Causa “La Trochita”: mientras los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se mantienen impunes, seis imputados son llevados a juicio por ejercer su derecho a recuperar territorio usurpado.
La foto de Emilio Huala con la mandíbula agujereada y ensangrentada recorrió el WallMapu y más allá. El mensaje de la imagen no dejaba lugar a dudas y resumía un contexto sociocultural histórico. Un odio visceral y rancio se descarga y dispara constantemente sobre un grupo determinado de la sociedad desde que la Argentina es Argentina.
Específicamente esa imagen hace referencia al segundo día de represión en el que también sufrió un ataque Fausto Jones Huala, quien perdió la audición de un oído luego de un disparo de la gendarmería nacional. El día anterior, 10 de enero de 2017, durante las primeras horas de la mañana y en el transcurso de la tarde, nuevamente la gendarmería nacional y la policía provincial de Chubut se permitieron accionar y ejecutar una serie de allanamientos, vejaciones y humillaciones sin precedentes en la historia reciente de la Argentina. Disparos con balas de goma y plomo, mujeres arrastradas de los pelos por el piso, infancias mapuche rociadas con polvo de matafuegos, torturas en celdas de comisarías y represión en espacios territoriales recuperados. Paradójicamente no serán estas fuerzas de seguridad las que estarán en el banquillo de los acusados, sino las propias víctimas. A continuación el relato de Ariel Garzi y Mirta Curruhuinca, dos de las seis personas que vieron de cerca la muerte y que a pesar de ello continúan erguidas en defensa de un territorio acechado por maniobras extractivas e inmobiliarias.
Ariel Garzi es uno de los testigos claves de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado durante la represión ejecutada en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 1 de agosto de 2017. Sin embargo, rápidamente la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich hizo público su nombre y apellido colocando a este joven por segunda vez en peligro.
“El juicio que enfrentamos en el día de mañana se debe a la represión que sufrió la comunidad Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, el 10 de enero de 2017, alrededor de las 7:30 de la mañana. Nosotros éramos menos de diez peñi defendiendo a las mujeres y los niños de la comunidad, contra más de 350 efectivos de diversas fuerzas represivas, entre ellas gendarmería nacional, policía federal y provincial (Chubut). La represión terminó con tres detenidos en el penal 14 de Esquel. Las causas en su momento eran varias. Pudimos quedar sobreseídos de una, que es el corte de vías ‘La Trochita’. Pero nos quedan las causas de ‘Resistencia a la autoridad’ y ‘Daño agravado’ a efectivos de gendarmería y a una yegua del comando caballeriza de gendarmería”.
Por su parte, Mirta Curruhinca imputada también en este proceso judicial junto a cuatro personas más (Ricardo Antihual, Vanesa Millañanco, Ailinco Pilquiman y Nicolás Hernández Huala) advierte que en ese momento se había creado una mesa de diálogo conformada por Mario Das Neves (ex gobernador de Chubut) y la Corporación de Fomento de Chubut (CORFO). Y que la misma había sido convocada desde las comunidades para que se respetara la consulta previa, libre e informada que contempla el Convenio Internacional 169 de la OIT, dado que el tren turístico “La Trochita” pasa(ba) por territorio ancestral recuperado. La respuesta de Das Neves fue, como la de muchos dirigentes políticos argentinos actuales, violenta, soberbia y cargada de un racismo inconmensurable: “Yo no voy a escuchar a un grupo de delincuentes, menos les voy a pedir permiso”.
El proyecto turístico “La Trochita”, como el Proyecto Multipropósito Nahueve, al igual que las torres de fracking sobre la plataforma de Vaca Muerta y la megaminería en Chubut son parte de un mismo entramado neoextractivo–usurpador, en donde las familias preexistentes al Estado Nacional son lanzadas al despojo de las ciudades o criminalizadas jurídicamente con causas injustas por su posicionamiento en defensa de las fuentes de agua y los distintos elementos de la naturaleza, mientras que aún no existe ningún responsable material por el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Son los poderes jurídico–políticos provinciales junto al Ministerio de Seguridad Nacional de turno, los que colocan todas sus herramientas institucionales en beneficio de terratenientes y proyectos estatales etnocidas. Algo que con el tiempo, desde el 2017 hasta la actualidad, incluida esta etapa de aislamiento social obligatoria, se ha incrementado y continuará permanente hacia un camino de conciencia y resistencia, de represión y persecución jurídica.
“Hoy somos nosotros, pero el día de mañana van a ser otros compañeros, quizás porque esta lucha que se está dando acá en el sur, en la Patagonia, no va a parar porque hay un levantamiento de nuestro pueblo. Y de gente pobre que está cansada de ser atropellada, reprimida. ¡La gente se está levantando! Nos da mucho newen (fuerza) que nuestra gente se esté levantando. Y que haya grupos de resistencia en diferentes lados y grupos de lanmgen que están volviendo al territorio por la autodefensa del territorio, de los ngen mapu. ¡El ngenko nos está haciendo levantar! Y estamos resistiendo en diferentes lugares de la Patagonia”.
Mientras transcribo el relato de Mirta Curruhuinca, Ariel Garzi me cuenta vía comunicación telefónica que ese 10 de enero él fue baleado en la cabeza con una posta de goma y que por la tarde de ese mismo día varios hermanos mapuche fueron torturados dentro de la comisaría de El Maitén. “La que peor la pasó fue una hermana mapuche que le quebraron la mano. De igual modo, a los peñis los molieron a palos y la camioneta en la que se movilizaban fue baleada con balas de plomo. Los impactos estaban a la altura de la cabeza”. Sin embargo, ninguno de estos actos de violencia llevó a juicio a ningún agente policial ni gendarme. Tampoco se elevaron sumarios ni requirieron de declaraciones públicas por parte de los representantes políticos de Chubut.
Como en la Campaña Expedicionaria al Desierto, la Historia Oficial Argentina sólo registra caídos de un lado del campo de batalla, mientras que los soldados patriotas perduran inmunes, impunes e inimputables.
Ese miércoles, 15 de septiembre de 2021, a partir de las 9:30 hs de la mañana, y por el plazo de tres días, se desarrollará el juicio virtual en contra de estas seis personas. A partir de este e-mail distintas organizaciones, medios y comunidades podrán realizar sus adhesiones: absolucionpresxsmapuches@gmail.com
Para contactos directos y solicitar el enlace de ingreso al juicio (de acceso público), dentro del comunicado de la propia comunidad, se difundieron los siguientes teléfonos:
Mirtha Curruhinca: 2974 14-8036 | Ariel Garzi: 2944 69-1492
