Luego de la derrota electoral, y sin escuchar a los que “salen a la calle”, el Gobierno redobla su faceta extractiva. Envía al Congreso un proyecto de ley gestado junto con las cámaras empresarias del agro, mientras cajonea proyectos claves: acceso a la tierra, humedales y etiquetado de alimentos. El oficialismo pone todas las fichas a un modelo que lleva tres décadas con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.
“La Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades”
Alberto Fernández (8 de septiembre de 2021)
Lejos del discurso ambiental y aún más lejos del sector campesino y cooperativo, el Gobierno anunció su proyecto de ley de “fomento al desarrollo agroindustrial”, con el que propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. El plan busca “consolidar al país como líder agroalimentario” mediante “beneficios fiscales e impositivos”. El plan, que presentaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llega de la mano de Gustavo Idigoras, un ex ejecutivo de Monsanto/Bayer.
El proyecto tiene 26 páginas y señala que promoverá “24 cadenas” productivas, pero el eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Los cinco pilares que utiliza son producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones. En ningún momento se habla de ambiente, ni de agroecología ni (mucho menos) soberanía alimentaria. La traducción no publicitada es un plan con mayor uso de transgénicos y agrotóxicos, mayor alianza con el agro empresario y con las consecuencias por demás conocidas: desmontes, conflictos por la tierra, desalojos, concentración de la tierra en pocas manos, afectaciones a la salud y al ambiente, entre otras.
Un plan para el agronegocio
El Presidente, junto a Cristina Fernández de Kirchner y los ministros Julián Domínguez y Juan Manzur, habló durante casi 30 minutos. Textuales:
–“Estamos seguros que este es el camino para ubicar a la Argentina como líder agrobioindustrial”.
–“Esta no es una ley cualquiera, es una ley construida con un criterio federal muy claro, donde participaron gobernadores, universidades de todo el país; donde participaron grandes productores y pequeños productores de la agricultura familiar”.
–“Es una ley que lo que más le interesa es que la Argentina produzca alimentos de calidad. No es lo mismo comer que alimentarse”.
–“Todos han sido oídos. Todos”.
Cualquiera que conozca mínimamente el agro argentino sabe que el Gobierno no escuchó a pequeños productores, ni cooperativas, ni campesinos, ni pueblos indígenas. Mucho menos se tuvieron en cuenta las numerosas denuncias que pesan sobre el modelo que el proyecto de ley impulsa.
Muchas empresas, un hombre de Monsanto y nada de agroecología
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es un espacio nacido en 2020 que reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio del país. Su plan para la próxima década se llamó “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”. Y fue la base para el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Se trata de la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, donde sobresalen beneficios impositivos. Traducido: menores impuestos.
El Consejo Agroindustrial está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja). Las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina -CRA- y la Sociedad Rurales Argentina.
A poco de crearse, el Consejo Agroindustrial se reunió, en solo tres meses, con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; los entonces ministros Felipe Solá (Cancillería) y Luis Basterra (Agricultura), y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich). También se entrevistaron (el 30 de julio del 2020) con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con el Presidente. “En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, resumió Alberto Fernández, reflejado por la agencia oficial Télam.
El Gobierno reforzó diálogo con el Consejo Agroindustrial también como forma de debilitar a la Mesa de Enlace. Algunos sectores oficialistas (desde organizaciones hasta medios de comunicación) intentan disfrazar a este sector empresario como «otro campo» o, argumentan, que así debilitan a la Sociedad Rural y compañía. Nada más equivocado: los jugadores dentro del Consejo Agroindustrial son mucho más poderosos que las entidades protagonistas de la resolución 125. Y, sobre todo, representan a capitales internacionales mucho más concretados, con mayor poder para condicionar políticas.
La cara más visible del Consejo Agroindustrial es Gustavo Idigoras, que llegó como presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), pero tiene un mayor recorrido, en distintos engranajes del agronegocio: agregado agrícola por Argentina ante la Unión Europea (2004-2009), responsable por el Ministerio de Ciencia de la Mesa de Semillas (durante el macrismo), coordinador de la Red de Buenos Prácticas Agrícolas (donde confluyen todas las grandes multinacionales de transgénicos y agrotóxicos). Y, entre 2014 y 2018, ejecutivo de Monsanto (hoy Bayer).
El reclamo de la calle y la sordera gubernamental
“Quiero ser el presidente que escucha, el del diálogo y convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”, pidió Alberto Fernández en su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019.
El 20 de septiembre, en la Plaza del Congreso, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acampó durante dos días en reclamo de la aprobación de la Ley de Acceso a la Tierra para los pequeños productores. El proyecto de ley fue presentado en 2016, 2018 y 2020. En febrero pasado, el presidente Alberto Fernández se comprometió a aprobar la norma.
El 21 de septiembre, organizaciones sociales se movilizaron de forma masiva. “Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Salario mínimo, vital y móvil de 70.000 pesos”, fue uno de los reclamos principales. Estuvieron presente el Polo Obrero (PO), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
El viernes 24 de septiembre, organizaciones socioambientales marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en rechazo al extractivismo y exigieron la aprobación de la Ley de Humedales y la Ley de Etiquetado de Alimentos, entre otras iniciativas. En un hecho sin precedentes, a la movilización de sumó La Cámpora.
Nada de lo reclamado en las tres manifestaciones ameritó acciones positivas del Gobierno.
Al contrario, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hizo una defensa irrestricta del trigo transgénico (primer evento de su tipo en el mundo, muy cuestionado y rechazo incluso por empresas del agronegocio). Y el Gobierno impulsa nuevas leyes para aumentar la actividad petrolera y minera.
Ambiente, incendios y dólares
En lo que va el del año se quemaron más de 153.000 hectáreas, una superficie equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires.
En su “lucha” contra los incendios, el Ministerio de Ambiente (a cargo de Juan Cabandié) envió una gacetilla el 28 de septiembre. “Avanza la construcción de torres para la detección de incendios en el delta del Paraná”, fue el título. Ante la gravedad y magnitud de los incendios, el Ministerio Nacional difundió que se “finalizó la construcción de las dos primeras torres” para “avistar focos de incendios” en el Parque Nacional Predelta (Entre Ríos) y en el peaje del viaducto Rosario-Victoria. Las torres de hierro, al estilo antenas de radio, forman parte de lo que el Ministerio llama pomposamente “estrategia de faros de conservación”. Aspirinas frente al cáncer.
Donde el ministro Cabandié sí fue más serio fue en el programa “Fuego Amigo” de Canal 9. Sinceró la relación entre extractivismo, deuda externa y Fondo Monetario Internacional: “Queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares, para el vencimiento de deuda, no podemos hacerlo sin contaminar”.
Hambre, pobreza y una “soja riquísima”
En diciembre de 2019, el Gobierno lanzó el “Consejo Federal Argentina contra el Hambre”, con empresas del agro (como Syngenta) y una variedad de figuras mediáticas: desde Marcelo Tinelli y Narda Lepes, hasta el periodista Martín Caparrós. Al frente de la cruzada estaba la hoy candidata Victoria Tolosa Paz.
El precio de la carne aumentó 400 por ciento en los últimos cinco años. El precio del pan se incrementó 230 por ciento en cuatro años. Y el precio de la yerba aumentó 55 por ciento en solo un año.
El mismo día del lanzamiento del proyecto de ley agroindustrial, el Indec difundió que la pobreza afecta al 40,6 por ciento de la población de Argentina y la indigencia llega al 10,7 por ciento. En los menores de 16 años la pobreza alcanza al 55 por ciento. Para graficarlo: seis de cada diez chicos de Argentina es pobre.
El Gobierno ya no habla del hambre en Argentina. Pero sí de supuestas opciones: Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita y secretario parlamentario de la Jefatura de Gabinete, difundió orgulloso su trabajo junto al empresario Gustavo Grobocopatel (alias “el rey de la soja”). Y celebró: “Él nos ayudó mucho, con otros empresarios, aportando soja que se puede consumir, y es riquísima, para comedores populares del Gran Buenos Aires”.
