Por lavaca
La agencia de bioseguridad de Brasil aprobó la compra del trigo transgénico fabricado en Argentina por la empresa Bioceres, último paso que faltaba para autorizar la comercialización: la empresa ya había informado que llevaba sembradas 55 mil hectáreas de esta variedad en el país. La decisión desata efectos que aún están por verse: no sólo los movimientos socioambientales y más de 1.400 científicxs denuncian que esta variedad es resistente a un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato, sino que hasta la Mesa de Enlace alertó al Gobierno como “inevitable” que este trigo “genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente”. También hay rechazo en la propia cadena brasilera. Voces, impresiones y causas de una medida inédita en el mundo.
“Es un desastre, y esto habla de la doble complicidad entre Argentina-Brasil con salir con un monstruo que nadie quiere”. Carlos Vicente es referente de la organización Grain y así define a lavaca la noticia que comenzó a circular en la mañana de este jueves a partir de un cable de Agencia Reuters: la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil (CNTBio) aprobó el pedido para autorizar la venta en ese país de harina derivada de trigo transgénico, fabricado por la empresa Bioceres, al que organizaciones describen como “mucho más tóxico” que el glifosato por ser resistente al glufosinato de amonio, prohibido hasta en la Unión Europea.
La aprobación de la agencia brasilera era el último paso para habilitar la comercialización. Brasil es el país al que se destina el 40% de la exportación de trigo argentino. “Este es el primer trigo transgénico que tiene posibilidades de comercializarse en el mundo y así estar presente en nuestro pan y muchos de nuestros alimentos básicos junto con los agrotóxicos con los que será fumigado”, denunciaron organizaciones y movimientos socioambientales nucleados en la Plataforma Socioambiental, que alertaron que ya hay sembradas al menos 55 mil hectáreas en siete provincias, aunque puede ser más. Vicente: “Cuando denunciamos al principio, dijimos que eran 25.000, porque era un dato que salía del Ministerio de Agricultura, pero Bioceres presentó un informe a la Bolsa de Nueva York en el que hablan de 55 mil hectáreas. Es gravísimo porque es una cantidad enorme de toneladas de trigo que va a terminar contaminando la cadena triguera antes de que se asiente”.
El rechazo no es solamente de organizaciones y movimientos socioambientales. «Cuesta entender la razón de hacer y autorizar semejante volumen de producción de trigo que legalmente no puede comercializarse”, expresaron las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro) en un comunicado al ministro de Agricultura Julián Domínguez: “Tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente».
Ocultamiento de información a la sociedad
La preocupación de la cadena productiva se expresa en datos:
- En volumen, Argentina es el 6º productor mundial de trigo (2%), detrás de la Unión Europea (18,8%), China (18,1%), India (13,6%), Rusia (9,5%) y Estados Unidos (7%).
- En exportaciones, es el 4º principal exportador (tiene el 4,3% del mercado).
- En Argentina, el consumo del trigo supera los 85 kilos anuales por persona, una media muy por encima de la mayoría de los países.
Esa preocupación se materializa en que ya hay molinos que están poniendo entre sus cláusulas que la compra de cereales sea “libre” del trigo HB4.
La agencia Reuters también informó sobre las amenazas de molinos brasileros de dejar de comprar trigo argentino. “La Argentina no tiene capacidad de separar ese trigo del convencional”, apunta Vicente. “Con lo cual las exportaciones que se hacen al Sudeste Asiático, a la Unión Europea, también serán rechazadas y van a traer problemas comerciales. La cadena productiva hoy está buscando identificar los campos donde se está produciendo, porque Bioceres no hizo pública esa información. Tampoco lo hizo el Ministerio de Agricultura. Y eso es gravísimo”.
Es una metodología tanto de corporaciones como de gobiernos, que ocultan la información a las familias que serán quienes paguen por este producto cuestionado en el mundo, sin que parezca que tengan siquiera derecho a saber con qué clase de tóxicos y transgénicos estarán alimentando a sus hijos, tema del que alerta la ciencia.
El fiscal: “Graves vicios”
La aprobación de la agencia de seguridad brasilera abre un nuevo escenario. “Hay una acción judicial en curso de productores agroecológicos en la provincia de Buenos Aires y se va a pedir una cautelar”, señala a lavaca Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria. Menciona también la acción colectiva “Giménez, Alicia Fanny y otros” contra Monsanto, el Estado Nacional y otros, demanda que representa a la totalidad del pueblo argentino por el daño del glifosato: “Allí se están divulgando los casos de Argentina y sus impactos. También se pidió la prohibición del trigo y el fiscal interviniente del caso pidió su suspensión”.
Se trata del fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, que dictaminó que la resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura debe suspenderse “por los graves vicios que presenta respecto a su fundamentación y el peligro para el medio ambiente y la salud humana que implicaría la distribución del cereal transgénico”.
Como publicó MU en su edición 135, el trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont).
La impulsora es Bioceres, un emporio presentado como “nacional” conformado por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina). Bioceres está radicada en Rosario, cotiza en la Bolsa de Nueva York, y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como las semilleras Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”.
«No se metan con nuestro pan»
La variedad del llamado “trigo HB4” ya había sido presentada en noviembre de 2018. Dos años antes, una decena de organizaciones sociales (Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, Foro Ecologista de Paraná, Acción por la Biodiversidad, entre otras) había lanzado la campaña «No se metan con nuestro pan», donde expresaban: “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios. Pero esto es peor. No queremos trigo ni pan transgénico. Exigimos saber qué estamos comiendo”.
Esta variedad transgénica se fue acuñando en Santa Fe, de la mano de Raquel Chan, docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, y tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao (luego devenido en ministro macrista), la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país, lo cual demuestra la ausencia de grieta que suele verificarse en estos menesteres que perjudican a la sociedad, su economía y su salud.
Por su parte, más de 1.400 científicxs argentinxs publicaron una Carta Abierta al Gobierno Nacional alertando sobre los peligros que trae aparejado este nuevo transgénico: el glufosinato de amonio que, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, en un país donde ya se usan más de 525 millones de kg/litros de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo).
Todo indica que los rechazos continuarán, tanto en Argentina como en Brasil, ya que se prevén acciones para llevar a nivel masivo la preocupación por la aprobación. Vicente: “En Brasil no lo quieren, no sólo los movimientos sociales con los que hemos articulado, sino la cadena triguera”.
Y cierra: “No hay justificación, salvo el capricho de una corporación”.
