la discusión jurídica, principalmente, en materia de deudas públicas.

Más no podemos dejar de advertir que las bases jurídicas concretas, en nuestro país, están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación.

Dinámica tramposa

En su dinámica, ya que se nos dice y exige que nuestros Estados deben ser transparentes y no corruptos, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, los poderosos financistas prestamistas que ello exigen, se cuidan mucho de no ser transparentes, al tiempo de negociar y concretar deudas públicas. Todos los acuerdos de deuda externa tienen cláusulas de secretismo y otorgan impunidad, de todo tipo (penal, civil, etc.) a los intervinientes. A su vez, dicha circunstancia propicia estructuras estatales de corrupción, atento las pautas jurídicas de desincriminación e irresponsabilidad para los intervinientes.

Asimismo, el propio sistema financiero corrupto genera y fomenta los mal llamados “paraísos fiscales”, palabra propia de la colonización semántica, ya que esos lugares no tienen nada de angelicales, ni de ser un paraíso, porque son verdaderas cuevas de dineros producto, en gran medida, de hechos delictivos. Esas cuevas, ayudan a retroalimentar el sistema de corrupción, blanqueo de dinero sucio, proveniente de evasiones fiscales, del narcotráfico, de las mafias, etc.

En gran medida, los casos que se dan en esos lugares configuran el delito de “Encubrimiento por Receptación”. Pero ello sirve para que el movimiento financiero se retroalimente con un dinero barato al que le dan guarida. Más a su vez, los mismos que dan esos refugios, se ponen el disfraz de éticos y piden que el Estado deudor ajuste, que no gaste tanto en planes sociales, que rebaje las jubilaciones, que despida empleados, no invierta en salud y en educación y que recaude todo lo posible, aún con impuestos a veces injustos, para que se paguen los reclamos muchas veces de deudas odiosas, ilegales, usurarias y/o írritas.

Un país como EEUU, que nos exige cumplimientos como una actitud moral, sin embargo, tiene cuevas fiscales, en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur e Islas Vírgenes Estadounidenses.

Simultáneamente, se nos obliga a resignar nuestra justicia y someternos a seudo-tribunales administrativos creados por los intereses de los prestamistas, tal es el caso del CIADI que significa “Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, (celebrado en Washington el 18/03/1965) o a tribunales extranjeros. Así, un juez de menor cuantía de Nueva York, como el juez Thomas Griesa, nos hizo arrodillar como país ante fondos buitres y sus requerimientos abusivos.

Por su parte, el FMI (Fondo Monetario Internacional), tiene más inmunidades que un país soberano, sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos que suscriben y, además, a sus archivos no se pueden acceder, ni con medidas judiciales, por lo cual, resulta extremadamente difícil, poner en evidencia cuales han sido los mecanismos internos que determinaron llevar adelante un préstamo que sabían no se iba a poder pagar, endeudando al país, para de esa manera condicionar aún más su economía.

Mientras tanto, no hay inmunidad soberana para los Estados a los que se presiona por deudas externas.

Poder Judicial colonizado

¿Acudir a reclamar al Poder Judicial en Argentina? ¿A qué Poder Judicial? ¿El formateado por el nortecentrismo y el poder financiero usurario? Nunca la ilegalidad de gran parte de la deuda externa que se nos reclama ha estado más transparentada, sin embargo, aparecen caminos legales construidos para que no se pueda discutir los préstamos y la justicia los encuentra y valida, en defensa de los prestamistas.

Baste referir, por ejemplo, que el endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió, entre otros aspectos, para solventar negocios privados. Esta afirmación se desprende del fallo del juez Jorge Ballestero, dictado en junio de 2000, en la causa conocida con el nombre de su impulsor Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura militar. En la causa judicial, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, duró 18 años y en la sentencia se estableció que se cometieron 477 delitos, por parte del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo, pero la moraleja deprimente fue que, no obstante demostrarse su culpabilidad, por prescripción, se lo sobreseyó. Una justicia tardía e ineficiente.

Como si fuera poco, ahora la nueva trampa está armada. Si algún juez o jueza tuviera la valentía de aplicar el derecho como corresponde, al servicio de los derechos humanos de nuestro pueblo, los financistas tienen garantizado el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Así, Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente del Tribunal, informó que, a partir de ahora, intervendrá en causas de los clientes ligados a su estudio jurídico, entre los que están Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, Quilmes, Claro, o el fondo de inversión Pegasus. Este último fondo, entre sus componentes está Merrill Lynch -fondos buitres-. Hasta hoy Rosenkrantz se había excusado de participar en más de 100 expedientes de las empresas ligadas a su estudio de abogados.

La CSJN tiene que fallar ahora, entre otras causas, sobre la constitucionalidad del decreto del gobierno nacional 690/20, dictado en plena pandemia y que determina que Internet es un servicio público en competencia. El tema llegó a la Corte por apelación del Estado Nacional ante una medida cautelar dictada en contra, por una Cámara Federal en favor de empresas del rubro que se han opuesto a la medida.

Más, con buena voluntad, pero demostrando la impotencia judicial, por lo que puede resolver el máximo tribunal del país, la Defensoría del Público de Argentina hizo un planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que este organismo se manifieste a favor del Decreto 690 ¿Tenemos que ir a la ONU para que se proteja nuestros derechos básicos? ¿Tenemos entonces Poder Judicial argentino?

Juicio Político a la CSJN

La CSJN opera como cuello de botella respecto de los aproximadamente 5.000 magistrados y magistradas de todas las instancias y fueros en el país que existen, los que, aún con su mejor dedicación y decisiones en justicia, dichas resoluciones terminan validándose o no, ante la CSJN, con el voto de sólo tres de sus miembros.

La realidad demuestra, a su vez, que en la Corte actual dos de los magistrados (Rossatti y Rosenkrantz), nominados por el prófugo Pepín Rodríguez Simón y nombrados inconstitucionalmente por Mauricio Macri, han tenido conductas indebidas en derecho, en ética y en muchos otros aspectos. También reproches similares caben a los otros dos integrantes (Lorenzetti y Maqueda), por lo que urge exigir un juicio político por mal desempeño para todo el tribunal, designar nuevos integrantes y reformular el funcionamiento del máximo órgano judicial del país, para que este tribunal otorgue la seguridad jurídica necesaria que merece la Nación y tener un poder judicial propio y respetable.

 

Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y Periodista columnista de opinión