Cientos de niños y niñas han sido privados del acceso a la educación en los últimos 20 años por la política de las autoridades melillenses de denegar la escolarización a menores aduciendo que no podían demostrar su residencia en la ciudad autónoma.
Por Sarah Babiker/El Salto Diario
El pasado martes fue un día especial para 160 niños que, por primera vez, conseguían atravesar el umbral de un aula en Melilla. El lunes 6 habían constatado su victoria en las listas de escolarización en la Ciudad Autónoma, en los que por fin aparecían sus nombres. “Los niños están super contentos, también las familias. Ayer y antes de ayer estuvieron los teléfonos sonando todo el día, todo el día entraban mensajes en el grupo de wasap por el que nos comunicamos… Antes de ayer comenzaron el colegio, fue el primer día de niños desde pequeñitos a niños de hasta 14 años, imagínate, el primer día de colegio de su vida”, explica desde Melilla José Palazón, presidente de Prodein.
Cientos de niños y niñas han sido privados del acceso a la educación en los últimos 20 años por la política de las autoridades melillenses de denegar la escolarización a menores aduciendo que no podían demostrar su residencia en la ciudad autónoma. Una situación que ha obligado a niñas y niños nacidos en Melilla o con muchos años de residencia en la ciudad, a luchar por su derecho a la escuela. Palazón no sabe si se trata de una conquista consolidada, o si el año que viene habrá que dar la pelea de nuevo, admite en conversación con El Salto, pero celebra que por fin, tras 20 años de lucha y tres sin conseguir escolarizar a los menores, las autoridades melillenses hayan tenido que ceder. “De momento lo que hay es la escolarización de los menores que estaban sin escolarizar, hemos estado tres cursos completos intentando que entren al colegio y la dirección provincial del ministerio de educación en Melilla se ha negado sistemáticamente a que entraran, niños de la ciudad”.
Si bien considera que este momento ha supuesto “un gran paso para un grupo de niños, grande, en edad de escolarización”, denuncia la pérdida que esta demora ha supuesto para “tres generaciones de niños que llevan tres años pidiendo ser escolarizados”; y en particular de “aquellos que empezaron a demandar su inclusión siendo adolescentes, y que ya han quedado fuera de la edad de escolarización”. Y es que tres cursos pujando por ejercer el derecho a ser escolarizados son muchos, una etapa que ha supuesto un periodo particularmente grave pues según explica Palazón, al menos se había ido consiguiendo escolarizar a los menores durante el curso escolar hasta hace tres años. Al contrario de lo que podían esperar, ha sido con el Gobierno del PSOE a los mandos del gobierno, recalca el activista, que se ha dado esta gran parálisis.
Acaban de salir las listas de niños escolarizados en #Melilla. Prácticamente la totalidad de niños han sido admitidos. L@s niñ@s han estado luchando durante tres años y han ganado. La alegria que tienen no se puede describir.
FELICIDADES A TODAS! pic.twitter.com/2cx4mvTXPB— Jose Palazon (@PalazonOsma) September 6, 2021
Hay otra cuestión que preocupa a quienes han dado la pelea por la escolarización de menores, qué pasa con aquellos que por edad, quedan fuera de la etapa de educación obligatoria. “El ministerio los ha metido en cursos que dan las ONG. Cursos en su mayoría no reglados, que para los niños no van a valer para nada, pero que para las organizaciones amigas, de su entorno, van a suponer unas subvenciones suculentas”, denuncia Palazón.
Arquitectura de una victoria
Con el objetivo de traspasar por fin la puerta de colegios e institutos, 180 menores y sus familias se han concentrado semana tras semana durante tres años frente a la delegación del Ministerio de Educación en Melilla, frente a la fiscalía de menores y frente a la delegación de Gobierno de Melilla, recuerda Palazón. “Ha sido una lucha titánica de niños y niñas de todas las edades, algunos muy pequeñitos, y sus familias”. No han estado solos, el Defensor del Pueblo, el Comité de derechos del niño (CDN), numerosas ONG, la Plataforma de Infancia, la asociación de abogados extranjeristas, los miles de voluntarios, o las 100.000 firmas recogidas en change.org, han sido actores y herramientas que han hecho su parte, enumera el presidente de Prodein.
Así a la presión ejercida por iniciativas como la Plataforma de Infancia, que en el mes de junio se presentó ante el Ministerio de Educación con una pizarra gigante en la que se podían leer los nombres de los niños y niñas que se temía volviesen a quedar excluidos de las aulas, o a las miles de firmas entregadas, se ha sumado el trabajo jurídico de la asociación de abogados “presentando juicio por cada niño, ocupándose de todo el tema jurídico de cada una de las familias”, y el respaldo del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, “que ha dictaminado que entraran los niños en el colegio porque es donde tenían que estar, y es muy importante esa reclamación que ha hecho”.
Y es que el pasado junio, el CDN afirmaba, a través de uno de sus miembros, Luis Pedernera, que, “a pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa (…) la mayoría de los niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño”.
La impunidad de vulnerar derechos
En el enclave fronterizo de Melilla la cuestión migratoria es una constante en el panorama político. Una mirada restrictiva claramente encarnada por quien fuera presidente del Gobierno durante 19 años, el popular Jose José Imbroda, quien en 2018 pedía la repatriación de menores migrantes no acompañados, y un año después promovía una reforma del Código Civil para dificultar el acceso a la nacionalidad española. Para Palazón el gobierno sabe que el de la inmigración es un “fantasma que políticamente es rentable, pero contra eso estamos luchando siempre, esa utilización del inmigrante de una forma mercantil en el sentido de ganar votos”, en todo caso, recuerda, la cuestión de los niños y niñas no admite ambigüedades ni cálculos políticos: “A lo que hay que estar es que todo niño que esté en España, sea español, sea marroquí, o sea chino, tiene que estar en el colegio”.
“Lo más triste es que esta gente no ha rectificado sino que les han forzado desde Madrid”, lamenta el presidente de Prodein, quien recuerda que aquellos que se oponían de manera radical a la escolarización de los menores, con las consecuencias que esto ha tenido en la vida de tantos niños y niñas en su familia, van a seguir “conservando sus cargos y cobrando sus sueldos”. Unas autoridades que “siguen con el mismo nivel de racismo y pensando las mismas cosas, pensando que estos niños se le han colado”.
