Amnistía Internacional (AI) ha instado al gobierno de Sri Lanka a poner fin a la violencia y la discriminación contra la minoría musulmana de la isla.
Según un comunicado publicado el domingo, AI afirmó que la comunidad musulmana de Sri Lanka, que representa casi el 10% de la población, ha sufrido una discriminación, acoso y violencia constantes desde 2013.
Las conclusiones, basadas en un nuevo informe titulado «From Burning Houses to Burning Bodies: Acoso, discriminación y violencia contra los musulmanes en Sri Lanka», afirmaban que la islamofobia ha ido en aumento en medio de un incremento del nacionalismo cingalés-budista, especialmente tras el atentado terrorista del Domingo de Resurrección de 2019, reivindicado por una célula local del Daesh y que causó la muerte de más de 250 personas. En 2016, el entonces gobierno anunció que 32 musulmanes de Sri Lanka de familias «bien educadas y de élite» se habían unido a Daesh en Siria, lo que tuvo un efecto de radicalización en la comunidad del país.
Esta discriminación ha pasado de los ataques de las turbas a las políticas gubernamentales destinadas a marginar a la comunidad musulmana, incluida la incineración forzosa de las víctimas musulmanas del Covid-19 y las actuales propuestas para imponer la prohibición del niqab (velo facial) y de las madrasas (escuelas religiosas).
La hostilidad antimusulmana se habría intensificado en 2013, cuando grupos nacionalistas budistas presionaron con éxito para prohibir la certificación halal de los alimentos, lo que provocó un aumento de los ataques a mezquitas y negocios musulmanes, con total impunidad.
«Aunque el sentimiento antimusulmán en Sri Lanka no es nada nuevo, la situación ha retrocedido mucho en los últimos años. Los incidentes de violencia contra los musulmanes, cometidos con la aprobación tácita de las autoridades, se han producido con una frecuencia alarmante. Esto ha ido acompañado de la adopción por parte del gobierno actual de una retórica y unas políticas abiertamente hostiles a los musulmanes», ha declarado Kyle Ward, secretario general adjunto de AI.
«Las autoridades de Sri Lanka deben romper esta alarmante tendencia y cumplir con su deber de proteger a los musulmanes de nuevos ataques, hacer que los autores rindan cuentas y poner fin al uso de las políticas gubernamentales para atacar, acosar y discriminar a la comunidad musulmana.»
AI ha acusado al actual gobierno de Sri Lanka, desde que asumió el cargo el año pasado, de seguir «señalando y convirtiendo en chivo expiatorio a la población musulmana para distraer la atención de los problemas políticos y económicos».
Los musulmanes de Sri Lanka, que son mayoritariamente suníes, se dividen en tres grandes grupos étnico-sociales: Los moros de Sri Lanka (que hablan mayoritariamente tamil, pero cuya ascendencia se remonta a los comerciantes árabes que se instalaron en la isla a partir del siglo VIII), los moros indios y los malayos.
El Colombo Gazette de Sri Lanka informó ayer de que el gobierno ha garantizado la seguridad de la comunidad musulmana. El coportavoz del gabinete, el Dr. Ramesh Pathirana, declaró: «Somos un Gobierno responsable. Queremos reiterar el hecho de que velaremos por los intereses de todas las comunidades del país, incluidos los musulmanes, los tamiles y los cingaleses»
