Por Verónica Calvopiña
Cuatro campesinos afrodescendientes, defensores del ambiente, deberán pagar 151 mil dólares a la empresa Energy Palma, que explota palma africana en la provincia de Esmeraldas.
El juez Fernando Saldarriaga de la Unidad Multicompetente del cantón San Lorenzo, falló a favor de la empresa en un juicio donde los campesinos fueron acusados de ocasionar pérdidas en la cosecha de palma.
Concretamente, la empresa denunció que su cosecha no pudo ser transportada, como consecuencia de una marcha que la comuna de Barranquilla de San Javier de Cachaví realizó en 2019. Esta comuna rechazaba la presencia de la empresa, pues asegura que ilegalmente invadieron 251 hectáreas de su territorio colectivo. También rechazaban la contaminación del agua y la deforestación de bosques del Chocó Andino que realiza la empresa, producto de la explotación de la palma africana.
Las y los campesinos aseguran que la protesta fue pacífica y no causó daños a la plantación. Frente a la acción, la empresa obtuvo medidas cautelares en el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, el mismo tribunal que hoy sanciona a los defensores. La marcha fue dispersada con ayuda de la policía y la empresa pudo continuar sus actividades.
La empresa inicialmente, demandó a siete campesinos, entre ellos dirigentes de la comunidad, quienes fueron denunciados penalmente. También solicitó 320 mil dólares como compensación. En un comunicado de Acción Ecológica, se menciona que durante el juicio se demostró que la empresa contaba con vías alternas para sacar su cosecha. Finalmente, la justicia fijó la compensación en 151 mil dólares y se demandó a 4 personas.
Acción Ecológica califica a esta sanción como intimidatoria, a fin de que las y los comuneros no vuelvan a manifestarse, ni reclamen su territorio. Pero además asegura, que tiene efectos en contra de otras comunidades de la provincia de Esmeraldas afectadas por las empresas de palma.
Energy Palma S. A es una empresa parte de la Corporación La Favorita, conglomerado de empresas con inversiones en alimentos, supermercados, inmobiliarias, entre otras. Esta empresa es además, acusada por otras comunidades de Esmeraldas, como 5 de junio de usar varios argumentos legales para “usurpar tierra comunitaria”, según señala la organización de DDHH, FIAN Ecuador.
