Presentación escrita ante el Consejo Académico de la USACh, en sesión extraordinaria del 06/10/2021 por Bruno Jerardino Wiesenborn, en su calidad de representante electo de Profesoras y Profesores por Horas de Clases ante el CTEO – USACh. La intervención estuvo restringida a 10 minutos, por lo tanto, este texto estructura con más contexto lo dicho de forma improvisada en dicha sesión, sin alterar el fondo de lo expuesto.
La universidad es el ámbito por antonomasia que, entre otras cosas, reflexiona sobre el país, el mundo que lo rodea y sobre su propio quehacer. Es por ello que haremos una breve reflexión sobre el contexto cultural universitario en que se establece el proceso de modificación de Estatuto Orgánico (EO) y su posterior resultado. Finalizamos haciendo una propuesta para corregir los “errores” que la autoridad ha cometido.
Queremos traer a la mano las palabras de Humberto Maturana (1), neurobiólogo, Premio Nacional de Ciencias 1994 y doctor honoris causa de nuestra universidad:
«… los niños [la juventud] no son el futuro de la humanidad o del país, somos los adultos, porque los niños [y jóvenes] van a ser adultos a su vez, según los adultos con cuales convivan».
En consecuencia, no da lo mismo cómo nos comportamos los adultos entre nosotros y junto a nuestros niñas, niños y jóvenes. Además, en dicha entrevista, agrega que (2):
«… en el fondo los niños [la juventud] quieren adultos a quienes respetar y en quienes confiar, y eso exige que los adultos sean respetables, y para que sean respetables tienen que respetarse a sí mismos».
Efectivamente, nuestro deber es enseñar con el ejemplo en un marco de respeto mutuo. Esta conducta coherente es la línea base para el desarrollo de ciudadanos y profesionales críticos que construyan un país y un mundo mejor.
Para nadie es novedad que estamos en un momento histórico de desestructuración de las instituciones y, en este sentido, la universidad no es la excepción.
En realidad, en la USACh contamos con profesoras y profesores investigadoras que hacen interesantes análisis político-sociales, muy críticos de las desigualdades en nuestro país, sobre las motivaciones de la revuelta del 18 de octubre de 2019, de la discriminación hacia las y los migrantes, del racismo y también elaboran análisis críticos sobre el trato hacia los pueblos indigeneas y minorías excluidas.
Sin embargo, las y los colegas son “ciegos” a las discriminaciones, precariedades laborales que ocurren en nuestra universidad. Son defensores del proceso constituyente pero no existe la misma actitud para con nuestros colegas funcionarias/os administrativos, académicas/os jornada y por horas de clases. Pareciera que, bajo esta racionalidad, la desestructuración y la crisis generalizada, que enfrentamos como sociedad, está fuera de los límites de la Universidad de Santiago.
A propósito de este tipo de racionalidades, la derecha y el mundo conservador tienen por costumbre siempre hablar de lo que pasa fuera de Chile dónde, según ellos, no cabe duda que se violan los DDHH. No obstante, cuando se trata de Chile, de los daños oculares y de los crímenes cometidos durante la revuelta, en el mejor de los casos relativizan todo, adscribiendo responsabilidades personales o bien hacen silencio. Esta racionalidad corresponde a una forma mental que no quiere perder lo que tiene y el contexto discursivo que se dan hace posible que las cosas se presenten del modo más cómodo para ellas y ellos, a saber: conservar sus privilegios.
Sostenemos que eso es lo que ocurre en nuestra universidad, por esta suerte de forma mental que comporta una “ceguera voluntaria” y filtra todo lo que se refiera a las prácticas de autoritarismo y precariedad laboral que vivimos en la universidad.
La discriminación, en nuestro caso, contra profesoras y profesores por horas de clases (PHC) va desde no ser considerados en la definición del protocolo de docencia, pasando por la demora en el pago de los contratos a honorarios (pendientes a la fecha), hasta la displicencia de no responder las cartas que le enviamos a las autoridades como representantes de asociaciones de funcionarios (ley 19.296, artículo 25).
Respecto al proceso de modificación del EO, de acuerdo a la ley 21.094, sostenemos que éste está viciado. Según el actual DFL 149, el Consejo Académico (CA) es un órgano consultivo y no normativo. En efecto, el CA modificó las 142 propuestas de votos sistematizadas por el CTEO que, de forma unánime, como comité triestamental, evacuó como opciones a ser plebiscitadas. El CA, como órgano consultivo tenía la función de validar la propuesta de votos emanado por el CTEO, según exento 8330 del 26-12-2018 (artículo 3, penúltimo párrafo). Sin embargo, a prerrogativa del rector, le fueron otorgadas atribuciones de forma espúrea, que permitió jibarizar la propuesta hecha por el CTEO dejándola en 44 opciones de votos redactadas por el CA.
Para nosotros esto que ocurrió es equivalente a que la Convención Constitucional disponga un texto para una nueva Constitución y de forma no acordada y arbitrariamente, lo tome el Tribunal Constitucional y le haga modificaciones para establecer el texto definitivo a ser plebiscitado. No solamente esto es arbitrario, autoritario y antidemocrático, sino que además no puede, un órgano que está sujeto a modificación estructural, hacer los ajustes que estime pertinente puesto que precisamente lo que está cuestionado es dicha institucionalidad que está sujeta a modificación. Es evidente que hay un conflicto de interés.
Volviendo a la discriminación hacia las y los PHC, en cifras. Somos más de 2.300 PHC y hacemos más del 70% de las clases de pregrado.No obstante, para el plebiscito figuramos 1.912 en el padrón electoral donde el voto ponderado de las y los PHC fue de un 3% (profesores/as jornada ponderan un 62%). A todos los estamentos, además, se les exigió un quórum mínimo, pero a última ahora, el rector le quita la exigencia de quórum a las y los PHC. ¿Cuál fue la razón de esta discrecionalidad?
Veamos, en la 1a vuelta participó un 14,68% de toda la comunidad universitaria y en la 2a vuelta un 4,87%, lo que a todas luces es una muy baja participación.
Las y los 245 PHC que votaron en la 1a vuelta pesaron (3% ponderado) 7,35 votos. Si se hubiera aplicado la exigencia de quórum establecida en el reglamento electoral (de un 40%) esos mismos votos habrían “pesado” 0,96 votos, es decir, menos de 1 voto a contabilizar. Los 128 votos de las y los PHC, que votaron en la 2a vuelta pesaron 3,84. Si se hubiera aplicado la exigencia de quórum, en la 2a vuelta, esos mismos votos habrían “pesado” 0,50 votos, es decir, medio voto a contabilizar.
Si eso no es discriminación, ¿qué es?
La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿qué se quiere conservar con este tipo de criterios al ponderar los votos de este modo? Esta pregunta es válida para cualquier acción que se realice o se haya realizado en la universidad. Efectivamente, si queremos conservar altos niveles académicos, no se entiende por qué cinco colegas de la FAE fueron desvinculados y no fueron recontratados aún cuando cuatro de ellos ganaron sus causas en la Corte Suprema y uno en la Contraloría General de la República. Mencionaremos dos de los cinco casos: Manuel Llorca, académico de excelencia, con proyectos Fondecyt reconocido internacionalmente, no fue reincorporado. Serafima Chirkova, la única académica mujer del Departamento de Economía, académica que cuenta con más publicaciones en el Departamento, no fue reintegrada. Lo que queda claro es que es una decisión que comporta un criterio político y no académico, puesto que si lo que se quiere conservar es la excelencia académica, este no es el camino, ni el criterio, ni las acciones para conservarla.
Preguntamos nuevamente: ¿qué se quiere conservar, entonces, con este tipo de acciones?
Si cometemos un error, la respuesta no es pedir que dios nos perdone, la respuesta es justamente acometer la acciones que reparen dicho error. No cabe duda, que es la mejor enseñanza que podemos dar, enseñar con el ejemplo a los futuros profesionales y corregir oportunamente los errores cometidos.
El desarrollo del conocimiento científico (en el amplio sentido de la palabra) requiere una mirada crítica y, cuando corresponde, hacer evidente y visible los errores. La ciencia y las diferentes formas de conocimiento no pueden avanzar amparada en errores e hipótesis falsas. A nuestro entender se ha naturalizado en nuestra universidad una forma mental de no hablar de los “errores” que se cometen al interior de nuestra casa de estudios. ¡Qué importante es la formación multidisciplinaria, que reconozca otras formas de conocimiento como es la literatura! En efecto, como lo que nos enseña el cuento infantil “El traje nuevo del Emperador” de Hans Christian Andersen, publicado en 1837 donde la mentira solo queda al descubierto cuando un niño grita con valentía “¡Pero si el rey está desnudo!”.
Volviendo a los criterios de validación utilizados por el CA, que mutiló la propuesta de 142 votos presentados originalmente por el CTEO, cabe mencionar un ejemplo dentro de las tantas discrecionalidades que observamos. ¿Por qué un cargo, como el de Secretario General, que no está contemplado en la ley 21.094, el CA decidió pasar directamente al EO como un cargo de exclusiva confianza del rector? ¿Por qué se desechó el voto propuesto por el CTEO, que incluía 4 alternativas, donde una de las alternativas era la posibilidad que fuera un cargo de confianza?
Legítimamente volvemos a preguntar: ¿qué se quiere conservar con este tipo de decisiones que no respetan las opciones propuestas por la comunidad universitaria?
Si hay voluntad de reparar los errores cometidos y, además, todas y todos deseamos con-vivir en el mutuo respeto conservando la práctica democrática y la participación como orientación, las acciones de reparación deberían considerar:
- Retrotraer el proceso de modificación de EO al momento en que el CTEO propuso 142 votos.
- Dar plazo de un mes, a toda la comunidad universitaria, para recoger nuevas propuestas que den lugar a opciones de votos, atingentes a las observaciones hechas por la Subsecretaría de Educación en el Ord.: 06/7873 de 03 de septiembre de 2021.
- Corregir, los 142 votos propuestos por el CTEO, en caso de ser necesario, la redacción incorporando lenguaje inclusivo.
- Solicitar la validación (no modificación) de las opciones de voto propuestas por parte del CA según exento 8330 del 26-12-2018 (artículo 3, penúltimo párrafo), a saber: “…serán presentadas al Consejo Académico por el CTEO, […] para su validación y posterior votación.”
- Llamar a un debate público y participativo donde los miembros de la comunidad universitaria tengan la posibilidad de argumentar por qué es conveniente apoyar determinada opción en cada voto.
- Realizar un nuevo plebiscito que no discrimine entre profesoras/es de jornada y por horas de clases.
- El resultado del plebiscito debe ser redactado por el propio CTEO, como lo indica el artículo 5 del exento 8329, del 26-12-2018.
Tenemos largos 10 meses para llevar a cabo esta planificación de 7 etapas de modo de garantizar un proceso público y auténticamente participativo.
(1) 2° párrafo de entrevista publicada: 4 de Noviembre de 2004; Cooperativa.cl (ver aquí). El texto entre corchetes lo hemos agregado para extender la frase incluyendo a jóvenes.
(2) Idem, 6° párrafo de la entrevista.
