La situación de precariedad y desigualdad que se desprende de las últimas estadísticas sociales está llegando a cotas difícilmente asumibles, añadiéndose el hecho de que la pandemia ha contribuido a un agravamiento de la misma. Ante la ineficacia manifiesta de las prestaciones que deberían dar alguna solución a esta situación, la implementación de una Renta Básica se hace cada vez más necesaria e imprescindible.
Por Jordi Arcarons
El pasado mes de julio, el «Instituto Nacional de Estadística» (INE) publicó la última edición de la «Encuesta de Condiciones de Vida» (ECV). La información sobre la opinión de los hogares encuestados se obtuvo durante el cuarto trimestre del año 2020 en plena pandemia, por lo que las entrevistas se realizaron de forma telefónica y no presencial y conllevó una disminución del tamaño de la muestra para hogares de aproximadamente el 15%, respecto a años anteriores. Sin embargo, el INE considera la información recogida totalmente representativa. En cuanto a las variables de renta, que recoge esta operación estadística, como estas reflejan siempre la situación del año anterior (2019) hay que decir que sus valores no se han visto alterados por los efectos de la pandemia.
Los resultados ponen de manifiesto que los indicadores estadísticos de condiciones de vida en el Reino de España son ciertamente inquietantes. El riesgo de pobreza afectó al 21,0% de la población, con un aumento de 3 décimas respecto al año anterior, mientras que la media del decenio (2.010 a 2.019) fue del 21,3%. La carencia material severa llegó al 7%; 2,3 puntos por encima del año anterior y con una media en el periodo 2011-2020 del 5,8%. En las definiciones de estos dos conceptos ya me referí en la parte final de un artículo anterior, ahora podemos añadir otro indicador que es el de baja intensidad de empleo esto es: las personas en edad de trabajar, excluidas las de 60 o más años, que lo hicieron en menos de un 20% de su potencial de trabajo. Este indicador alcanzó el 9,9%, con una disminución de 0,8 puntos con respecto al año anterior (por lo tanto una mejora) y una media del decenio 2.010-2.019 del 13,5%.
La tasa AROPE, que se creó en 2010 (ligeramente modificada en 2021 para asumir el objetivo UE-2030) con el fin de medir la pobreza relativa en Europa, es un indicador que sintetiza los tres anteriores, dado que se calcula con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o en carencias materiales o en baja intensidad de empleo. Esta tasa superó el 26,4%, aumentando más de un punto respecto al año anterior y con una media del decenio (2010 a 2019), situada en el 27,1%.
Si se calcula por franjas de edad, la tasa AROPE para los menores de 16 años fue del 31,2% (1,1 puntos superior al año anterior); entre el 16 y los 64 años se situó en el 27% (0,1 puntos superior) y para los mayores de 64 años fue del 20,5% (4,8 puntos superior). Relacionada con la formación de las personas mayores de 16 años, las diferencias son muy importantes, ya que la tasa disminuyó hasta el 13,7% en el caso de la educación superior, mientras que llegó al 36% para las personas con educación primaria o inferior. Y, por último, atendiendo a la nacionalidad de las personas mayores de 16 años, las diferencias son abrumadoras, ya que para los nacidos en el Reino de España fue del 22,6%, mientras que para los extranjeros de la UE del 43,4% y para los extranjeros del Resto del Mundo del 58,0%;
Todas las anteriores son cifras para la reflexión, dado que más allá de los valores relativos al año de análisis de la ECV, por sí mismos bastante preocupantes, muestran una situación en los últimos diez/once años en los que la precariedad se ha instalado en esta sociedad de forma estructural.
Algunas cifras adicionales que se desprenden de la ECV y que revelan este grado de precariedad son: a) que el 10% de los hogares llegan a fin de mes con muchas dificultades (2,2 puntos más que el año anterior), b ) que el 35,4% de los hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos (1,5 puntos superior) y que el 34,4% no puede ir de vacaciones una semana al año (1 punto superior).
La comparación internacional de la tasa AROPE, teniendo presente que EUROSTAT sólo ha publicado datos definitivos hasta 2019, es poco alentadora. El Reino de España ocupó la posición 25 entre 36 estados analizados, teniendo tras de sí en situación peor y por este orden: Italia, Lituania, Letonia, Grecia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Bulgaria, Turquía, Macedonia y Albania. Durante el periodo 2011-2019, utilizando el mismo grupo de comparación, la posición 25 fue la más repetida y en todos estos años siempre estuvo claramente por debajo de la mitad inferior de estos 36 países.
En cuanto a los datos de desigualdad en renta, la ECV indica que el índice de Gini (el valor se mueve entre cero y cien, indicando 0 igualdad total y 100 máxima desigualdad) fue 32,1 con los datos de renta de 2019, valor que experimentó una disminución de 0,8 puntos con respecto al año anterior, por lo tanto una mejora. La comparación internacional facilitada por EUROSTAT, también en este caso limitada a los datos definitivos hasta el año 2019 y para los mismos 36 estados, es más ilustrativa y menos optimista. Indica que el Reino de España ocupó la posición 27, teniendo tras de sí en situación peor y por este orden: el Reino Unido, Serbia, Montenegro, Albania, Rumania, Letonia, Lituania, Bulgaria y Turquía. Para una visión más estructural, durante los años 2011-2019 sólo en dos consiguió mejorar una posición, pero en otros cinco lo empeoró.
Otro indicador de desigualdad pero también de concentración de la renta es el llamado S80/S20, que compara la renta acumulada en el 80 percentil, con la acumulada en el 20 percentil. La ECV dice que con los datos de renta de 2019 este ratio fue 5,8 habiendo experimentado una disminución de una décima respecto al año anterior, por lo tanto también una mejora. Pero si volvemos a utilizar la comparación que permite EUROSTAT, con las mismas condiciones señaladas anteriormente para el índice de Gini, la única diferencia se da en la sustitución del Reino Unido por Italia, en la lista de países en peor situación, el resto de conclusiones son idénticas y, en consecuencia, igual de pesimistas.
¿Qué tiene dispuesto el sistema de prestaciones sociales diseñado por las administraciones para hacer frente a la situación de precariedad y desigualdad expuesta hasta el momento? En Catalunya, dos prestaciones condicionadas: la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el ingreso Mínimo Vital (IMV). La primera se puso en marcha en septiembre de 2017, por lo tanto hay una experiencia de cuatro años en su funcionamiento y una información que debe permitir analizar si los objetivos que marcaron su implementación han sido alcanzados. La segunda, que se puso en marcha en mayo de 2020, en plena pandemia, es mucho más reciente y tiene una experiencia inferior, pero sobre todo una información que aún no permite un análisis detallado de su funcionamiento.
En cuanto a la RGC, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (IVALUA) ha presentado a finales de mayo de este año un extenso informe que analiza su diseño e implementación. Algunas de las informaciones que se desprenden del mismo son bastante ilustrativas de lo que ha conseguido por el momento la RGC, que recordemos tiene como objetivos: » garantizar los mínimos de una vida digna, promover la autonomía y la participación activa de las personas en la sociedad y su apoderamiento, superar las condiciones que la han llevado a necesitar esta u otras prestaciones similares y racionalizar y simplificar las prestaciones existentes«.
Balance con información correspondiente al año 2019. En primer lugar, en Catalunya había cerca de 225.000 hogares en riesgo de pobreza severa (como referencia para orientar, tres ejemplos: hogares que percibían 7.116,1 euros netos anuales en el caso unifamiliar, o 9.250,9 euros netos anuales en el caso monoparental con un hijo menor de 14 años, o 14.943,8 euros netos anuales en el caso de dos adultos con dos hijos menores de 14 años) este es el colectivo que debería de ser el principal beneficiario, ya que es el objetivo primordial que quiere erradicar la RGC. Por otra parte, los hogares que cumplían los requisitos para poder solicitar la RGC no llegaban a 105.000. Y, finalmente, pasados dos años desde su entrada en vigor, aproximadamente 85.000 hogares eran beneficiarios.
Hay cuatro conclusiones destacables: 1) casi el 54% de los hogares en pobreza severa ni siquiera podían pedir la RGC y si lo hubieran hecho, se les habría denegado; 2) un 20% de los hogares que podían solicitar la RGC no lo hicieron; 3) la RGC no llegó ni siquiera al 38% de los hogares para los que estuvo diseñada y 4) la proporción de hogares en pobreza severa entre los hogares que podían pedir la RGC representaba el 82,8%. Las tres primeras conclusiones son preocupantes, porque señalan que por motivos de incompatibilidad y desinformación, no se llega al grueso de personas para las que está pensada la RGC. La cuarta, es la única favorable a su diseño.
Balance desde la entrada en vigor y hasta mayo de 2020. En primer lugar, ha habido 130.488 solicitudes, repartidas en uno, 53,7% en RGC y un 46,3% de complementos de pensiones estatales; de este total un 24,7% han sido aprobadas, un 57,2% denegadas, un 6,7% desistidas y un 11,4% están pendientes de resolución. De otra parte, ha habido 9.838 suspensiones, el motivo principal de las cuales es el laboral (75,6% del total); los otros motivos de suspensión relevantes son de carácter administrativo (19%). Y, por último, ha habido 11.589 extinciones definitivas; los principales motivos de extinción son la pérdida del requisito de ingresos o patrimonio (28,9%), la inserción laboral de un destinatario de la RGC (12,4%) y cambios en la condición de residencia (8,5 %).
Un buen motivo para la reflexión es el elevado porcentaje de denegaciones, sobre todo, teniendo en cuenta que el colectivo solicitante está inmerso en la pobreza severa.
Dos últimas cuestiones destacables del informe. La primera relativa a las incompatibilidades: en caso de que no fuera con el trabajo a jornada parcial, los hogares que podrían solicitar la RGC se incrementarían un 17,8%; pero, si también fuera compatible el trabajo a jornada completa, el aumento de hogares que podrían pedirla sería del 141,7%. La segunda hace referencia a la gestión: integrar, mejorar y ampliar la información disponible en los registros administrativos de la RGC permitiría detectar mejor qué recursos y servicios hay que movilizar para reconducir la situación de los hogares y personas beneficiarias de la RGC.
En cuanto al IMV, ya hemos señalado que aún no consta ningún estudio ni informe que permita efectuar un balance de su año y medio de recorrido. Si se consulta la página web de la «Presidencia del Gobierno» en su apartado «Inclusión, Seguridad Social y Migraciones» se encuentra una descripción de resultados que se puede resumir en lo siguiente: se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, que son el 94% de las válidas recibidas; de las cuales 337.000 (27,0%) han sido aprobadas, 888.000 (71,6%) denegadas y 18.000 (1,4%) están pendientes de recibir información complementaria. Más del 60% de las denegadas, lo han sido por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa. Las solicitudes aprobadas suponen aproximadamente 800.000 beneficiarios, el 61,9% son personas adultas y el 38,1% son menores.
Teniendo presente que el proceso de tramitación coincide con la pandemia, es otro buen motivo de reflexión, como en el caso de la RGC, el elevado porcentaje de denegaciones, más aún sabiendo que la pobreza severa en el Reino de España afecta alrededor de 1,6 millones de hogares y aproximadamente a 3,2 millones de personas.
Todo esto nos lleva a la pregunta con la que he titulado este artículo. La Renta Básica es necesaria, lo es porque la situación de precariedad y desigualdad descrita en la primera parte es alarmante. Pero también, porque ninguna de las medidas diseñadas hasta el momento por parte de las administraciones, como he tratado de poner de manifiesto en la última parte, son capaces de poner remedio. La condicionalidad, razón principal de la ineficacia tanto de la RGC como del IMV es un escollo insuperable, a lo que no tiene que hacer frente la Renta Básica.
